En los últimos días, surgieron nuevos informes del periodista cruceño Carlos Valverde Bravo sobre posible tráfico de influencias atribuido a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales. A las mismas, se sumó su colega, Amalia Pando. Esta última, afirmó en un programa televisivo del domingo pasado, que una exautoridad de Comibol aceptó reunirse con Zapata, para tratar de negocios. Pando, con documentos en mano, involucró también a las actuales autoridades del ingenio San Buenaventura, de haber recibido “regalos” de la empresa china CAMC, que construyó la planta procesadora localizada en la provincia Iturralde, en el norte del departamento de La Paz.
Hizo lo propio en relación con una exautoridad de Comibol, quien habría aceptado reunirse con Zapata, según una carta que mostró Pando en dicho programa.
Con la citada empresa china, el Estado suscribió siete contratos, la mayoría por la vía directa, en diversas obras de infraestructura y otras destinadas a la industrialización de recursos naturales por un valor de alrededor de $us 600 millones.
NUEVOS HECHOS
A esas primeras versiones, se han sumado nuevos casos de irregularidades que Valverde y de Pando lanzaron en medios de comunicación y que involucran a Zapata como la figura central del presunto tráfico de influencias, en diversas entidades públicas.
Valverde expuso que Zapata tuvo relaciones comerciales con el Gobierno desde 2010 y luego fue incorporada como gerente comercial de la empresa china.
CONTRATO
El director de Recursos Evaporíticos, Alberto Echazú, informó ayer que envió a la Contraloría General del Estado el contrato mediante el cual el Gobierno suscribió la construcción de la planta de sales de potasio en Potosí, en julio de 2015, adjudicada a la empresa CAMC, por valor de Bs 1.239 millones.
“Estamos abiertos a cualquier investigación de la Contraloría y de la Asamblea Legislativa. Toda nuestra información, desde el contrato, está en nuestra página web, entonces las afirmaciones que nosotros hubiéramos contratado a dedo, queda como una falacia”, sostuvo el funcionario.
SAN BUENAVENTURA
El gerente del ingenio azucarero de San Buenaventura, Ramiro Lizondo, junto a la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos y la ex titular, de ese despacho, Teresa Morales, admitió que efectivamente viajó a China con seis funcionarios de la planta azucarera para “verificar” la seriedad de la propuesta de CAMC.
Posteriormente, se firmó el contrato con la firma china. Lizondo visitó China acompañado de cuatro funcionarios del ingenio y dos expertos cubanos. Todos los recursos habrían sido cubiertos por el Estado y aseveró que no hubo tal “regalo” o “soborno” como lo afirmó Pando.
ADUANA
La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, admitió ayer que Gabriela Zapata, en su condición de representante de la empresa ITC, le había propuesto negocios para dotar a la entidad recaudadora equipos informáticos, pero la propuesta la rechazó por sus altos costos. Ardaya dijo que sostuvo reuniones con la representante de esa firma, pero que en las mismas no estuvo sola, sino que participó su equipo de colaboradores.
VISITAS DE ZAPATA
Valverde exhibió en su programa “Todo por hoy”, emitido por Activa TV la noche del lunes, documentación donde se sugiere que Zapata visitó entidades estatales con el objetivo de prestar servicios o hacer “lobby” en favor de empresas chinas.
COMIBOL
Pando en el programa “El Abogado del Diablo” leyó una carta, fechada el 19 de agosto de 2010, firmada por el entonces gerente general de Comibol, Hugo Miranda Rendón, en la que aceptaba una reunión con altos ejecutivos de un grupo chino, Citic Group y mencionaba en la misma, a Gabriela Zapata Montaño, como representante de esa empresa.
“A requerimiento de las representantes de su empresa, señoras, Gabriela Zapata Montaño y Marlene V. viuda de Rivera, me permito comunicarle que tendré el placer de recibir a la nueva misión en estas dependencias el día jueves 9 de septiembre de la presente gestión”, señalaba la nota firmada por Miranda.
