Tarija Diputado y asambleísta acusados por cobrar Bs 7 millones a obreras

Un diputado opositor al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y una asambleísta departamental del oficialismo están en la mira de la Gobernación y serán denunciados por supuestos cobros irregulares a las trabajadoras del Plan de Empleo Urgente Productivo, que llegaron a sumar cerca de 7 millones de bolivianos.
La Gobernación, a través de la Secretaría de Justicia y la Dirección de Transparencia, anunció ayer en conferencia de prensa que formalizarán una denuncia penal contra el diputado Norman Lazarte y la asambleísta Marina Hoyos. La denuncia irá también contra otra ex dirigente del PEUP, pero en Bermejo, Simona Espada.
El director de Transparencia de la Gobernación, Waldo Tarifa, informó que estas personas, cuando fungían como dirigentes, cobraban desde cien bolivianos hasta quinientos bolivianos a cada obrera. “Dinero que en caso del señor Lazarte era depositado en la cooperativa Catedral a no nombre Yesica Dominga Portal Villarroel, esposa del denunciado”, dijo.
En el caso de la asambleísta Hoyos, el director de Transparencia explicó que los cobros realizados por esta persona fueron depositados en la cuenta personal de la ex dirigente, habilitadas en el banco FIE.
El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, estimó que los cobros que realizaron estas personas entre el 2013 y 2015 a más de tres mil obreras por cada temporada a nivel departamental, llegó a sumar durante esta temporada en sus cuentas personales cerca de 7 millones de bolivianos.
“Haciendo un cálculo simple, si fuesen tres mil trabajadores que hacen un aporte entre comillas de manera obligatoria de 100 bolivianos al mes a favor de alguien, en una cuenta de un familiar o de un dirigente, en sólo dos años estamos hablando de más de 7 millones de bolivianos que aprobaron los trabajadores”, aseguró García.
Ante estas supuestas irregularidades, que fueron tipificadas como estafa, en la Gobernación explicaron que están en la obligación de formalizar una denuncia contra los ex dirigentes del PEUP y la actual dirigente de Bermejo.
Ante estas acusaciones, el diputado Norman Lazarte calificó las denuncias de políticas y desmintió categóricamente que su persona haya cobrado recursos económicos a los trabajadores para su beneficio. Aseguró que en ningún momento su esposa o algún miembro de su familia recibieron dinero alguno en cuentas personales.
El parlamentario dijo que la denuncia es una reacción ante las manifestaciones de las trabajadoras del PEUP en contra de la Gobernación. Señaló que con esto buscan desmovilizar al sector del PEUP.
Por esto, la autoridad nacional instó al Gobernador y a sus secretarios a “ponerse a trabajar y resolver los problemas que enfrenta el departamento y dejar de lado la persecución política”.
De la misma manera, la ex ejecutiva del PEUP y actual asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marina Hoyos, dijo que como dirigentes no realizaron cobros a los trabajadores del sector, por lo que manifestó que desde su calidad de funcionaria pública coadyuvará en las investigaciones.
La dirigente vinculada al PEUP de Bermejo reconoció que hubo aportes, pero dijo que éstos eran de 6 bolivianos a la organización por cada temporada. Afirmó que esos recursos son utilizados para los viáticos de los dirigentes que van a la capital y aseguró que en ningún momento cobraron los montos a los que hace mención la Gobernación.

Trabajadores del PEUP ingresan en vigilia

Miles de trabajadores del PEUP que quedaron desempleados el 31 de diciembre de la pasada gestión se encuentran movilizados y en vigilia exigiendo a la Gobernación reactivar los programas productivos del PEUP. De no ser escuchados, advierten que las medidas de presión continuarán en la ciudad de Tarija, con el cierre del edificio de la administración central, refirió la dirigente María Tapia.