A seis años de la muerte de Eduardo Rozsa Flores y dos y medio de haberse iniciado el juicio oral del “caso terrorismo”, aún queda un largo camino por recorrer. En los últimos 12 meses, cinco acusados se acogieron a juicios abreviados y tras ser sentenciados, tres recuperaron su libertad y dos hacen el trámite para salir libres, además se develaron detalles importantes pero aún hay mucho por ajustar y probar.
El 14 de abril de 2009 ocurrió el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas. Un día después, la Policía sorprendió en el hotel Las Américas al grupo irregular liderado por boliviano-húngaro Eduardo Rozsa Flores. En el operativo, además de Rozsa murieron el rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Salvaron sus vidas el húngaro Elod Toaso y el boliviano Mario Tadic.
En octubre de 2012, empezó el juicio oral con una lista de 39 implicados. Sólo 22 iniciaron el proceso. Los otros 17 fueron declarados en rebeldía al huir del país. El juicio comenzó en Tarija, pero se trasladó a Santa Cruz.
Las pesquisas previas al juicio fueron realizadas por el exfiscal Marcelo Soza, quien terminó huyendo a Brasil. Desde su refugio, hace un año destapó la “Carta a Bolivia” y originó que los acusados presentaran un recurso de incidente de actividad procesal defectuosa para tratar de tumbar la acusación.
El Tribunal Primero de Sentencia declaró improcedente el recurso, pero en los nueve meses que tardó en resolverlo se ventilaron detalles del accionar de Soza y la participación real del grupo del Ministerio de Gobierno que lo secundó para armar la imputación; en varios casos, a través de redes tendidas, habría imperado la extorsión, sobornos, compra de testigos y presiones para incluir en el proceso, sin pruebas, a líderes cruceños.
Testimonios de los exasesores y operadores a la vez del Ministerio de Gobierno que “cayeron en desgracia” fueron contundentes. Entre Fernando Ribera y Denis Rodas se turnaron para precisar el modus operandi orquestado desde altas esferas del Gobierno, pero nadie con la contundencia y frontalidad de Boris Villegas.
A la fecha, de más de una decena de exjueces, exfiscales, abogados y funcionarios de Gobierno que cayeron presos por varios delitos, pero principalmente por extorsión, Villegas es el único que sigue en la cárcel de Palmasola con detención preventiva.
Los abogados defensores O- tto Ritter y Gary Prado Arauz coinciden en que pese a haberse resignado el incidente de actividad procesal defectuosa sobre la carta de Soza, el cierre de 2014 fue con más luces que sombras porque quedó en evidencia el montaje.
Culpables y condenados
El juicio oral comenzó en 2012 con nueve detenidos y 12 con detención domiciliaria. El general retirado Lucio Añez, fue apartado del proceso.
El primer trimestre de 2015 comenzó con todo. Ignacio Villa Vargas “El viejo” negoció acogerse a procedimiento abreviado cambiando su declaración para dejar fuera del proceso a varios exfuncionarios del Gobierno. Mario Tadic y Elod Toaso hicieron lo mismo implicando al gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas. Juan Kudelka y Zoilo Salces también se declararon culpables y fueron condenados a cinco años. Los tres primeros ya dejaron los penales y los dos últimos lo tramitan.
Zvonko Matkovic Ribera, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza y Gelafio Santistevan siguen presos y juran inocencia. Sólo Santistevan considera la posibilidad del abreviado; los demás, nunca. Para el vocero del grupo de fiscales que sostiene la acusación, Marco Antonio Rodríguez, el reconocimiento tácito de culpa es la prueba más clara de que en Santa Cruz se estableció el grupo armado liderado por Rozsa para dividir al país.
LO QUE FALTA
INICIO El atentado a la casa del Cardenal Julio Terrazas, perpetrado por el grupo Rozsa es el sustento jurídico legal del juicio que se ventila en Santa Cruz y que es conocido como “caso terrorismo”.
TESTIFICACIÓN Actualmente, se desarrolla la etapa de presentación de más de 100 testigos. Sólo los de la Fiscalía son 42.
