Sin dar explicación alguna y dejando muchas dudas, la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, posesionó ayer a la interventora del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, Larisa Fuentes. No obstante, la autoridad ministerial es cuestionada por organizaciones indígenas y tiene una demanda en la Fiscalía por el manejo de los recursos del Fondo.
La posesión, a la que asistió la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, se sustenta en el decreto 2274 aprobado por el gabinete, que dispone la intervención administrativa-financiera, técnica operativa. La autoridad va a estar bajo el mando de Achacollo, según el artículo 4 de la nueva normativa.
El decreto justifica el cambio porque los directores y personal asignado a la administración, seguimiento, evaluación, monitoreo de los proyectos que ejercieron funciones desde la gestión 2010 hasta la fecha, no habrían realizado el seguimiento de las obras.
“Todo mi apoyo como ministra y le ofrezco el equipo del ministerio que va a acompañarla y hacerle el seguimiento a todo el tema”, dijo Achacollo, instándole a que transparente el Fondo. Recordó que eran ocho organizaciones indígenas campesinas “las que tienen que fiscalizar y las que tienen que cerrar (los proyectos), porque están a su nombre, con autonomía de gestión”.
Valdivia expresó que Fuentes tiene la tarea de “dar continuidad a la gestión en el Fondo Indígena”, efectuando “ajustes para posibilitar que se haga una adecuada fiscalización”.
Denuncias
El diputado de Unidad Demócrata (UD) y ex líder indígena de tierras altas, Rafael Quispe, lamentó esta posesión, que es una “forma de proteger a la ministra Achacollo y a seguidores del Gobierno, como los candidatos Felipa Huanca y Ever Choquehuanca”.
El presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob-orgánico), Adolfo Chávez, presentó ante el Ministerio de Transparencia en La Paz pedidos del pueblo tacana, que exige que se investigue a Nemesia Achacollo por Bs 10 millones que habrían desembolsado del Estado para saneamiento de tierras y de Bs 4 millones que se habría manejado a nombre del pueblo guaraní, además de las cuentas individuales y compartidas de todos los beneficiarios del Fondo
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