Sin adelantar criterios, la fiscal de Distrito, Patricia Santos, afirmó que la investigación sobre la supuesta red de corrupción que operaba en YPFB, y la vinculación de contratos con el Ministerio de Comunicación, por la adquisición de souvenirs para la Cumbre del G77, debe continuar y no se descarta ampliar las indagaciones a los nuevos ministros.
Consultada sobre una comisión de alto nivel, conformada por el director de Contenidos de la red ATB, Jaime Iturri; el actual candidato a gobernador a Cochabamba por el MAS, Iván Canelas, y el actual ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, que estaban a cargo de aprobar los contratos referidos a la propaganda en la Cumbre del G77, que se realizó en 2014 en Santa Cruz, Santos dijo conocer que se está investigando todos los pormenores. “Y les reitero, si hay autoridades, que en este momento estén en el ejercicio de algunas funciones y deba ser investigada seguramente que se lo va hacer, acá no hay privilegio”, aseguró.
Inmediatamente después de que el propio presidente Evo Morales calificara de “políticas” las declaraciones del fiscal Leopoldo Ramos, que informó sobre los vínculos de esta supuesta red de corrupción con el Ministerio de Comunicación y el G77, dicho fiscal fue removido de la comisión, bajo el argumento de que esto se debía a una rotación “cotidiana” ordenada desde la Fiscalía General, para acabar con los privilegios que algunos funcionarios intocables.
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