La liquidadora del ex Fondo Indígena, Larisa Fuentes, anunció proceso contra Diego Ayo, porque en el texto del investigador, “La verdad sobre el Fondo Indígena”, editada por la Fundación Vicente Pasoskanki, utilizó datos falsos. Sin embargo, el autor aseguró que no faltó a la verdad y las cifras corresponden a los que figuran en el informe presentado por Fuentes, el cual, considera, fue presentado utilizando términos ambiguos para minimizar el escándalo de corrupción en esa institución.
“Aclarar este tema porque no me parece responsable, no me parece correcto que el señor y la fundación (Vicente Pasoskanki) del señor (Diego) Ayo, agarre y diga es reporte de la interventora. No es así. Cuando no es así porque los datos utilizados en este documento son totalmente falsos, no se acercan a la realidad”, señaló en conferencia de prensa realizada ayer.
Fuentes criticó la interpretación que hizo Ayo de sus datos y señaló que de forma errónea los clasificó empleando otra nomenclatura.
Por su parte, Ayo señaló que no se pueden manejar más datos porque el Gobierno y la interventora esconden la información e intentan mostrar que luchan contra la corrupción.
“El Gobierno ha escondido la mayor cantidad de datos, ha establecido un proceso absolutamente pobre en cuanto a investigación, precisamente con la interventora a la cabeza, más escondiendo que develando. El informe de la interventora hace referencia a 101 millones de bolivianos que no llega a ser ni siquiera el cinco por ciento del total de recursos que manejaba el Fondo. Qué nos está queriendo decir la señora Larissa Fuentes, tiene 95 por ciento que se ha utilizado bien? esto evidentemente causa cierta gracia”, explicó Ayo a la agencia ANF.
SENADOR ORTIZ
Por su parte, el presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena del Senado, Óscar Ortiz, reprochó que la liquidadora del Fondo Indígena, Larisa Fuentes, envió documentación incompleta de las actas notariadas y exigió que remita la información completa.
Ortiz convocó a Fuentes a una petición de informe oral el año pasado, también solicitó información documentada, aunque dejó información, según el legislador no fue completa. Sostiene que ni la Contraloría General del Estado ni el Ministerio Público tienen la voluntad de realizar una verdadera investigación sobre el caso y que se actúa con criterios parciales para encarar la problemática.
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