lunes, 31 de marzo de 2014
Juez envía a prisión a una fiscal de Oruro
La fiscal de materia R. Rodríguez, sobre quien pesa una denuncia de soborno, fue enviada preventivamente a la cárcel de Oruro mientras se prepara un juicio penal en su contra. La acusada cumplía funciones en casos vinculados a la Ley 348 contra la Violencia a la Mujer.
La decisión fue asumida ayer por la madrugada en una audiencia de medidas cautelares dirigida por el juez 4° de Instrucción en lo Penal, Sandro Quezada, debido a que la fiscal no logró acreditar un domicilio legal.
Tras un allanamiento, ejecutado el sábado a mediodía, Rodríguez fue enviada ante el Ministerio Público donde se le tomó declaraciones hasta las 17.00. Una hora después, el fiscal presentó la imputación por el delito de concusión (exacción ilegal) y se decidió su aprehensión hasta la audiencia de medidas cautelares, que se cumplió entre las 00.30 y las 03.00 de ayer.
“En los seis meses de trabajo como fiscal de Materia para atender casos de menores y violencia doméstica, me desempeñé con honestidad y atendí más de 500 casos, por eso digo que soy inocente y lo que se está haciendo conmigo es un chantaje. Me declaro inocente”, enfatizó a La Razón la abogada desde la carceleta del Tribunal Departamental de Justicia.
A través de un comunicado, divulgado ayer desde Sucre, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, destacó la prontitud con la que se actuó en este caso y afirmó que la principal prueba del delito que supuestamente fue cometido por la fiscal de materia es un CD con un registro audiovisual.
El abogado Daniel Soliz afirmó que “con la tecnología” se pudieron alterar las imágenes en las que se ve a su defendida presumiblemente recibiendo dinero. “No descartamos la mentalidad diabólica de una abogada involucrada”, apuntó el profesional tras declararse sorprendido por la rapidez con la que se actuó. “Ya lo tenían preparado”, remarcó y dijo que se cometieron irregularidades en la detención.
Diputado Moya denuncia corrupción en el Gobierno y se aleja del MAS
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ever Moya, denunció hoy actos de corrupción de funcionarios públicos al interior del Gobierno, los cuales no serían sancionados sino premiados por altas autoridades, por lo que tomó la decisión de alejarse de este partido político para continuar con su trabajo de fiscalización sin presiones de su bancada.
"Yo he pasado nombres y apellidos de los funcionarios que están involucrados en actos de corrupción y lamentablemente nunca han sido sancionados estos funcionarios y al contrario han sido premiados, entonces yo no quiero ser partícipe ni legitimar estos actos y por tanto es que me estoy alejando del Movimiento Al Socialismo", manifestó Moya a la ANF.
El legislador calificó a la jefa de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Flora Aguilar, como la dueña de ese partido político, puesto que no dejaría realizar peticiones de informe oral y escrito a ciertas instituciones, limitando sus actos de fiscalización establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).
Respecto a las reuniones de bancada que se realizan todos los martes en la Vicepresidencia, Moya dijo que sólo sirven para tomar desayuno porque no se asume ninguna decisión, no se puede observar nada y no se puede enriquecer un proyecto de ley porque la opinión nunca es tomada en cuenta.
"Cuando queremos hacer un verdadero cambio a las leyes que propone el Ejecutivo, ahí te lo paran todo y si tu no estás de acuerdo, ahí te sindican que eres de la derecha u opositor", lamentó.
Por todos estos argumentos el diputado orureño dijo que no se puede creer en la lucha contra la corrupción, el contrabando y el narcotráfico. Citó, por ejemplo, lo que pasó con el vicepresidente Álvaro García y sus familiares, en la firma de un contrato que alcanzaría a los 18 millones de bolivianos entre la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) y "Air Catering", empresa de la que es accionaria la cuñada de la autoridad.
En ese marco también pidió que se haga una exhaustiva investigación de quiénes son los parientes cercanos de las autoridades del Ejecutivo en la importadora de vehículos Toyosa.
"Toyosa es una empresa que tiene privilegios en la nacionalización de vehículos", mencionó, a tiempo de señalar que la presidenta interina de la Aduana, Marlene Ardaya, tendría datos respecto a las sociedades que comparte esta empresa.
El diputado dijo que su alejamiento sólo lo realiza de forma pública y no a través de un documento porque no tiene nada firmado con el MAS.
Consultado por si se considera un disidente, Moya dijo que no le importaba cómo lo denominen sus colegas de partido y que lo único que quiere es continuar con su trabajo de fiscalización hasta que termine con su mandato.
Hasta el momento los diputados considerados disidentes del MAS son Rebeca Delgado, Samuel Pamuri y Pedro Nuni, éste último que renunció a su curul para asumir un cargo en la Gobernación del Beni. A ellos se suman los senadores Carmen García y Manuel Limachi.
