Las carpetas, unas sobre otras, se acumulan sobre los estantes y mesas de las oficinas de Asesoría Legal de la Gobernación de Cochabamba y de la Alcaldía Municipal, desde donde se inician y se sostienen los procesos penales en contra de exautoridades.
Sin embargo, muchos de los juicios se alargan más allá de los tiempos establecidos por la presentación de incidentes, por parte de los abogados de los acusados y la falta de seguimiento de las mismas reparticiones públicas.
Las denominadas chicanas en la justicia son las que obstaculizan el desarrollo normal de los procesos, que en muy pocos casos han llegado a tener sentencias.
La mayoría de las querellas se estancan por más de siete años y pasan de gestión en gestión, sin lograr mayores avances.
SIN SENTENCIA
En el caso de la Gobernación de Cochabamba existen 18 procesos en contra de Manfred Reyes Villa, muchos de los cuales no tienen sentencia, se paralizaron y están a la espera de fechas para audiencias, desde hace más de dos años.
En la Alcaldía de Cochabamba, la situación es similar. Existe, por ejemplo, un proceso en contra de Humberto Coronel Rivas, exalcalde de la Llajta, quien falleció el año pasado.
Según el asesor legal de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, estos procesos se demoran por la recurrente presentación de incidentes por parte de los querellados, que acuden a una serie de recursos para alargar los plazos procesales.
Cuando un caso tiene más de un imputado, el tiempo para llegar a la etapa del juicio es más largo porque los acusados presentan sus incidentes.
Los imputados presentan al juez memoriales y objetan la querella u otros aspectos del proceso con los cuales no están de acuerdo con el fin de ganar más tiempo.
TRES PROCESOS
En Cochabamba existe solamente un Juzgado Anticorrupción, a la cabeza de la jueza Sara Céspedes.
La autoridad jurisdiccional informó que solamente son tres los procesos que maneja esta sala por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que rige desde el año 2010.
Céspedes señaló que un caso es contra Gonzalo Terceros, otro implica a Manfred Reyes Villa y un tercero toma en cuenta a Edwin Castellanos por el puente hundido. Estos son los únicos contra exautoridades que ingresaron a su juzgado por delitos que tienen que ver con la función pública.
“Los casos que atiendo son a partir de la promulgación de la Ley 004 y desde esa fecha solamente se han recibido tres”, dijo.
El resto de los procesos habría ingresado a otros juzgados antes de 2010.
SEIS MESES
Según la Ley 586 de Descongestionamiento y Obstaculización del Sistema Procesal Penal, el proceso no debe durar más de seis meses en la etapa de investigación, situación que según Céspedes se está cumpliendo por lo menos en su Juzgado.
Indicó que una vez terminada esta etapa, los procesos pasan a manos de los juzgados de sentencia.
POCO SEGUIMIENTO
La autoridad jurisdiccional cuestionó la falta de seguimiento por parte de las gestiones municipales y la Gobernación a los casos denunciados en contra de las exautoridades.
Retomar los casos es para las nuevas gestiones muy costoso tanto en tiempo y dinero.
“Mientras más se extienda el proceso más costoso será para las propias instituciones”, afirmó.
El asesor legal de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, reconoció que es difícil hacer seguimiento a cada una de las causas.
“El año pasado nos han dejado alrededor de 412 causas, un solo abogado en materia penal manejaba 200 y otro jurista cerca de 160. Entonces es realmente difícil realizar un seguimiento efectivo a los procesos y despachar de manera rápida los recursos e incidentes”.
Pese a reconocer esta situación, Coca pidió a las autoridades celeridad en los procesos y una reforma en el sistema judicial para dar una atención especial a estos casos, que también traen consigo daños económicos que deben ser reparados a las instituciones públicas.
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