miércoles, 17 de julio de 2013

Convocan a supuestos extorsionados por Soza

El Ministerio Público abrió las investigaciones sobre el presunto delito de soborno del que es acusado el exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza. Para ello ha citado a declarar a tres supuestos extorsionados que presuntamente dieron dinero para no ser incluidos en el proceso por supuesto terrorismo, según la senadora opositora Carmen Eva Gonzales quien promueve la acción judicial.

El caso es llevado por el fiscal Gómer Padilla, quien ayer se abstuvo de hacer declaraciones ante los periodistas.

Sin embargo, la senadora Gonzales informó que éste le había confirmado la apertura de las investigaciones con las declaraciones de los tres testigos a partir de las 15 horas de hoy, aunque el abogado Álvaro Melgarejo, defensor de la familia, dijo que Matkovic Ribera fue notificado y asistirá, pero duda que su hijo, Zvonko, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro, se traslade a Santa Cruz porque no ha sido notificado oficialmente. Él es uno de los 38 imputados por el caso terrorismo.

Contribución. Según la legisladora, que presentó una grabación de Ana Claudia Arruda, ésta sostiene que alojó en su domicilio de Santa Cruz al exfiscal Soza, quien mantuvo reuniones en el lugar con los empresarios Zvonko Matkovic y Cristóbal Roda, agregando que este "ha utilizado el caso terrorismo para beneficio propio".

Arruda es la tía de la ex Miss Bolivia y candidata a la gobernación del Beni, Jessica Jordan.

En este caso se ha previsto la declaración de por lo menos 25 testigos, entre ellos el gobernador cruceño Rubén Costas, la próxima semana.

Delito
Hay penas de 2 a 6 años para los autores

Penas. "El que mediante intimidación o amenaza grave, constriñere a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio económico, incurrirá en reclusión de dos a seis años, según el artículo 332 del Código Penal.

Pluriofensivo. El diccionario jurídico de Osorio señala como doctrina que en este tipo de delito no solo se ataca a un bien jurídico, sino a más de uno: propiedad, integridad física y libertad.

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