"Yo he pasado nombres y apellidos de los funcionarios que están involucrados en actos de corrupción y lamentablemente nunca han sido sancionados estos funcionarios y al contrario han sido premiados, entonces yo no quiero ser partícipe ni legitimar estos actos y por tanto es que me estoy alejando del Movimiento Al Socialismo", manifestó Moya a la ANF.
El legislador calificó a la jefa de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Flora Aguilar, como la dueña de ese partido político, puesto que no dejaría realizar peticiones de informe oral y escrito a ciertas instituciones, limitando sus actos de fiscalización establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).
Respecto a las reuniones de bancada que se realizan todos los martes en la Vicepresidencia, Moya dijo que sólo sirven para tomar desayuno porque no se asume ninguna decisión, no se puede observar nada y no se puede enriquecer un proyecto de ley porque la opinión nunca es tomada en cuenta.
"Cuando queremos hacer un verdadero cambio a las leyes que propone el Ejecutivo, ahí te lo paran todo y si tu no estás de acuerdo, ahí te sindican que eres de la derecha u opositor", lamentó.
Por todos estos argumentos el diputado orureño dijo que no se puede creer en la lucha contra la corrupción, el contrabando y el narcotráfico. Citó, por ejemplo, lo que pasó con el vicepresidente Álvaro García y sus familiares, en la firma de un contrato que alcanzaría a los 18 millones de bolivianos entre la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) y "Air Catering", empresa de la que es accionaria la cuñada de la autoridad.
En ese marco también pidió que se haga una exhaustiva investigación de quiénes son los parientes cercanos de las autoridades del Ejecutivo en la importadora de vehículos Toyosa.
"Toyosa es una empresa que tiene privilegios en la nacionalización de vehículos", mencionó, a tiempo de señalar que la presidenta interina de la Aduana, Marlene Ardaya, tendría datos respecto a las sociedades que comparte esta empresa.
El diputado dijo que su alejamiento sólo lo realiza de forma pública y no a través de un documento porque no tiene nada firmado con el MAS.
Consultado por si se considera un disidente, Moya dijo que no le importaba cómo lo denominen sus colegas de partido y que lo único que quiere es continuar con su trabajo de fiscalización hasta que termine con su mandato.
Hasta el momento los diputados considerados disidentes del MAS son Rebeca Delgado, Samuel Pamuri y Pedro Nuni, éste último que renunció a su curul para asumir un cargo en la Gobernación del Beni. A ellos se suman los senadores Carmen García y Manuel Limachi.
Caso BoA: UN formaliza denuncia contra el vice por supuesto uso indebido de influencias
El vocero de Unidad Nacional, Arturo Murillo, presentó este lunes ante la Fiscalía de Cochabamba una denuncia formal contra el vicepresidente Álvaro García Linera por supuesto uso indebido de influencias en la firma de un contrato de servicios de refrigerio entre la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA) y la empresa "Air Catering", de la que es accionaria su cuñada Silvana del Castillo Tejada.
"Hemos formalizado la denuncia que habíamos dicho que la íbamos a formalizar la semana pasada. Hemos cumplido con nuestra labor ciudadana. Esta denuncia es contra autor o autores del caso de tráfico de influencias en BoA, un contrato millonario de BoA, de la familia real, de la familia del vicepresidente Álvaro García Linera", manifestó, a tiempo de señalar que su denuncia se basó en el artículo 146 del Código Penal, que define el uso indebido de influencias.
Según el representante de UN, la denuncia se fundamenta en los siguientes aspectos: Primero que la empresa Air Catering tiene como socia a Silvana Carolina del Castillo Tejada, misma que está casada con Mauricio García Linera, hermano del vicepresidente, por tanto cuñada del mismo.
El segundo fundamento presentado por Murillo señala que el contrato para el servicio de refrigerio habría sido hecho por "invitación directa" y sin previa licitación. Tercer fundamento, el gerente general de BoA, Ronald Casso Casso, quien habría suscrito el contrato, tiene un pariente consanguíneo, Winston Fabián Casso Casso, a quien se identificó como miembro del equipo de seguridad de Álvaro García Linera.
"Hemos adjuntado las pruebas de la constitución de la empresa y también el certificado de matrimonio, cumpliendo con nuestra obligación como ciudadanos nos manda y la Constitución Política del Estado también", afirmó.
Consultado sobre qué es lo que espera lograr con la denuncia interpuesta, el vocero de UN aseguró: "Castigo para los culpables, castigo para los que hacen tráfico de influencias, castigo para los que le roban al país. Castigo para los que dicen que son servidores y que se sirven del país, castigo para esos impostores, eso se quiere lograr".
Respuesta de Novillo
El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, se manifestó acerca de la denuncia interpuesta por Unidad Nacional asegurando que este hecho responde ante todo a una campaña de la oposición que busca dañar la imagen del vicepresidente, puesto que este es un año electoral.
