De 1.237 casos por corrupción, sólo 9 llegaron a la sentencia

Atendiendo una solicitud de El País eN, el Ministerio Público realizó un relevamiento de información de todos los despachos que conforman la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (FEPDC) en Tarija. Se procesaron mediante ésta instancia un total de 1.237 causas desde la implementación de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, sin embargo, sólo nueve llegaron a sentencia.

Ley 004
La norma anticorrupción está vigente en Bolivia desde marzo del 2010, que implementó la creación de la FEPDC en todos las fiscalías del país, iniciándose los procesos a funcionarios públicos especialmente en sus primeros meses de aplicación.
Al cierre de la gestión 2015 se tienen en el departamento de Tarija 14.146 causas en el Ministerio Público, de las que 1.237 corresponden a casos de corrupción pública, que se enmarcan en la Ley 004. Estos casos nacen de denuncias y de investigaciones iniciadas de oficio.
A detalle, de los 1.237 casos recibidos por la Ley 004, se han producido 398 rechazos, 36 sobreseimientos, 32 conexitudes (por similitud en las causas), 16 suspensiones condicionales de proceso (devolución del daño económico al Estado), 11 procesos abreviados por sentencias condenatorias y 9 sentencias condenatorias por conclusión de juicio oral.
A esto se suman 343 imputaciones donde los casos están en etapa preparatoria, y 52 acusaciones formales que al momento se encuentran a la espera de una fecha para inicio de juicio en el órgano judicial.
El Fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, explicó que la mayoría de las investigaciones se realizan en entidades estatales como la Gobernación, seguida de municipios, subgobernaciones, la Policía Nacional, la Universidad Juan Misael Saracho (UAJMS), y otras instituciones que manejan recursos del Estado.
“La ley 004 tiene un alcance a todos los que han sido funcionarios públicos de entidades del estado, inclusive alcanza a privados que hacen negocios con entidades estatales, y particulares a quienes pudo entregarse montos de dinero estatal, como pasa con el Prosol, donde comunidades, campesinos, recibieron montos. Existen también muchas autoridades actuales que son investigadas mediante esta ley”, explicó Muñoz.

Carga procesal
Los casos de corrupción, representan actualmente el 8,74 por ciento de la carga procesal que existe en el departamento, sin embargo, Muñoz señaló que el “cuello de botella” de éste tipo de causas, radica en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), donde se produce una retardación que produce un efecto en cadena.
Esto obedece a varios factores. La prioridad en la administración de justicia, son los delitos contra la vida e integridad, seguidos por los delitos contra la niñez y adolescencia, mientras que la materia de corrupción pública, ocupa un segundo plano en prioridad acorde a ley.
Empero, el Fiscal de Distrito, señaló que parte de la responsabilidad en la tardanza para resolver estos casos, es atribuible al TDJ, por falta de notificaciones a los imputados, falta de resolución de excusas procesales, desintegración de tribunales. Otro factor constituyen los mecanismos que aplican los procesados para dilatar los procesos.
El País eN, contactó a la presidenta del Concejo de la Judicatura de Tarija, Paola Chirinos, sin embargo una entrevista personal no fue posible debido a que la funcionaria no se encontraba en su despacho. Posteriormente, no atendió las llamadas de éste medio.

Casos con mayor daño económico no avanzan

Los casos más renombrados y complejos, como Imbolsur, Expropiación de Terrenos de la Villa Olímpica, Variantes al Chaco, Compra de Cemento Asfáltico, Piscina Olímpica y Cosett, se encuentran en las salas penales del TDJ, con distintos grados de apelación. “Observamos que con mayor facilidad se desarrollan juicios orales de aquellos casos de corrupción que no son de mucha relevancia, pero aquellos que son con un grave daño, desde hace cinco años se van postergando”