Señala que firmó más contratos con entidades públicas y tiene los documentos que los respaldan.
El gerente de la empresa de servicios integrales y comunicación Bravo, Luis Alejandro B., confirmó que sí hizo negocios con el Ministerio de Comunicación y entregó poleras y dispositivos electrónicas con motivo de la reunión del G77+China que se desarrolló entre el 14 y el 15 de junio de 2014 en Santa Cruz.
Luis Alejandro B., quien asistió a una audiencia de cesación de detención preventiva, dijo que los responsables de la organización de aquel encuentro internacional lo buscaron para firmar un contrato por más de 800.000 bolivianos. "No recuerdo el monto exacto en este momento, pero tengo los fax de las solicitudes y las cartas de aprobación que llevan la firma de una de las viceministras" de Comunicación.
Proceso. Luis Alejandro B. es sindicado de formar parte de una supuesta red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Señaló que los contratos hechos con el Ministerio de Comunicación fueron lícitos y que le adeudan el pago del restante 50 por ciento del trabajo.
"Tengo los nombres de las personas con que tuve contactos y a quienes se entregó el material. En la audiencia o juicio voy a presentar estos documentos para hacer prevalecer mi inocencia".
El imputado, que se halla detenido preventivamente en el penal de San Pedro, añadió que las autoridades "quieren negar que me dieron trabajo. Pero yo les voy a demostrar que ellos me buscaron. Ellos me solicitaron los servicios de la empresa porque era la única en ese momento que podía cumplir ese trabajo".
Documentos. Se conoció que la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, firmó y selló la recepción de 252 memorias electrónicas y 555 poleras que entregó al Ministerio de Comunicación la empresa actualmente observada por su relación con YPFB.
Este hecho fue corroborado por el Ministerio Público. que investiga la presunta corrupción, entre cuyos antecedentes se halla un contrato para la provisión mencionada. Además, en su momento se informó que por la adquisición de 255 memorias electrónicas, el Ministerio de Comunicación pagó a la empresa Bravo la suma de 100.000 bolivianos.
Esta compañía, que ha sido involucrada en el caso YPFB, enfrenta la sindicación del departamento Jurídico de la estatal petrolera por beneficiarse, además, con otros contratos millonarios, cuando en realidad, su capital declarado no le permitía intervenir en licitaciones importantes.
POR SEGUNDA VEZ LOS VOCALES DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA (TDJ), SUSPENDIERON LA AUDIENCIA DE CESACIÓN DE DETENCIÓN SOLICITADA POR SELVA C., LUIS B. C. Y YALILE B., POR EL CASO YPFB.
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