Piden detener a exfiscal Soza tras nuevas revelaciones de extorsión

Las senadoras Carmen Eva Gonzales y María Elba Pinkert exigieron ayer la detención inmediata del exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, luego de las revelaciones de Zvonko Matkovic y la aparición de nuevos denunciantes por supuestas acciones de extorsión. La oposición dice que hay todo un aparato de encubrimiento al Fiscal porque sabe que el caso terrorismo fue montado y no hay pruebas.

Gonzales manifestó que es lamentable que el Ministerio Público, teniendo una demanda concretada y testimonios fehacientes, no disponga la orden de detención del fiscal Soza que habría operado a través de terceras personas. La senadora sentó demanda ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz y presentó como testigo de cargo a Zvonko, quien confirmó haber pagado para que Soza libere a su hijo Zvonko Matkovic Rivera del caso terrorismo.

Matkovic padre relató la semana pasada ante el fiscal Gomer Padilla, que el primer encuentro con Soza se produjo a las 07:00 del 21 de mayo de 2010 en la casa de Claudia Arrudas, mencionada por el mismo Soza en una grabación que sustenta la demanda de la senadora Gonzales. Arrudas es referida como la supuesta tía de Jessica Jordan y la reunión se habría producido en el inmueble ubicado en la calle Luis Wichtendal No. 4470, del barrio San Francisco, de la zona norte.

En una publicación del matutino El Deber, explicó que dio un primer pago de 50 mil dólares y luego 40.000 para que se libere al hijo en 30 días. Sin embargo esa promesa fue incumplida y otros enviados, abogados de apellido La Fuente y G. Gutiérrez se contactaron por separado para solicitarle 200 mil dólares adicionales y cuando dijo no tener esa cantidad de dinero ofreció su casa, algo que fue rechazado por los emisarios que exigían dinero en efectivo.

El exfiscal aludido negó haber extorsionado a la familia Matkovic porque él no decidía la libertad sino el juez y advirtió que las supuestas nuevas revelaciones intentan destruir el caso terrorismo que lo investigó durante casi tres años y hasta ahora ningún tribunal dictó sentencia contra los acusados.