La responsable de la Unidad Sumariante del Gobierno Departamental de El Alto, Norca Araujo, confirmó ayer que gran parte de la documentación que se hallaba en esta dependencia fue quemada en el saqueo que se produjo el día miércoles.
Araujo, en entrevista con EL DIARIO, aseguró que el saqueo fue selectivo y premeditado, pues los archivos destruidos correspondían a los procesos que se habían abierto a la gestión de Édgar Patana, por delitos de corrupción. Actualmente, la exautoridad se encuentra recluida en el penal de San Pedro en calidad de detención preventiva.
Entre los documentos físicos y archivos digitales destruidos, robados y quemados se encontraban pruebas para respaldar procesos contra dirigentes de distintas organizaciones sociales de El Alto.
Precisó que esa jornada se hallaban sobre su escritorio al menos 40 carpetas con información que comprometía a los hijos del dirigente gremial Braulio Rocha, en el caso de los ítems fantasmas. En abril de 2015, Rocha amenazó a la Alcaldesa de El Alto, con agresiones físicas y señalo que se iba a convertir en “su peor pesadilla”.
EXPEDIENTES
Varios de los expedientes ya contaban con resolución, según la funcionaria que trabaja en esta unidad edil desde 2015, tiempo en el cual su oficina, por hallarse en la planta baja, sufre los constantes embates de manifestaciones que se habían acostumbrado sus acciones hasta lo sucedido el miércoles cuando perdieron la vida seis de sus compañeros.
En una breve cronología y entre la confusión de los hechos de ese día, Araujo cuestiona la versión del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien señaló que la Policía solo tardó 45 minutos en acudir al lugar.
Araujo recordó que a eso de las 10.00 horas le informaron que la puerta de su oficina había sido violentada y acude al lugar para evitar el robo de la documentación, pero es agredida y dos funcionarias logran evacuarla.
La solicitud del resguardo policial, la había hecho la directora jurídica Sonia Vallejos, desde las 08.30 horas, detalla Araujo. También señala que a las 10.00 horas desde el Comando Regional de Policía de El Alto, a cargo del coronel José Peña, ante la gran insistencia de los funcionarios, les pidieron que presenten una carta para “analizar” si podían enviar efectivos.
ERAN PADRES
La funcionaria rechazó la versión que representantes de las juntas escolares instruyeron la desmovilización porque vieron los excesos. “Eso es mentira, porque yo he rodeado toda el manzano y los padres de familia nos impedían el paso y nos amenazaban”, describía.
También afirma que quienes la agredieron, sacaban los documentos y cometían los excesos eran padres de familia incluso con sus hijos. Luego empezó el fuego y producto del humo perdieron la vida seis de sus compañeros.
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