Red de extorsión: Audios de exasesores son indicios de prueba

La oposición política aseguró ayer que los audios referidos por los exabogados del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Boris Villegas, son indicios de pruebas que deben ser investigados por la Fiscalía y el MAS no debe oponerse si no tiene nada que temer, según Norma Piérola. Entre tanto, el MAS advirtió que los acusados de extorsión sólo quieren chantajear al Gobierno a cambio de una libertad.

“Es sumamente importante, si bien los audios, los videos son principios de prueba, pero llegado el momento son concomitantes con otras pruebas que ya se tiene, de acuerdo a la Constitución que ordena que la Policía y FFAA dependen directamente del Presidente”, declaró a los medios de prensa al pedir garantías para los exasesores.

La asambleísta considera en ese sentido que es difícil sostener la teoría que se haya roto la cadena de mando y en consecuencia el directo responsable es el exministro de Gobierno, por entonces Sacha Llorenti, con la agravante que un viceministro de Gobierno y los ex abogados del Ministerio dijeron haber actuado con el mandato de poderes expresos y órdenes superiores.

La asambleísta dijo que son urgentes las declaratorias ampliatorias para aclarar el caso de la represión a indígenas en Chaparina en octubre de 2011, hasta ahora inconclusa y paralizada por la Fiscalía del Distrito de La Paz, mientras “Llorenti disfruta del premio de ser embajador ante la ONU”.

Su colega oficialista, Roberto Rojas sostuvo que la oposición quiere politizar el caso de la red de extorsión porque desde el punto de vista jurídico, los audios grabados no son pruebas, son indicios, pero que deben ser presentados no a los medios sino al Ministerio Público para que se los investigue y se prueben las denuncias.

Rojas se pregunta por qué recién los exasesores denuncias el caso y entiende que los implicados buscan chantajear y sacar provecho de la situación, sabiendo que la política del Gobierno es sancionar toda forma de chantajear “caiga quien caiga”, y puso de ejemplo el caso de Santos Ramírez, expresidente de YPFB, sentenciado a 12 años por corrupción.