"Esto ya lo han tergiversado, lo han manipulado mal intencionalmente para hacer entender que es tráfico de influencias del vicepresidente. Cualquier persona al margen de esta prohibición de contratación puede postularse, presentarse, lógicamente cumpliendo las normativas de la ley. Yo no veo ninguna ilegalidad, menos ninguna actitud antiética", afirmó.
Asimismo, manifestó que cualquier persona tiene derecho a postularse a un trabajo y en este caso el Vicepresidente no cuenta con un cargo ejecutivo en esta empresa estatal, por tanto no habría ninguna ilegalidad realizada por parte de miembros de su familia.
"Si el hermano Álvaro no es ejecutivo del BoA y no tiene con la empresa BoA ninguna relación jurídica directa, no es ejecutivo a eso me refiero, está plenamente habilitada su cuñada para presentarse a una licitación (…) es el derecho que tiene todo ciudadano", aseguró Novillo.
"Hemos formalizado la denuncia que habíamos dicho que la íbamos a formalizar la semana pasada. Hemos cumplido con nuestra labor ciudadana. Esta denuncia es contra autor o autores del caso de tráfico de influencias en BoA, un contrato millonario de BoA, de la familia real, de la familia del vicepresidente Álvaro García Linera", manifestó, a tiempo de señalar que su denuncia se basó en el artículo 146 del Código Penal, que define el uso indebido de influencias.
Según el representante de UN, la denuncia se fundamenta en los siguientes aspectos: Primero que la empresa Air Catering tiene como socia a Silvana Carolina del Castillo Tejada, misma que está casada con Mauricio García Linera, hermano del vicepresidente, por tanto cuñada del mismo.
El segundo fundamento presentado por Murillo señala que el contrato para el servicio de refrigerio habría sido hecho por "invitación directa" y sin previa licitación. Tercer fundamento, el gerente general de BoA, Ronald Casso Casso, quien habría suscrito el contrato, tiene un pariente consanguíneo, Winston Fabián Casso Casso, a quien se identificó como miembro del equipo de seguridad de Álvaro García Linera.
"Hemos adjuntado las pruebas de la constitución de la empresa y también el certificado de matrimonio, cumpliendo con nuestra obligación como ciudadanos nos manda y la Constitución Política del Estado también", afirmó.
Consultado sobre qué es lo que espera lograr con la denuncia interpuesta, el vocero de UN aseguró: "Castigo para los culpables, castigo para los que hacen tráfico de influencias, castigo para los que le roban al país. Castigo para los que dicen que son servidores y que se sirven del país, castigo para esos impostores, eso se quiere lograr".
Respuesta de Novillo
El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, se manifestó acerca de la denuncia interpuesta por Unidad Nacional asegurando que este hecho responde ante todo a una campaña de la oposición que busca dañar la imagen del vicepresidente, puesto que este es un año electoral.
"Esto ya lo han tergiversado, lo han manipulado mal intencionalmente para hacer entender que es tráfico de influencias del vicepresidente. Cualquier persona al margen de esta prohibición de contratación puede postularse, presentarse, lógicamente cumpliendo las normativas de la ley. Yo no veo ninguna ilegalidad, menos ninguna actitud antiética", afirmó.
Asimismo, manifestó que cualquier persona tiene derecho a postularse a un trabajo y en este caso el Vicepresidente no cuenta con un cargo ejecutivo en esta empresa estatal, por tanto no habría ninguna ilegalidad realizada por parte de miembros de su familia.
"Si el hermano Álvaro no es ejecutivo del BoA y no tiene con la empresa BoA ninguna relación jurídica directa, no es ejecutivo a eso me refiero, está plenamente habilitada su cuñada para presentarse a una licitación (…) es el derecho que tiene todo ciudadano", aseguró Novillo.
UN lleva a la Fiscalía el caso del contrato Air Catering-BoA
Unidad Nacional (UN) tiene previsto presentar hoy ante la Fiscalía la denuncia contra el o los involucrados en el presunto delito de tráfico de influencias por el caso del contrato firmado entre la empresa de la cuñada del Vicepresidente y la estatal BoA. El Gobierno aseguró ayer que no hallarán irregularidades.
"El principal argumento es lo que hemos denunciado: tráfico de influencias. Hay un daño económico al Estado (...). Se está pidiendo la investigación”, informó Arturo Murillo, dirigente político de UN.
La pasada semana se conoció que una empresa de la cuñada del Vicepresidente, Silvana del Castillo, se había adjudicado por invitación directa un contrato con Boliviana de Aviación (BoA) por 18 millones de dólares.
