El abogado de Denis Rodas, implicado en el caso de la red de extorsión, Freddy Fernández, renunció como patrocinante argumentando que no se puede hacer nada contra los designios del “poder absoluto” que maneja la justicia y hace ineficiente su trabajo. En tanto, se anunció que Boris Villegas, otro de los implicados, ampliará su declaración informativa por el caso Chaparina.
Ayer se debió realizar la apelación de audiencia cautelar para los procesados en la Fiscalía de Distrito de la capital oriental a las 9 de la mañana, sin embargo, una orden habría determinado suspender por tercera vez el acto y luego la Sala Penal Segunda ratificó la detención de Rodas además de Fernando Rivera y Boris Villegas. En tanto, Isabelino Gómez fue trasladado a una clínica por su estado de salud, pues padece de diabetes y una posible trombosis.
Ante estos acontecimientos, el abogado Fernández decidió dar un paso al costado y dejar a su cliente pues mencionó a una estructura de poder que intenta afectar, desprestigiar y condenar no sólo a Rodas sino a su familia, aunque no identificó nombres.
“Mi trabajo se hace ineficiente cuando el poder absoluto se manifiesta no solamente a través de los policías, fiscales sino también a través de los tribunales cuyas decisiones no respeta nadie, como el caso de ahora cuando el Gobernador no remitió a los detenidos simplemente porque no le da la gana. En ese sentido mi conducta ética, deontológica debe ser apartarme de seguirle cobrando a mi cliente, porque mi cliente prácticamente no necesita abogado, el poder absolutista lo va aplastar así tenga 100 abogados”, expuso.
Por su lado, Villegas declaró dentro del panal de Palmasola ante la fiscal Patricia Santos sobre el caso Chaparina y se anticipa que amplíe su ponencia en una nueva audiencia con la fiscal paceña que investiga la represión a la octava marcha de tierras bajas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, desde su vigilia en Trinidad declaró que la comparecencia de Villegas confirma la vinculación directa del Ejecutivo en la represión policial del 25 de septiembre de 2011, aunque se habla que la presencia de Santos se debió a otro caso.
“La propia fiscal está diciendo que si esto no es sobre Chaparina, como diciendo que no hay persecución, da a entender claramente que la octava marcha estaba perseguida por el Gobierno”, declaró.
La oposición estuvo presente en los alrededores del penal de máxima seguridad del departamento de Santa Cruz, para hacer seguimiento sobre estos casos.
La senadora de Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzales, dijo que se continuará solicitando la convocatoria a otros supuestos implicados en los casos red de extorsión, represión de Chaparina y caso Rosza o terrorismo I y II, pues los exasesores de los ministerios de Gobierno y Ministerio de la Presidencia tendrían información clave sobre los estrategas y responsables de cada hecho y acción ejercido desde el régimen.
Gonzales también pidió que se llame al ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, a la excandidata a la Gobernación de Beni, Jessica Jordan y al exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, pues cada caso no estaría desvinculado de otro.
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