Álvaro Melgarejo, abogado de Zvonko Matkovic, a tiempo de reiterar la inocencia de su cliente, afirmó que Eduardo Rózsa Flores y la gente que lo acompañaba fue traído por gente vinculada a la izquierda, descartando de esa manera las vinculaciones con corrientes de extrema derecha que se presume tenían la intención de desestabilizar al gobierno de Evo Morales.
Esta afirmación fue parte de la exposición que brindó la defensa del sindicado en una de las últimas audiencias antes de pasar a otra etapa del juicio oral que se ventila en la ciudad de Santa Cruz.
Melgarejo aseguró que Rózsa tenía formación comunista al igual que su padre y junto a su familia se exilia en Chile hasta que ese país sufre un golpe de estado y cae el gobierno de Salvador Allende y nuevamente tiene que salir del país trasandino y dirigirse hasta Croacia, país de origen de su familia.
Por estas ligazones ideológicas es que en su vida Eduardo Rózsa no deja de tener esa ideología es así que: “No ha sido traído por terroristas, fascistas, derechistas cruceños, sino la teoría es concreta ha sido por gente de izquierda, porque de la noche a la mañana no se puede volver una persona con formación comunista a ser un ciudadano derechista, fascista. La historia señala aquello”, dijo.
En cuanto a las pruebas presentadas en la audiencia donde expuso las evidencias que en su criterio prueban que su cliente es inocente de los cargos que se le imputan, que lo que se juzga son ideas, teorías “que no tienen ningún sustento real”.
Para Melgarejo, la acusación fundamenta la acusación en sentido de que su cliente se habría brindado a prestar la casa denominada Rancho “Z” que se encuentra en la Chiquitanía para que Eduardo Rózsa escape después del atentado a la casa del Cardenal (15 de abril de 2009), según la imputación del exfiscal Eduardo Soza.
“Eso no se pudo dar porque los mataron el 16 de abril por órdenes del presidente Evo Morales, quien dio una conferencia de prensa en Venezuela”, recordó Melgarejo.
Según la acusación, existiría otra prueba que involucraría a su cliente y se refiere a una dirección de email, la cual no tendría certificación alguna, y que demuestre que Zvonko Matkovic sea el origen de ese email y menos de las computadoras de su trabajo o personal y demuestren que de ese IP (Identificación Personal) hubiese salido alguna información a otro IP que reciba información que probablemente sea Eduardo Rózsa.
“Se han solicitado las certificaciones pero no lo hicieron”, sostuvo Melgarejo para luego mencionar que al final de la alocución hizo el pedido a los jueces que se despojen del traje partidista y se pongan la toga de la justicia. “Porque ellos al jurar jueces técnicos y ciudadanos, han jurado respetar la Constitución Política del Estado y aplicar las leyes vigentes. Y como sabemos que esta es una elucubración comunista hemos solicitado a todos los jueces se quiten su camiseta de partido y puedan dictar una resolución con el desfile de pruebas que vamos aa hacer”, dijo.
TIEMPO DEL JUICIO
En criterio del abogado de Matkovic que la presentación de pruebas dure unas dos semanas más, eso quiere decir que en marzo se estaría presentando la presentación de la defensa jurídica de todos los imputados presentes en el juicio y luego se ingresará a la presentación de pruebas que haga el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno (ambos sumarían unos 100 testigos). “En la parte de la defensa sería una cantidad similar por cada uno de los encausados, lo que significaría que este año no culminaría con sentencia este proceso”, adelantó el abogado.
Asimismo, hizo referencia que existe contaminación en la colección de pruebas porque se vulneraron procedimientos y no hubo cadena de custodia.
El caso terrorismo se inició tras la intervención del Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz el 16 de abril de 2009, oportunidad en que fueron abatidos el húngaro boliviano Eduardo Rózsa Flores, el húngaro Árpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Sobrevivieron en el ataque Elôd Tóasó y Mario Francisco Tadic Astorga.
El entonces fiscal Marcelo Soza que investigó el caso llegó a imputar a 29 personas entre ellas connotados empresarios y ciudadanos cruceños que fueron sindicados de terrorismo y separatismo.
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