RUTA A la fecha, sólo un testigo termina de declarar y, según fiscales y abogados defensores, esta etapa se prolongará al menos otro año más. Estimar un porcentaje del avance es subjetivo.
ESPERA Después, tocará la etapa de la reconstrucción de los hechos y visitas a los lugares donde supuestamente estuvo Rozsa y sus amigos.
UN TESTIGO, MUCHOS DATOS
Con el impacto de los condenados el juicio oral del “caso terrorismo” entró en la fase de presentación de las pruebas testificales y ahí la Fiscalía arrancó con una lista de 42, entre policías, investigadores y otros, entre los que se encuentran los exmiembros de la Utarc, Walter Andrade y Marilyn Vargas.
Un mes de interrogatorio al primer testigo de la lista, el mayor de policía Miguel Ocampo, dio nuevas luces sobre las pericias realizadas desde que se sumó a las investigaciones en marzo de 2010.
El relato de Ocampo afirma que se evidenció la creación de la Unidad 10 como brazo operativo de la defensa de Santa Cruz y dar apoyo logístico, militar y financiero al grupo de Eduardo Rozsa Flores; que los ideólogos de traer a extranjeros y financiarlos fueron reconocidos personajes cruceños agrupados en la logia Caballeros del Oriente con base en el Círculo de Amigos; que el estand de Cotas en Fexpocruz fue la base de operaciones del grupo irregular porque ahí se concentraron armas, explosivos, mapas, manuales de guerra y todo tipo de material de apoyo logístico.
El testigo investigador también declaró que los recursos económicos eran canalizados a Rozsa a través de La Torre; que el entrenamiento militar de las mil personas que en principio integrarían la fuerza regional contaría con el asesoramiento del grupo llamado “Los Tíos”, integrado por los generales Gary Prado Salmón, Lucio Añez y Herland Camacho, además de las evidencias de la presunta participación del gobernador cruceño Rubén Costas.
Por las acusaciones a Costas y a una lista de 13 personas más entre políticos y empresarios, supuestos financiadores de Rozsa, hay en ciernes la posibilidad de abrir otro juicio más temprano que tarde; según el fiscal Rodríguez, proceso al que ya se comienza a llamarlo “caso terrorismo 2”.
EL PROCESO POR DENTRO
Lo del “juicio del siglo” visto desde fuera es un buen bautizo a un proceso oral que lleva más de dos años y medio, sobre todo por las connotaciones e intereses de por medio, pero lo que se vive por dentro es “sui géneris” por lo que provoca y hasta contagia afectando los sentimientos encontrados de quienes tienen claro los derechos fundamentales y las acciones humanitarias.
El estado de salud de los imputados el último año fue el punto débil para la celeridad del juicio. Las enfermedades, los desmayos y hasta la necesidad de ir al baño muchas veces han hecho que muchas veces el presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández, tenga que suspender las audiencias.
Las afecciones cardíacas de Toaso y Tadic, las descompensaciones de Villa Vargas, la soriasis de Kudelka y las hemorroides de Salces quedaron atrás. Ahora, los que más sufren con hipertensión son Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, pero la incontinencia urinaria afecta a por lo menos media docena de acusados.
Hasta la jueza ciudadana Sonia Mamani tiene problemas de salud. Los cambios de clima la afectan y varias veces se desmayó en el estrado; su gastritis aguda es otra preocupación de la mujer.
El estado de ánimo de acusados, jueces, fiscales, abogados y policías que custodian las audiencias no siempre es alentador y los cruces verbales están a la orden del día. En una oportunidad el fiscal Sergio Céspedes y el abogado Otto Ritter estuvieron a punto de irse a las manos con insultos de grueso calibre de por medio.
Los viernes, el último día hábil de la semana, es el de mayor alegría para muchos acusados, abogados, fiscales y jueces. La premura por retornar a sus distritos los delata y eso hace más llevadera la convivencia; nunca faltan las bolsas con masitas cruceñas, botellas de agua y energizantes, pastillas y galletas.
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