El exprefecto Manfred Reyes Villa y los exalcaldes Gonzalo Terceros, Edwin Castellanos, Armando Vargas y Humberto Coronel Rivas tienen procesos activos en juzgados penales, de sentencia y anticorrupción de Cochabamba.
El asesor legal de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, informó que en el caso de Humberto Coronel Rivas no han sido notificados con la extinción del proceso, pese a que éste falleció el 3 de junio de 2015.
El Código de Procedimiento Penal, en el artículo 27, establece que una de las causales para la extinción de la acción penal es la muerte del imputado.
ÚNICO PROCESADO
En la Gobernación de Cochabamba hay actualmente 17 procesos penales activos contra el exprefecto Manfred Reyes Villa.
El director jurídico de la Gobernación, Rodrigo Quinteros, informó que el exprefecto (2006-2008) es la única exautoridad de esta institución que está siendo procesada.
El funcionario reconoció que hubo denuncias contra otros exgobernadores, que sucedieron a Reyes Villa, pero ninguna prosperó ni se activó en instancias judiciales.
CUATRO EN LA ALCALDÍA
En la Alcaldía de Cochabamba son cuatro las exautoridades que son juzgadas por distintos delitos.
Manfred Reyes Villa, alcalde de la ciudad entre 1993 y 2000 aparece también en esta lista de los procesados, junto a Gonzalo Terceros (2006-2010), Edwin Castellanos (2010-2015) y Armando Vargas, alcalde interino de enero a mayo de 2015.
POR OBRAS
La deficiente ejecución de obras es el principal argumento por el que se inicia procesos contra las exautoridades. Firmas de contratos y retrasos en las adjudicaciones pusieron en el banquillo de los acusados a quienes en algún momento ocuparon la silla edil en Cercado.
La aprobación de documentación para gastos, entregas de recursos y equipamiento resultaron ser un dolor de cabeza para los exalcaldes, que en todos los casos fueron juzgados al dejar el cargo en manos de los opositores.
Según la jueza anticorrupción Sara Céspedes, estos funcionarios tenían, en cierta forma, desconocimiento de las normativas que regían en las instituciones públicas.
“El desconocimiento del manejo de la administración pública es lo que ha hecho que estos procesos lleguen hasta los juzgados”, manifestó.
De acuerdo con esta jueza, muchas de las autoridades firman papeles y emiten autorizaciones sin prever las consecuencias de sus actos.
Y aunque la lista de los procesados es aún más amplia cuando se refiere a exdirectores, exsupervisores y exempleados del municipio, quien asume la responsabilidad, en la mayor parte de los casos, es el alcalde.
INCUMPLIMIENTO
DE DEBERES
El delito de incumplimiento de deberes es el más recurrente en las querellas presentadas por las direcciones de Asesoría Jurídica de la Gobernación y de la Alcaldía.
Según el artículo 154 del Código Penal, el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, es sancionado con privación de libertad de hasta cuatro años. La pena se agrava en un tercio si se ocasiona un daño económico al Estado.
RESOLUCIONES
CONTRARIAS A LA LEY
Otro de los delitos más frecuentes es el de resoluciones contrarias a la ley, que según Céspedes también demuestra la falta de experiencia de algunas autoridades en el manejo de las instituciones públicas.
El artículo 153 del Código Penal señala que la servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución Política del Estado o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.
En caso de que el delito ocasione un daño económico al Estado, la pena será agravada en un tercio.
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