Con respecto al tema, García Linera admitió la existencia del contrato del servicio de catering con la empresa de su cuñada, una pariente en segundo grado de consanguinidad, por lo que decidió la rescisión del contrato.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo ayer en radio Panamericana que una posible investigación es constitucional, pero anticipó que no se encontrará nada irregular en la actitud del Vicepresidente y que la intención es dañar su imagen.
"Unidad Nacional es un partido empresarial amarillista que busca el escándalo sin escrúpulos, y que acostumbra a denunciar presuntas irregularidades para luego pedir disculpas por sus falsedades”, dijo.
Murillo lamentó que en el oficialismo se "cierren filas” en torno a las denuncias contra autoridades. "Está claro que algunos están cerrando filas defendiendo al Vicepresidente”.
El ministro Juan Ramón Quintana calificó las denuncias como "desproporcionadas”. "Me parece absolutamente desatinada la declaración (en sentido de) que hacemos espíritu de cuerpo en torno a los corruptos (...). Si se tienen evidencias objetivas de funcionarios corruptos, van a tener un Gobierno implacable”, sostuvo.
"El principal argumento es lo que hemos denunciado: tráfico de influencias. Hay un daño económico al Estado (...). Se está pidiendo la investigación”, informó Arturo Murillo, dirigente político de UN.
La pasada semana se conoció que una empresa de la cuñada del Vicepresidente, Silvana del Castillo, se había adjudicado por invitación directa un contrato con Boliviana de Aviación (BoA) por 18 millones de dólares.
Con respecto al tema, García Linera admitió la existencia del contrato del servicio de catering con la empresa de su cuñada, una pariente en segundo grado de consanguinidad, por lo que decidió la rescisión del contrato.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo ayer en radio Panamericana que una posible investigación es constitucional, pero anticipó que no se encontrará nada irregular en la actitud del Vicepresidente y que la intención es dañar su imagen.
"Unidad Nacional es un partido empresarial amarillista que busca el escándalo sin escrúpulos, y que acostumbra a denunciar presuntas irregularidades para luego pedir disculpas por sus falsedades”, dijo.
Murillo lamentó que en el oficialismo se "cierren filas” en torno a las denuncias contra autoridades. "Está claro que algunos están cerrando filas defendiendo al Vicepresidente”.
El ministro Juan Ramón Quintana calificó las denuncias como "desproporcionadas”. "Me parece absolutamente desatinada la declaración (en sentido de) que hacemos espíritu de cuerpo en torno a los corruptos (...). Si se tienen evidencias objetivas de funcionarios corruptos, van a tener un Gobierno implacable”, sostuvo.
domingo, 30 de marzo de 2014
Pérez Gumucio sí trabajó con Manfred
El diputado de Convergencia Nacional (CN) Mauricio Muñoz habló con EL DEBER para aclarar que entre Eduardo Pérez Gumucio (esposo de Olga Osorio, socia de la empresa Air Catering, que presta servicios a BoA) y Manfred Reyes Villa no existió una relación empresarial. Según Muñoz, lo que sí existió fue una relación laboral, ya que Pérez fue director administrativo de la Prefectura de Cochabamba.
Muñoz también dijo que Reyes Villa transfirió a Pérez un departamento de las Torres Sofer y no tres, como citó EL DEBER. “Por esta venta el Gobierno de Evo enjuició a Pérez por una supuesta transferencia irregular. Ahora nos sorprende que él y su esposa son socios de la empresa que hace negocios con la estatal BoA”, acotó
UN anuncia proceso por tráfico indebido de influencias
Arturo Murillo, vocero de Unidad Nacional (UN), informó de que mañana a las 10:30 se presentará una denuncia por el delito de uso indebido de influencias en la firma del contrato entre las empresas Boliviana de Aviación (BoA) y Air Catering, debido a que esta última dota de refrigerios a los viajeros de la compañía estatal y tiene como socia a Silvana del Castillo Tejada, cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera.
El recurso será presentado ante el fiscal de turno adscrito a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Cochabamba, “para que se investigue al vicepresidente, a su cuñada y a todos los que participaron en este asunto”, manifestó el vocero de UN.
Agregó que entre la documentación que se presentará están las fotocopias de la constitución de la sociedad y del certificado de matrimonio de la hermana de García Linera. “También solicitaremos al juez copias legalizadas de todos estos documentos y del contrato comercial”, acotó.
Otros nexos
“Entre otros aspectos que se pedirá que sean investigados está la supuesta vinculación entre el gerente de BoA, Ronald Salvador Casso, y su hermano Winston Fabián Casso, que resulta ser el jefe de seguridad del vicepresidente Álvaro García Linera“, remarcó Murillo.
Mientras tanto, la Agencia de Noticias Fides (ANF) publicó que el presidente Evo Morales ratificó su confianza en Álvaro García Linera. Para el jefe de Estado, ante la falta de un programa político para proponer a la población, la derecha apela a este tipo de denuncias sin argumentos
El recurso será presentado ante el fiscal de turno adscrito a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Cochabamba, “para que se investigue al vicepresidente, a su cuñada y a todos los que participaron en este asunto”, manifestó el vocero de UN.