CONSULTA
EL DIARIO se comunicó con la oficina de comunicaciones de Comibol, donde señalaron que por el momento, no tienen previsto referirse al tema, y por tanto, no ven la necesidad de hacerlo y que en caso de cambiar de opinión, llamarían a una conferencia de prensa.
ITC
De igual manera, otra misiva mostrada por Valverde, que data del 10 de marzo de 2011, firmada por el empresario argentino, Juan Pablo Portal, gerente comercial de CIF América S.A. y dirigida al presidente Morales, designaba como único representante en Bolivia de la firma ITC (Informática, Tecnología y Comunicaciones) a Benjamín James, para las negociaciones sobre la compra de un sistema de operaciones aduaneras.
Asimismo, mostró otra comunicación del 19 de abril del 2011, que fue enviada a la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, donde Gabriela Zapata Montaño firma como representante legal de ITC, dando detalles sobre el mencionado sistema y la “plataforma de detección de fraudes en hidrocarburos”.
TEXTO
“Tengo a bien poner en consideración suya la propuesta de sistema de gestión Operaciones Aduaneras para la prevención de contrabando en general y fraudes aduaneros, CIF, asimismo, me es grato presentarle la plataforma inteligente de detección de fraude en hidrocarburos”, señala parte de la carta donde firma Zapata Montaño como doctora y representante legal del ITC, según la versión informativa de Valverde.
GESTIÓN
La agencia gubernamental ABI señaló al respecto que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) reveló documentos en los cuales se constata que Gabriela Zapata, gestionó la contratación de un software a favor de la empresa ITC (Informática, Tecnología y Comunicación) en 2011.
ITC, como señalan los archivos de la Aduana, actúo en este proceso como representante en Bolivia de la empresa CIF AMÉRICA, cuya base de operaciones está en Buenos Aires, Argentina.
TESTIMONIO
La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, indicó que hace cinco años recibió propuestas de la empresa ITC para hacerse cargo del software destinado al Sistema de Gestión de Operaciones Aduaneras, para la prevención del contrabando y fraudes.
Ardaya indicó que después del 13 de junio, ITC postergó en varias ocasiones la reunión y que finalmente en 2012 esta empresa hizo una prueba del software. Luego, la Aduana determinó no contratar este producto, porque no cumplía los requisitos que había estipulado.
BANCO UNIÓN
Valverde también exhibió otra carta, de septiembre de 2010, en la que Zapata envía a Iver Navarro C., subgerente Nacional del Sector Público del Banco Unión, mediante la cual le pide que instruya la retención de fondos de una cuenta.
El Banco Unión afirmó que no tiene registro de la supuesta carta remitida a sus autoridades por Zapata y negó influencia de la ex pareja del presidente Morales en esa entidad.
Marcia Villarroel, gerente del Banco Unión, aseguró que la supuesta carta que habría enviado Zapata a esa entidad, para pedir la retención de fondos de una cuenta en 2010, no existe en los registros de correspondencia del banco y negó “categóricamente” algún tipo de influencia de aquélla en la principal entidad financiera estatal.
ACLARACIÓN
La gerente del Banco Unión aclaró, sin embargo, que el pedido de retención de fondos, al que hizo referencia Valverde, fue recibido en mayo de 2009, enviado desde el Ministerio de Economía, pero no por Zapata, que solicita cumplir lo dispuesto por el juez cuarto de partido en material civil de Santa Cruz, Grover E. Núñez, por un proceso seguido por Nilsa Katia Gómez, contra la empresa Ingelmeco, según reportó ABI.
INVESTIGACIÓN
“La señora Gabriela Zapata Montaño estaba metida en todo, personalmente creo que esto necesita más esfuerzo del Gobierno para aclarar lo que está pasando”, apuntó Valverde en una de sus últimas intervenciones en los medios de comunicación de Santa Cruz.
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