El caso terrorismo está plagado de irregularidades porque muchos de los indicios fueron sembrados en contra de personas “cívicas” que no comulgaron contra el actual gobierno y, por todo ello, este proceso debería prescribir, fueron las expresiones que dio a conocer la diputada por Unidad Demócrata, Norma Piérola, en una entrevista que concedió a EL DIARIO.
Fue clara y tajante al mencionar que los únicos responsables de este caso de terrorismo son el actual vicepresidente Álvaro García Linera y su hermano Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Alfredo Rada y todos los que transitaron por el Ministerio de Gobierno y la conformación del Gabinete Jurídico. “Si hubo terrorismo, pero terrorismo de Estado sembrado por la gente del MAS”, dijo.
Piérola afirmó que las personas que perdieron la vida el 16 de abril de 2009, en el hotel Las Américas, el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, fue por “orden del presidente Evo Morales” y confirmada la tarde de ese mismo día cuando arribó a Venezuela.
En dicho operativo fueron arrestados el húngaro Elód Tóásó y el boliviano Mario Tadic.
Piérola coincidió con las declaraciones que brindó el exfiscal del caso Terrorismo I, Marcelo Sosa, cuando desde Brasil afirmó que el caso fue “sembrado” y que como representante del Ministerio Público fue presionado para realizar la investigación y le ordenaron iniciar juicios a las personas que le indicaban.
Por todos estos y otros antecedentes, y el hecho de que cuando ocurrió el hecho no estaba contemplado como delito “el separatismo”, que recién se legisla el año 2010, entonces no había delito que pudieron haber cometido, las personas a quienes se los acusó.
Asimismo, calificó de doloso el procedimiento abreviado al que se sometieron cinco acusados en este caso, porque en su criterio este procedimiento legal está destinado a delitos de bagatela y no a procesos que tiene hasta 25 años de condena.
En su criterio, por todos los antecedentes y lo ocurrido con Alejandro Melgar, a quien la justicia uruguaya dejó en libertad, el proceso que se ventila en la ciudad de Santa Cruz debiera prescribir.
“Considero que todas las personas que siguen siendo perseguidas con este proceso debiera haber acabado. Si hubiera administradores de justicia idóneos que respondan a las leyes y no al patrón que los ha designado, debiera ser declarado extinguido y pedir el retorno de todas las personas perseguidas”, afirmó.
En octubre de 2012, empezó el juicio oral con una lista de 39 implicados. Solo 22 iniciaron el proceso. Los otros 17 fueron declarados en rebeldía al huir del país. El juicio comenzó en Tarija, pero se trasladó a Santa Cruz.
JUICIO DEBE SEGUIR
Al respecto, el fiscal de Distrito de La Paz, Marelo Rollano, dijo que bajo ningún fundamento “pensar siquiera que este caso debiera cerrarse, de ninguna manera”, afirmó.
En su criterio, el proceso “está vigente” porque está en una etapa procesal a cargo de un Tribunal de Sentencia que está llevando a cabo el desarrollo del juicio oral, en mérito a la acusación formulada por el Ministerio Público, por la existencia de delitos de orden público y la identificación de los responsables o “probablemente son autores de ese hecho”.
En ese contexto, afirmó que muchos de los acusados tienen sentencia condenatoria, producto de la realización de peticiones y salidas alternativas como son los procedimientos abreviados.
“Entonces lo que resta es concluir esa etapa procesal en relación a quienes, actualmente, siguen en la condición de acusado”, manifestó.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, pidió que se avance más acelerado en el caso de supuesto terrorismo que investiga una comisión de fiscales y restó importancia a la liberación en Uruguay de uno de los implicados en el caso, Alejandro Melgar, después de haber permanecido detenido durante casi cuatro años a pedido del Gobierno boliviano.
El tribunal uruguayo ordenó la liberación del acusado bajo fianza con libertad irrestricta al fundamentar que se violaron sus derechos. A mediados de diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelaciones de Uruguay rechazó el pedido para extraditar a Melgar a Bolivia, por considerar que no existen garantías de un debido proceso en el sistema judicial boliviano.
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