Agregó que entre la documentación que se presentará están las fotocopias de la constitución de la sociedad y del certificado de matrimonio de la hermana de García Linera. “También solicitaremos al juez copias legalizadas de todos estos documentos y del contrato comercial”, acotó.
Otros nexos
“Entre otros aspectos que se pedirá que sean investigados está la supuesta vinculación entre el gerente de BoA, Ronald Salvador Casso, y su hermano Winston Fabián Casso, que resulta ser el jefe de seguridad del vicepresidente Álvaro García Linera“, remarcó Murillo.
Mientras tanto, la Agencia de Noticias Fides (ANF) publicó que el presidente Evo Morales ratificó su confianza en Álvaro García Linera. Para el jefe de Estado, ante la falta de un programa político para proponer a la población, la derecha apela a este tipo de denuncias sin argumentos
sábado, 29 de marzo de 2014
Tribunal procesa a 45 jueces y vocales en La Paz
En el primer trimestre de este 2014, 45 jueces y vocales de los tribunales del distrito de La Paz están procesados por faltas graves y gravísimas en el ejercicio de sus funciones, informó el representante del Consejo de la Magistratura, Francisco Tarquino.
Del los procesos contra autoridades jurisdiccionales, sólo cinco ameritarían la destitución por tratarse de faltas gravísimas, por ejemplo extorsión.
Tarquino recordó que en 2013 cuatro jueces fueron destituidos, hubo 20 suspensiones, ocho fueron multados, mientras que amonestaron a siete.
El fiscal Humberto Quispe adelantó que pedirá detención preventiva para la juez Ada Luz Bass Werner, quien fue sorprendida el jueves en posesión de una coima de 300 dólares.
La mujer ahora está acusada por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y extorsión.
De acuerdo a Quispe, la Juez argumentó que el dinero que estaba en su posesión era fruto de un préstamo que hubiera realizado.
La abogada Ninoska Oporto apareció este viernes denunciando que Bass Werner cometió irregularidades en su contra en un proceso por un terreno, porque emitió fallos a favor de una persona que supuestamente estaba bajo su protección.
“Yo me adjudiqué en un remate judicial un terreno en Alto Obrajes. Ella era juez y parte en este asunto”, explicó la jurista.
Del los procesos contra autoridades jurisdiccionales, sólo cinco ameritarían la destitución por tratarse de faltas gravísimas, por ejemplo extorsión.
Tarquino recordó que en 2013 cuatro jueces fueron destituidos, hubo 20 suspensiones, ocho fueron multados, mientras que amonestaron a siete.
El fiscal Humberto Quispe adelantó que pedirá detención preventiva para la juez Ada Luz Bass Werner, quien fue sorprendida el jueves en posesión de una coima de 300 dólares.
La mujer ahora está acusada por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y extorsión.
De acuerdo a Quispe, la Juez argumentó que el dinero que estaba en su posesión era fruto de un préstamo que hubiera realizado.
La abogada Ninoska Oporto apareció este viernes denunciando que Bass Werner cometió irregularidades en su contra en un proceso por un terreno, porque emitió fallos a favor de una persona que supuestamente estaba bajo su protección.
“Yo me adjudiqué en un remate judicial un terreno en Alto Obrajes. Ella era juez y parte en este asunto”, explicó la jurista.
viernes, 28 de marzo de 2014
Boris Villegas, exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno “Ya decidí revelar todo, duela a quien le duela”
El exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Boris Villegas, en entrevista con Página Siete, afirmó ayer que con o sin autorización del ministro de Gobierno, Carlos Romero, revelará detalles de los casos que -dijo- "armó” el Gobierno para lograr su sostenibilidad y mantener "de su lado” a la población boliviana.
El pasado lunes, sus colegas Denis Rodas y Fernando Rivera, detenidos preventivamente en el penal de Palmasola (Santa Cruz), pidieron a la comisión de fiscales -con el argumento de que fueron servidores públicos- que investiga la supuesta extorsión de Soza que Romero levante el secreto profesional para revelar información clasificada como secreto de Estado.
Villegas, detenido en Palmasola desde diciembre de 2012, manifestó que se cansó de esperar la "voluntad del Gobierno” y una vez que los fiscales le entreguen los audios y la carta del exfiscal Marcelo Soza, debidamente legalizados, revelará todo.
¿Por qué decidió revelar detalles de casos, clasificados como secreto de Estado, con o sin permiso del ministro Romero?
Esperé pacientemente desde el momento de mi detención, hasta el mes de julio de 2013, para que se pronuncien los ministros y viceministros del Gobierno. Si no han tenido el valor civil durante seis meses de no decir la verdad, yo a partir de ese momento me considero relevado de cualquier tipo de responsabilidad.
