El diputado por Unidad Demócrata Rafael Quispe anunció ayer que se declarará en huelga de hambre para exigir que las autoridades del Ministerio Público convoquen a la exministra de Desarrollo Rural y Tierra, Nemesia Achacollo, para que declare sobre el caso de presuntos y malos manejos económicos en el liquidado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).
Según Quispe, esta medida será asumida luego de que en varias oportunidades hicieron llegar a los miembros de la comisión de fiscales, documentación sobre el caso, pero que lamentó no fue tomado en cuenta en el proceso de investigación que realiza el Ministerio Público.
“Estamos pidiendo justicia y que las autoridades convoquen a las personas que están involucradas en este caso”, insistió Quispe, al mencionar como presuntas responsables en este caso a la exministra Achacollo y la dirigente de las Bartolinas, Felipa Huanca.
El legislador indicó que junto a varias otras personas, donde se incluirían los que a la fecha se encuentran en calidad de detenidos preventivos en este caso, asumirán la medida de huelga de hambre.
“Será el viernes en la Fiscalía Departamental de La Paz, porque estamos pidiendo justicia; estamos pidiendo que se convoque a tomar las declaraciones, hemos hecho las peticiones de informe e solicitudes de interpelación y tampoco nos han escuchado las autoridades ni de la Fiscalía Departamental como General”, señaló.
Dijo que esta medida será para demostrar que en ciertas oportunidades la justicia obra de manera rápida y oportuna, “pero como en esta situación no convocan a la señora Nemesia Achacollo”.
ARAMAYO
Al respecto, el exdirectivo del Fondioc, Marco Antonio Aramayo, denunció que la exministra Achacollo conoció en 2013 que la liquidad entidad estatal arrastraba una deuda de 329 millones de bolivianos desde 2010 y por el que le pidieron que no se aprueben más proyectos productivos a favor de las organizaciones aliada al gobierno del presidente Evo Morales porque no podían ser financiados.
Por su parte, la exministra Achacollo, en su descargo, declaró a un medio de prensa que ella, “teóricamente, era la responsable de la fiscalización de la ejecución de los proyectos, pero en la práctica nunca tuve la opción de la investigación del Fondo Indígena”.
Un informe de la Contraloría dio cuenta en febrero de 2014 sobre el daño económico al Estado, por parte de ejecutivos de esa repartición y dirigentes sindicales, llegó a Bs 71 millones, por 153 proyectos de desarrollo productivo inconclusos. El miércoles concluyó la intervención por el lapso de seis meses a esta oficina, en la que se determinó que al menos 30 obras no fueron ejecutadas, pese a desembolsos, y que la pérdida alcanzaba a 14,5 millones de bolivianos. Pero el daño puede llegar a Bs 102 millones, debido a que están pendientes otras auditorías.
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