La Contraloría General del Estado (CGE) reveló que el Fondo Indígena no tiene documentación de descargo de un supuesto daño económico de 71 millones de bolivianos. El análisis lo hizo basado en una tarea de supervisión.
"La falta de documentación del Fondo Indígena no ha permitido hacer el control externo posterior como debería realizarse. Lo que se ha hecho es un trabajo de supervisión, que ha permitido precisamente dar este informe, que va a pasar al Ministerio Público para ampliar la investigación”, declaró el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, al salir de la presentación de su informe ante el Senado.
En febrero, tras una primera fase de la auditoría al Fondo Indígena, se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados.
Al respecto, Herbas declaró ayer que "son muy escasos los documentos del Fondo Indígena, especialmente aquellos referidos a los 154 proyectos que señalan el monto de 71 millones de bolivianos” y presume que "por problemas administrativos” no hay rendiciones de cuentas y documentos que respalden el uso del mencionado monto.
Una de las beneficiarias fue la excandidata a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Felipa Huanca. Ella dijo que presentó todos los "descargos”.
Al respecto, Herbas aclaró que las tres directivos del Fondo debían llevar adelante los procesos de control. "Deberían llevar adelante este proceso de fiscalización interna”, afirmó.
Actualmente, la exdirectora del Fondo Elvira Parra está detenida en el penal femenino de Obrajes acusada de tres presuntos delitos: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos contra el Estado. Otro exejecutivo, Marco Antonio Aramayo, tiene detención domiciliaria. El tercer directivo, Daniel Zapata, es un prófugo de la justicia.
El senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz dijo que el informe circunstancial de la Contraloria fue resultado de la inexistencia de documentación para una auditoría.
"Lo más revelador es que el Fondo Indígena no tiene ni siquiera los papeles necesarios para practicar una auditoría y por eso presentó un informe circunstancial que comprende más de 71 millones de bolivianos de los 3.400 (millones) que ha transferido el Ministerio de Economía”, afirmó el legislador opositor.
La senadora de UD Carmen Gonzales afirmó que el informe del contralor tuvo "sabor a poco” y fue "encubridor de hechos grandes de corrupción en los cuales se ha manejado fondos de los pueblos indígenas”.
Las discusiones
Cruce Luego del informe del contralor en la Cámara de Senadores, hubo diferencias entre el presidente de la entidad, José Alberto Gonzales, y el senador Óscar Ortiz, de UD. Ambos debatieron por el reglamento interno que establece que se debe dar 20 minutos de duplica y 20 minutos de réplica.
Pelea La molestia surgió cuando el presidente del Senado dijo que sólo quedaban ocho minutos restantes para la dúplica (preguntas aclaratorias) y el senador Ortiz respondió que cada uno de los senadores de la comisión tenía 10 minutos de intervención. La molestia fue de ambos, además de la intervención de otros senadores que querían tomar la palabra para hacer más preguntas al contralor general, Gabriel Herbas.
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