Dos de los implicados en el caso terrorismo y presos desde 2009, el húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic, salieron de Bolivia por la frontera con Chile rumbo a Hungría, informaron ayer medios de ese país. La operación secreta contó con la ayuda del Ministerio de Exteriores húngaro y de la organización caritativa baptista La Caridad.
En tanto, la Fiscalía informó ayer que Tóásó y Tadic ya cumplieron su sentencia y fueron puestos en libertad para quedarse en Bolivia o retornar a su país. Ambos se declararon culpables y se sometieron a un proceso abreviado, tras un acuerdo con la comisión de fiscales que investigó el caso. En febrero fueron condenados a cinco años y 10 meses de prisión.
El sitio digital húngaro index.hu. acompaña la nota sobre Tóásó y Tadic con una fotografía donde se ve a los dos únicos sobrevivientes de la intervención al Hotel Las Américas (2009) posando en la frontera con Chile.
La operación se realizó el viernes por la tarde en la localidad chilena de Chungará, cercana a la frontera con Bolivia y según EFE a ninguno de los dos se le devolvió su pasaporte, pese a que estaban libres hace más de un mes. Su condena coincidía con el tiempo que permanecieron en prisión.
La Caridad señaló que Tóásó y Tadic “no sentían su propia vida segura en Bolivia, por lo que pidieron ayuda de Hungría”.
La operación se realizó “evitando la atención de los servicios de seguridad bolivianos” y los dos llegarán a Hungría en los próximos días, desde Chile, donde se encuentran actualmente, señala la agencia húngara MTI.
El abogado de los europeos, Gerardo Prado, en declaraciones a Erbol, dijo que es cauto y no le gusta meterse en la vida de las personas; sin embargo, recordó que sus clientes ya eran libres, por tanto estaban en su derecho de tomar la decisión de irse o quedarse.
“Era lógico que se iban a ir, ellos eran hombres libres y podían transitar”, sostuvo Prado. “Yo, la verdad, lo que les he manifestado desde que salieron (de la cárcel) es que tenían que volver donde sus familias, (después) del ingrato momento que vivieron (en Bolivia). Ahora será la decisión de ellos si hablan o no hablan (desde su país la verdad sobre el caso Rózsa)”, agregó.
Según expresa el comunicado de la Fiscalía, citado por ANF, tanto Tadic como Tóásó se sometieron al procedimiento sin ninguna presión, pero comenzaron a recibir amenazas de muerte tras conocerse la sentencia.
El pasado 20 de febrero de 2015, los detenidos se sometieron a un procedimiento abreviado dentro del caso Terrorismo declarándose culpables, por lo que fueron condenados por el delito de Terrorismo y Alzamiento Armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
La sentencia fue ejecutoria el mismo día de la audiencia. El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, confirmó que ambos fueron puestos en libertad tras haber permanecido cinco años y 10 meses en calidad de presos preventivos en el penal de San Pedro de La Paz.
Para el Ministerio Público “está claro que las sentencias confirman que hubo afanes separatistas en el país. La célula de Rózsa tenía planeado armar una guerra civil para independizar la región de Santa Cruz de la Sierra”.
La acusación y el Gobierno sostienen que ese grupo armado preparaba un plan secesionista financiado por líderes opositores de Santa Cruz.
Tóásó, de 35 años, y Tadic, de 61, fueron capturados el 16 de abril de 2009 durante un operativo policial contra un grupo armado en el que murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Michael Dwyer.
Mientras, otro de los involucrados, Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, fue hallado culpable de complicidad en terrorismo y fue sentenciado a ocho años de privación de libertad.
Debido a su estado de salud, cumple detención domiciliaria.
Temor de Tóásó
El sitio húngaro index.hu señalaba en una difundida ayer que “(Elöd)Tóásó no se sentía seguro de su vida en Bolivia y pidió ayuda a Hungría”.
También los medios Mno y Blikk señalaban en sus reportes que Tóásó sentía que su vida peligraba en Bolivia.
La evacuación de Tóásó y Tadic se conoce una semana después de que el coronel de las Fuerzas Armadas, Germán Cardona, se marchara a España solicitando asilo por considerarse un perseguido político del Gobierno y después de revelar que las armas del caso terrorismo pertenecían al Ejército y no a los acusados.
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