¿Qué detalles y de qué casos hablará?
Una vez que se me haga conocer de manera oficial tanto el audio (de Soza) como las transcripciones de la carta de Soza, voy a realizar las declaraciones. Voy a pedir una ampliación de mi declaración y voy a decir todo.
Usted habló del gabinete jurídico, ¿por quiénes está o estaba conformado?
El gabinete jurídico era un ente que se componía de ministros y de viceministros. El gabinete jurídico de esa época estaba conformado por la ministra Nardi Suxo, Wilfredo Chávez, Rubén Saavedra y Héctor Arce.
Romero dice que este gabinete garantiza que se cumplan las leyes, ¿es así?
Le recuerdo al ministro Romero que él nunca dio la talla para formar parte del gabinete jurídico. Romero mal puede decir qué es lo que se hacía porque nunca lo convocaron, porque no tenía la capacidad de estar ahí.
Entonces, ¿cuál era la función de este gabinete jurídico?
El gabinete jurídico conformado por estas personas manipulaba el poder judicial, controlaba el Órgano Judicial, el Ministerio Público para lograr objetivos de sostenibilidad del Gobierno para que la gente esté de su lado.
Usted indica que sabe muchas cosas, ¿qué le dice a las autoridades del Gobierno?
Al Gobierno, nada, ya decidí revelar todo, duela a quien le duela. Pero quiero denunciar que (el ministro) Carlos Romero y el viceministro Jorge Pérez, que se encargan de manejar directamente los hilos de este proceso a través de los fiscales funcionales, que harán de todo para que yo no salga en libertad, porque no tienen ningún elemento para mantenerme preso.
Lo que quieren es que yo esté callado y confinado en el PC 7 de Palmasola, en condiciones infrahumanas.
¿No teme represalias?
Seguramente que a partir de esta declaración la respuesta será brutal, por eso aprovecho para solicitar garantías, no para mí, sino para mi familia.
HOJA DE VIDA
Inicios Trabajó en el Gobierno desde 2006 en la Cancillería y en el Ministerio de Trabajo. De 2007 a 2012 fue asesor del Ministerio de Gobierno.
Datos Está de manera preventiva en Palmasola, acusado de formar parte de la red de extorsión.
Romero: Los exasesores pueden declarar lo que vean conveniente
Página Siete / La Paz
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que los exasesores jurídicos Denis Rodas, Fernando Rivera y Boris Villegas pueden declarar lo que ellos vean conveniente pero "apegados a la verdad”, pues ya no son funcionarios de su ministerio y no están sujetos a ningún secreto de Estado.
"No es el ministro de Gobierno quien les va a decir qué van a declarar y qué no van a declarar, ellos tienen que declarar de acuerdo con su leal saber y entender, y en correspondencia plena con los principios de la ética, de la moral, tienen que declarar lo que sus conciencias les mande a declarar y tienen que declarar con apego a la verdad”, aseveró Romero en una rueda de prensa.
En ese sentido, la autoridad aseveró que él como ministro de Gobierno no tiene nada que establecer en restricciones o límites a las declaraciones que pueda prestar cualquier persona ante el Órgano Judicial.
"Para empezar, nosotros no tenemos ninguna relación directa con autoridades jurisdiccionales, por tanto, ellos no tienen por qué pedirme permiso ni levantar ningún secreto de Estado. Yo les pido que declaren todo lo que tienen que declarar en apego a la verdad”, sostuvo la autoridad.
Rivera y Rodas solicitaron a la comisión de fiscales, que investiga el caso extorsión del exfiscal Marcelo Soza, que el ministro Romero levante el secreto de confidencialidad para que puedan revelar detalles de los casos que involucran al Gobierno para evitar futuras sanciones.
Por otro lado, Villegas denunció ayer que, luego de esperar tres horas en el Tribunal de la Sala Penal Primera de Santa Cruz, por sexta vez se suspendió su audiencia, en el que debería resolverse la acción de libertad -para revertir su detención preventiva- que planteó la pasada gestión.
"Vicente Ávalos, quien dijo ser abogado del Ministerio de Gobierno, solicitó a los jueces suspender la audiencia porque el Ministerio de Gobierno no había sido notificado. Pero cuando se le pidió que presente su credencial, no lo tenía; se le dijo que entregue una copia de su contrato de trabajo con el ministerio, tampoco tenía. Con esas irregularidades suspendieron la audiencia”, denunció Villegas.
El tribunal de Santa Cruz determinó fijar para el próximo lunes, a las 15:30, la audiencia con el fin de resolver la acción de libertad de Villegas , para revertir su detención preventiva.
El pasado lunes, sus colegas Denis Rodas y Fernando Rivera, detenidos preventivamente en el penal de Palmasola (Santa Cruz), pidieron a la comisión de fiscales -con el argumento de que fueron servidores públicos- que investiga la supuesta extorsión de Soza que Romero levante el secreto profesional para revelar información clasificada como secreto de Estado.
