Seis carpetas contenían documentación de la entrega de motorizados, que días antes había realizado el exalcalde y exconcejal Armando Vargas a la Policía Nacional.
Según Coca, la exautoridad incumplió la Ley Municipal 027, elaborada por él mismo cuando era concejal, y que puntualiza que los contratos de enajenación deben ser aprobados por el Concejo Municipal.
No obstante, sin permiso del Órgano Deliberante Vargas suscribió contratos de enajenación de equipamiento a favor de la Policía. En el paquete había motocicletas, 15 camionetas, ambulancias, llantas, escritorios y chalecos, entre otros materiales, para la institución.
Esta situación derivó en el inició de un proceso por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes e incumplimiento de deberes, sancionada con hasta 10 años de cárcel.
Otro proceso se inició contra el exalcalde Edwin Castellanos por el hundimiento del puente Independencia por varios delitos, entre ellos contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
IMPUTACIÓN
El proceso contra Armando Vargas se encuentra, actualmente, en la etapa de imputación. El Ministerio Público pidió la detención preventiva del acusado.
Según la explicación de Coca, esta situación ha generado un problema en el ámbito municipal, ya que la Policía comenzó a pedir recursos para mantener a los motorizados.
“Nosotros no estamos en contra de entregar bienes a la Policía, pero debemos cumplir con lo que dice la Ley de Seguridad Ciudadana. Tenemos que hacer un mantenimiento y ¿cómo lo hacemos si esa entrega no fue aprobada por el Concejo Municipal, que ahora debe disponer recursos?”.
Según el abogado, el daño económico ocasionado a la Alcaldía de Cochabamba por este caso es de 800 mil bolivianos.
En su defensa, Vargas dijo que el proceso es una injusticia, no tiene “pies ni cabeza” y él tiene derecho a defenderse en libertad.
Afirmó que estudió a detalle la Ley 027 y la Ley de Seguridad Ciudadana, y quienes se equivocan son los abogados municipales y lo demostrará en el transcurso del proceso.
“La ley dice que no se puede hacer la enajenación cuando son bienes inmuebles, pero cuando es equipamiento el trato no es el mismo”.
EL PUENTE HUNDIDO
El segundo proceso contra una exautoridad del Movimiento Al Socialismo (MAS), que ocupó el cargo de alcalde, recayó sobre Edwin Castellanos.
El 22 de octubre de 2015, el hundimiento del puente situado en la avenida Independencia y 6 de Agosto, que tenía diez meses de funcionamiento, puso en la mira a Castellanos, quien fungía como la máxima autoridad ejecutiva de esa gestión.
Por razones que aún se investigan, la plataforma superior del puente comenzó a ceder, lo que ocasionó daños en la obra que costó aproximadamente 13 millones de bolivianos.
El asesor legal de la actual gestión municipal, Sergio Coca, manifestó que este proceso está en la etapa de ampliación de la denuncia, ya que en un inicio eran cinco los implicados y ahora hay más.
Los delitos por los cuales se acusa a Castellanos son: negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Un informe de auditoría interna de la Alcaldía recomienda también, en sus disposiciones finales, procesar a Castellanos por el delito de uso indebido de influencias, porque cuando él fue alcalde firmó el contrato de Nelson Vega para que éste diseñe el proyecto del puente que se hundió. Posteriormente le pidieron que se haga cargo, con otro contrato, de la supervisión de la misma obra.
“De alguna manera, al ser alcalde Castellanos, él ha podido influir en la contratación de una persona para que haga el proyecto a diseño final y para la contratación de la misma como supervisión de la obra.
El tema todavía está siendo analizado por asesoría jurídica”.
El proceso continúa en la etapa de investigación y se espera la presentación de un informe por parte del Ministerio Público para fin de mes.
Al respecto, el exalcalde no quiso referirse con detalle al tema y simplemente pidió que la investigación continúe.
En una primera instancia, el pasado 23 de octubre, el Alcalde había manifestado tener “la conciencia tranquila” y argumentó que manejó de manera transparente su gestión municipal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario