Boris Villegas, exfuncionario del Ministerio de Gobierno involucrado con la red de extorsión, acusó a ministros y autoridades de conformar, desde 2007, un “gabinete jurídico” para controlar y manipular el Poder Judicial y el Ministerio Público para sostener políticamente al Ejecutivo.
Dicha instancia estaba conformada por los ministros Nardi Suxo (Transparencia), Rubén Saavedra (Defensa), Sacha Llorenti y Wilfredo Chávez (quienes se desempeñaron en anteriores oportunidades como titulares de Gobierno), y el diputado Héctor Arce (quien se desempeñó como presidente de Diputados hasta 2011).
Así lo revela Villegas en una carta dirigida a la opinión pública y que fue difundida por diversos medios. Los aludidos no se pronunciaron públicamente.
Este “‘gabinete’ controlaba y manipulaba el Poder Judicial y el Ministerio Público para lograr los objetivos de sostenibilidad del Gobierno”, según la misiva.
Villegas es uno de los involucrados con la red formada por funcionarios de los ministerios de Gobierno y Presidencia y que habría cometido diversos delitos de extorsión. Los involucrados estuvieron a cargo de casos importantes para la seguridad nacional.
El involucrado junto a Denis Rodas (quien está en la carceleta de Warnes) y Fernando Rivera (Montero) supuestamente presionaban a jueces y fiscales.
El caso estalló en 2012 debido a la situación del estadounidense Jacob Ostreicher, quien estuvo detenido sin sentencia por 18 meses en el penal de Palmasola.
El sindicado, detenido en la cárcel de Palmasola, deslindó responsabilidad directa sobre las decisiones que se asumieron en el tratamiento de los diferentes temas políticos calificados como seguridad del Estado, ya que él, aseguró, habría actuado acatando las órdenes de todos los ministros de Gobierno de turno desde 2007 y del “gabinete jurídico”.
El 29 de junio, Villegas declaró al fiscal que Sacha Llorenti, actual embajador de Bolivia ante la ONU, había orquestado la salida de Ernesto Suárez de la Gobernación de Beni. Además, Juan Ramón Quintana, titular de Ademaf en ese entonces y actual ministro de la Presidencia, y otras personas habrían participado en estas acciones.
Además se orquestó el traslado del dirigente cívico beniano Alberto Melgar desde el penal de Trinidad a Santa Cruz.
La oposición cree que estas revelaciones pueden poner en riesgo la vida de los tres testigos de todos los casos, por lo que la senadora de Convergencia Nacional Carmen Eva Gonzales planteó al Senado conformar una comisión especial para investigar las denuncias de Villegas en particular.
La senadora Sandra Soriano desestimó esta posibilidad y descalificó las denuncias del acusado por considerar que sólo lo hace para deslindar sus responsabilidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario