La Contraloría General del Estado y la Asamblea Legislativa serían las instituciones responsables de investigar el presunto caso de tráfico de influencias en contratos que tiene la empresa China CAMC con el Gobierno. Las indagaciones se abren a pedido del presidente Evo Morales, quien fue implicado en favorecer a su expareja Gabriela Zapata, actual gerente comercial de aquella empresa.
El contralor del Estado, Gabriel Herbas, informó ayer que solicitará toda la información necesaria a las instituciones implicadas en el caso, para conformar un equipo de auditores y abogados que se hagan cargo del análisis correspondiente del caso.
“Si no me equivoco, el Ministerio de Obras Públicas tendría la mayor parte de los contratos; estaría el Ministerio de Hidrocarburos, con algunos contratos para YPFB; y está el Ministerio de Minería con algún contrato firmado con el tema del litio”, declaró Herbas al periodismo.
El contralor sostuvo que los trabajos que realiza la Contraloría tienen toda la seriedad necesaria, cumplen con todos los requisitos, porque, además, considera que hay que decirle a la población que el trabajo que hace la Contraloría no se queda en el ámbito de la Contraloría, sino que esto va al ámbito judicial.
CRONOGRAMA
Herbas no precisó el tiempo que durará la investigación porque –dijo– el cronograma estará sujeto al volumen de los documentos que se reciban y el componente técnico de la auditoría.
Ante cuestionamientos de la oposición al trabajo de la Contraloría, Herbas aseguró que las investigaciones que realiza esa institución “contienen toda la seriedad necesaria” y cumplen todos los requisitos requeridos en ese tipo de auditorías.
Además, sostuvo que la investigación que hace la Contraloría solo cubre el 50% de la auditoría, ya que el otro 50% debe ser completado por el Órgano Judicial, donde se remitirán todos los resultados.
COMISIÓN LEGISLATIVA
En la mañana de ayer, el presidente Evo Morales solicitó también al titular de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, que se conforme una comisión especial para que se investigue “si es que en realidad existió el tráfico de influencias”.
“Pido mediante el presidente de la Asamblea, Álvaro García Linera, que organice esta comisión legislativa, si creen que hay tráfico de influencias, que investiguen. No tenemos nada que ocultar. Y, si quieren, que vengan de cualquier parte del mundo a investigar”, dijo el mandatario, en conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno.
El miércoles pasado, en la Asamblea Legislativa, el Movimiento Al Socialismo (MAS), dio a conocer que se prepara ya para comenzar con las investigaciones.
El diputado oficialista Javier Zavatela informó que se investigarán los contratos y que si es necesario se llegará a investigar el patrimonio de la expareja del mandatario.
El Jefe de Estado negó el viernes anterior que exista un tráfico de influencias y pidió ambas investigaciones para que la situación se aclare. Las acciones se asumen a pocos días de que los bolivianos acudan a las urnas para rechazar o aprobar una reforma constitucional que permita a Morales ser candidato el 2019, para la gestión 2020 - 2025.
GOBERNADOR CRUCEÑO
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, manifestó que la condición de militante masista del contralor Herbas lo descalifica para indagar al presidente Morales, así como el control que tiene el MAS en la Asamblea, tampoco es garantía de una investigación imparcial.
Costas dijo que la gente está pidiendo investigar sobre la transparencia en el manejo público, porque “lo demás es politizarlo, desviar la atención o victimizarse”, reportó a radio Alternativa de Santa Cruz.
Lamentó la “mala costumbre del oficialismo de poner cortinas de humo”, en una actitud muy desgastada, en sentido que hay una campaña financiada por el imperialismo o por los partidos políticos de la derecha.
PEDIDO DE ANALISTA
En la edición de ayer de EL DIARIO, el analista político Carlos Cordero afirmó que lo más adecuado es que de inmediato la Asamblea Legislativa organice una comisión de carácter mixto para efectuar la investigación correspondiente. Expuso, además, que esta comisión legislativa debe estar conformada por senadores y diputados.
En respaldo de su planteamiento, adujo que una de las competencias constitucionales de la Asamblea Legislativa es fiscalizar y controlar a los otros órganos del Estado. Por tanto, dijo que el presidente nato de la Asamblea, García Linera, debe organizar esa comisión, con la finalidad de establecer lo que realmente sucedió, ya sea para despejar dudas sobre denuncias de un supuesto tráfico de influencias o confirmarlas.
LOS CONTRATOS
El 4 de febrero, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó en el Palacio de Gobierno, que China CAMC suscribió siete contratos con el Estado, por valor de $us 566 millones, para ejecutar obras en distintas áreas.
La empresa china se adjudicó parte del ingenio azucarero de San Buenaventura cuyo costo es 263 millones de dólares; un tramo del ferrocarril Bulo Bulo - Montero, por 164 millones de dólares; tres contratos para la represa de Misicuni; sistemas de comunicación para la distribución de energía eléctrica; , un vertedero e instrumentos de medición. Estos tres contratos hacen un monto de 58 millones de dólares. El proyecto de Misicuni tiene un costo de 335 millones de dólares.
De todos esos acuerdos, el Gobierno rescindió el contrato de la construcción de un tramo ferroviario Bulo Bulo – Montero por el delito de incumplimiento de contrato.
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