jueves, 18 de febrero de 2016

Testigos benianos bajo fuego de fiscales

Los testigos benianos que ayer prestaron sus declaraciones en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, citados por el Ministerio Público, especialmente Juan Carlos Suárez Cuéllar y Erwin Bausse Leygue, fueron interpelados de manera insistente por los fiscales Sergio Céspedes, Óscar Vera y Marco Antonio Rodríguez. Estos abogados intentaban encontrar contradicciones y constatar si la reunión en Trinidad, en el balneario Tapacaré, con la presencia de Eduardo Rózsa, formaba parte de un presunto complot separatista. Sin embargo, pese a las constantes preguntas inquisidoras de los representantes del Ministerio Público, los testigos respondieron con claridad hasta las preguntas más incómodas.

La reunión realizada en el balneario Tapacaré el 4 de febrero de 2009, según apuntaron de manera coincidente los testigos Moisés Chiriqui Bejarano, Juan Carlos Suárez Cuéllar y el propietario de ese local, Erwin Bausse Leygue, a la que asistió el abatido Eduardo Rózsa y el abogado Hugo Antonio Achá, fue convocada para hablar de dos temas, autonomía y derechos humanos. Rózsa se había presentado como Germán Flores, según indicó Suárez Cuéllar.

Los tres testigos coincidieron en apuntar que identificaron a Rózsa cuando salió en las noticias por los hechos del hotel Las Américas donde fue abatido, pues lo conocieron esa vez de la reunión como Germán.

De acuerdo con los imputados, Achá había explicado que en Santa Cruz se estaban cometiendo muchos abusos contra los derechos humanos y que grupos campesinos habían llegado hasta Montero para sitiar Santa Cruz.

Tanto Suárez como Bausse señalaron que la reunión no se prolongó demasiado porque el general Chiriqui expresó su molestia por la exposición de Germán (Rozsa), referida a una defensa militar de la ciudad de Santa Cruz, pues había indicado que su persona era un general de la república y que lo que estaba escuchando eran “burreras.

Suspensión

La cautelar para definir las medidas sustitutivas contra los jueces técnicos Sixto Fernández y Elena Gemio, acusados por el general Gary Prado de resolución contraria a la Constitución, curiosamente fue suspendida.

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