Villegas, detenido en Palmasola desde diciembre de 2012, manifestó que se cansó de esperar la "voluntad del Gobierno” y una vez que los fiscales le entreguen los audios y la carta del exfiscal Marcelo Soza, debidamente legalizados, revelará todo.
¿Por qué decidió revelar detalles de casos, clasificados como secreto de Estado, con o sin permiso del ministro Romero?
Esperé pacientemente desde el momento de mi detención, hasta el mes de julio de 2013, para que se pronuncien los ministros y viceministros del Gobierno. Si no han tenido el valor civil durante seis meses de no decir la verdad, yo a partir de ese momento me considero relevado de cualquier tipo de responsabilidad.
¿Qué detalles y de qué casos hablará?
Una vez que se me haga conocer de manera oficial tanto el audio (de Soza) como las transcripciones de la carta de Soza, voy a realizar las declaraciones. Voy a pedir una ampliación de mi declaración y voy a decir todo.
Usted habló del gabinete jurídico, ¿por quiénes está o estaba conformado?
El gabinete jurídico era un ente que se componía de ministros y de viceministros. El gabinete jurídico de esa época estaba conformado por la ministra Nardi Suxo, Wilfredo Chávez, Rubén Saavedra y Héctor Arce.
Romero dice que este gabinete garantiza que se cumplan las leyes, ¿es así?
Le recuerdo al ministro Romero que él nunca dio la talla para formar parte del gabinete jurídico. Romero mal puede decir qué es lo que se hacía porque nunca lo convocaron, porque no tenía la capacidad de estar ahí.
Entonces, ¿cuál era la función de este gabinete jurídico?
El gabinete jurídico conformado por estas personas manipulaba el poder judicial, controlaba el Órgano Judicial, el Ministerio Público para lograr objetivos de sostenibilidad del Gobierno para que la gente esté de su lado.
Usted indica que sabe muchas cosas, ¿qué le dice a las autoridades del Gobierno?
Al Gobierno, nada, ya decidí revelar todo, duela a quien le duela. Pero quiero denunciar que (el ministro) Carlos Romero y el viceministro Jorge Pérez, que se encargan de manejar directamente los hilos de este proceso a través de los fiscales funcionales, que harán de todo para que yo no salga en libertad, porque no tienen ningún elemento para mantenerme preso.
Lo que quieren es que yo esté callado y confinado en el PC 7 de Palmasola, en condiciones infrahumanas.
¿No teme represalias?
Seguramente que a partir de esta declaración la respuesta será brutal, por eso aprovecho para solicitar garantías, no para mí, sino para mi familia.
HOJA DE VIDA
Inicios Trabajó en el Gobierno desde 2006 en la Cancillería y en el Ministerio de Trabajo. De 2007 a 2012 fue asesor del Ministerio de Gobierno.
Datos Está de manera preventiva en Palmasola, acusado de formar parte de la red de extorsión.
Romero: Los exasesores pueden declarar lo que vean conveniente
Página Siete / La Paz
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que los exasesores jurídicos Denis Rodas, Fernando Rivera y Boris Villegas pueden declarar lo que ellos vean conveniente pero "apegados a la verdad”, pues ya no son funcionarios de su ministerio y no están sujetos a ningún secreto de Estado.
"No es el ministro de Gobierno quien les va a decir qué van a declarar y qué no van a declarar, ellos tienen que declarar de acuerdo con su leal saber y entender, y en correspondencia plena con los principios de la ética, de la moral, tienen que declarar lo que sus conciencias les mande a declarar y tienen que declarar con apego a la verdad”, aseveró Romero en una rueda de prensa.
En ese sentido, la autoridad aseveró que él como ministro de Gobierno no tiene nada que establecer en restricciones o límites a las declaraciones que pueda prestar cualquier persona ante el Órgano Judicial.
"Para empezar, nosotros no tenemos ninguna relación directa con autoridades jurisdiccionales, por tanto, ellos no tienen por qué pedirme permiso ni levantar ningún secreto de Estado. Yo les pido que declaren todo lo que tienen que declarar en apego a la verdad”, sostuvo la autoridad.
Rivera y Rodas solicitaron a la comisión de fiscales, que investiga el caso extorsión del exfiscal Marcelo Soza, que el ministro Romero levante el secreto de confidencialidad para que puedan revelar detalles de los casos que involucran al Gobierno para evitar futuras sanciones.
Por otro lado, Villegas denunció ayer que, luego de esperar tres horas en el Tribunal de la Sala Penal Primera de Santa Cruz, por sexta vez se suspendió su audiencia, en el que debería resolverse la acción de libertad -para revertir su detención preventiva- que planteó la pasada gestión.
