A más de dos meses de las denuncias de irregularidades en el manejo de recursos en el Fondo Indígena y a un mes de su intervención, el diputado opositor Rafael Quispe denunció ayer que no hay avances significativos en el proceso investigativo del Ministerio Público, pese a que existen tres personas detenidas.
“La Fiscalía trabaja de manera cerrada. Si bien los ministerios de Desarrollo Rural y Transparencia han denunciado formalmente ante la Fiscalía, vemos que no hay el interés deseado para llegar hasta lo último. Nosotros estamos investigando y tenemos unas 400 personas más en la lista de malos manejos en el fondo”, dijo el parlamentario.
Eduardo León, representante legal del diputado Quispe, denunció que legisladores del oficialismo pretenden alejar a su cliente del caso, siendo que es uno de los impulsores para que se esclarezca.
Denuncia en Beni
La TCO Sirionó denunció ayer ante la Fiscalía de Trinidad más irregularidades en el manejo de recursos económicos por parte del directorio del fondo.
La denuncia es porque la representante legal del proyecto del módulo ganadero lechero en esa localidad no recibió ningún desembolso hasta la fecha; sin embargo, terceras personas recibieron más de Bs 200.000 de una entidad bancaria hace dos años.
Amenazas de muerte
Ayer la interventora de la entidad, Lariza Fuentes Justiniano, denunció haber sido amenazada de muerte por el exdirector Marco Antonio Aramayo, detenido en La Paz.
Según un comunicado del fondo, el hecho se dio cuando se intentaba notificar por un proceso administrativo de devolución de activos al exdirectivo, por lo que este la amenazó de muerte, manifestando que no tendría ningún problema en asumir un nuevo proceso por asesinato.
Durante este proceso de intervención, que tendrá una duración de seis meses, el equipo interventor asume una serie de acciones, penales, civiles y administrativas. Fuentes anunció que realizará las acciones legales sobre la amenaza
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