Solo quedan tres acusados por la red de extorsión

Isabelino Gómez, exfiscal de distrito de Santa Cruz; Edward Mollinedo, exfiscal de La Paz, y Fernando Rivera, exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno, se declararon culpables de ser parte de una red de extorsión, por lo que solamente quedan tres detenidos en la cárcel de Palmasola.

Veintiséis meses después de haberse desarticulado la red de extorsión denunciada por el empresario estadounidense Jacob Ostreicher, la mayoría de los acusados reconoció haber formado parte de una organización criminal y se sometió a procesos abreviados con penas de no más de tres años, lo que les permitirá salir libres.

Sin embargo, Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior; la exfiscal antidroga Janeth Velarde, y José Manuel Antezana, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, permanecen recluidos en el centro penitenciario cruceño. El primero sostiene su inocencia y anuncia que irá a juicio oral. Los dos restantes analizan su situación legal. Los otros diez se acogieron a procesos abreviados para reducir sus penas.

El lunes, Fernando Rivera, exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno, fue el último en aceptar su culpa dentro del caso que investiga el Ministerio Público y se acogió al proceso abreviado. Recibió una sentencia de tres años de privación de libertad, la misma que le permitirá tramitar su libertad por haber cumplido los dos tercios en detención. El que fuera hombre fuerte del Ministerio de Gobierno presenta una salud deteriorada después de permanecer más de dos años en prisión.

El 5 de febrero, Edward Mollinedo, excoordinador de fiscales de la Unidad Anticorrupción y exfiscal de La Paz, recibió una sentencia de tres años de cárcel tras asumir su culpabilidad. Un día después, Isabelino Gómez, exfiscal de Distrito de Santa Cruz, también accedió a una pena de tres años tras declararse culpable de formar parte de una organización criminal.

El caso de la red de extorsión fue conocido el 26 de noviembre de 2012, cuando el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó sobre la desarticulación de una organización operada por funcionarios públicos que se había incrustado en dos ministerios del Órgano Ejecutivo.

Los exfiscales habían sido denunciados por Ostreicher, quien fue extorsionado para entregar importantes cantidades de dinero a cambio de su libertad. El estadounidense fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas y nexos con el narcotráfico, fue recluido un tiempo en la cárcel de Palmasola y tuvo que huir del país.

Del resto de los involucrados en el caso, Miguel Gutiérrez, exfuncionario de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) Montero, y Gustavo Céspedes, procurador jurídico, fueron los primeros en acogerse al juicio abreviado y el 10 de junio de 2013 alcanzaron su libertad. Un año después, Cory Balcázar, abogada y pareja del fiscal Roberto Achá, se benefició con una condena benévola.

En esa misma línea, Moisés Aguilera, exdirector de Dircabi Santa Cruz; Dennis Rodas, exasesor jurídico de Gobierno; los fiscales de Unidad Anticorrupción Roberto Achá y Ramiro Ordóñez aceptaron sus culpas y pronto recuperarán su libertad.

El representante legal de Ostreicher, Yimmi Montaño, señaló que la aceptación de culpa de los detenidos demuestra la existencia de dicha organización criminal, que buscaba apoderarse de los bienes del empresario, y que utilizó sus altos cargos en el Ministerio Público y en al menos dos ministerios. “Iban a presionar a los jueces, modificaban fallos y la Fiscalía tuvo una participación nada objetiva en todo proceso”.

Rodas es hasta ahora el único que irá a juicio

Iván Condori

Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior, se declaró preso político del gobierno del presidente Evo Morales y a través de su defensa técnica dio a conocer que se mantendrá firme en su posición hasta llegar a juicio oral.

Es el único detenido de los tres abogados del Ministerio de Gobierno sindicados de formar parte de la red que extorsionaba a Jacob Ostreicher. Hasta hace un mes atrás señalaba que no se acogería a ningún proceso abreviado.

La Razón trató de comunicarse con su abogada Neyda Ledezma para conocer si mantiene su posición de llegar al juicio oral, pero tenía el celular apagado.

Villegas también fue señalado por ser parte importante del operativo del Ministerio de Gobierno en Chaparina, en el que se reprimió a los miembros del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en 2011.