"Vicente Ávalos, quien dijo ser abogado del Ministerio de Gobierno, solicitó a los jueces suspender la audiencia porque el Ministerio de Gobierno no había sido notificado. Pero cuando se le pidió que presente su credencial, no lo tenía; se le dijo que entregue una copia de su contrato de trabajo con el ministerio, tampoco tenía. Con esas irregularidades suspendieron la audiencia”, denunció Villegas.
El tribunal de Santa Cruz determinó fijar para el próximo lunes, a las 15:30, la audiencia con el fin de resolver la acción de libertad de Villegas , para revertir su detención preventiva.
Abren proceso a juez que aparece con exreclusa
Sobre lo llovido, mojado. A la crisis que soporta el Poder Judicial por la injerencia política, se le sumó ayer un nuevo escándalo relacionado con una fotografía en la que aparece el juez cautelar de Santa Cruz, Wilson Arévalo, con una reclusa procesada por narcotráfico y liberada por él con medidas sustitutivas.
La gráfica fue difundida por el programa televisivo policial Iter Criminis (el camino del delito) y provocó ayer la reacción de las autoridades que decidieron pasar el caso al Consejo de la Magistratura para que se le abra un proceso disciplinario.
Involucrada en narcotráfico. La mujer fue identificada como Valkimia Roncales de Oliveira, de 23 años, estudiante de medicina, detenida el 18 de junio de 2012, cuando pretendía viajar al exterior llevando droga impregnada en varias piezas de prendas de vestir.
El caso radicó en el juzgado de Wilson Arévalo y este inicialmente la envió a la cárcel de Palmasola junto con tres supuestos cómplices. En el expediente se la ve en un consultorio médico ambulante en el penal de Palmasola y luego solicitó su libertad al desaparecer los riesgos procesales de fuga y obstaculización de la justicia.
Es así que el 11 de octubre de 2013 se lleva a cabo una nueva audiencia de cesación a la detención en la que ella sale con medidas sustitutivas, entre ellas arraigo, presentación de garantes y la obligación de presentarse periódicamente a la justicia.
Según el programa Iter Criminis, una vez en libertad, la reclusa aparece en la fotografía el 1 de febrero de 2014 con el juez en un local nocturno.
Juez vinculado a red de extorsión. El juez Arévalo estuvo detenido vinculado con la presunta red de extorsión del caso Ostreicher junto con los exabogados del Gobierno, Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas.
También tiene medidas sustitutivas a la detención y la prohibición de salir a fiestas o aparecer públicamente en locales nocturnos.
Arévalo niega todo. Tras la publicación de la fotografía, Arévalo fue convocado ayer en la mañana por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero. En la antesala, este negó tener alguna vinculación sentimental con la exreclusa y señaló que desconocía la existencia de esa imagen. Explicó que asistió a un cumpleaños en un domicilio particular y él no sabe de su entorno familiar y ni recordaba que ella fue detenida y liberada por su autoridad, pues en su juzgado tiene 7 mil causas.
El presidente del Tribunal, Salguero, indicó que esas explicaciones las tiene que dar en un proceso disciplinario que le abrirá el Consejo de la Magistratura, pues se trata de una "inconducta".
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que no da credibilidad a las fotografías o videos y pidió que sea el mismo juez, quien dé una explicación.
"Se trata de una inconducta que tiene que ver con la ética de un administrador de justicia. Pone en juego la imparcialidad con la que pudo haber actuado al liberarla"
Mirael Salguero
Pdte del Tribunal de Justicia
"En mi juzgado tengo 7 mil causas y no me acuerdo de ella. Me han podido tomar esa fotografía en un cumpleaños, no me acuerdo, no voy a arriesgar mi trabajo ni mi hogar"
Wilson Arévalo
Juez Cautelar de Santa Cruz
Presupuesto
Recorte perjudica al Palacio
Planes. El presidente delTribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero, dijo que varias obras que se pensaban ejecutar el presente año quedarán truncadas debido a un recorte de unos 3 millones.
Nuevas salas. Pensaban realizar algunos cambios en la infraestructura del Palacio de Justicia para adecuar nuevos ambientes para los juicios orales en materia civil, considerando que deben haber espacios para las audiencias de conciliación entre partes.
Central de notificaciones. Pero donde se nota más el recorte es en la central de notificaciones, pues solamente les han asignado 8 mil bolivianos, siendo que otros distritos más chicos como Oruro o Potosí tienen 985 mil o 275 mil en departamentos, por esa razón están realizando una representación.
La gráfica fue difundida por el programa televisivo policial Iter Criminis (el camino del delito) y provocó ayer la reacción de las autoridades que decidieron pasar el caso al Consejo de la Magistratura para que se le abra un proceso disciplinario.
Involucrada en narcotráfico. La mujer fue identificada como Valkimia Roncales de Oliveira, de 23 años, estudiante de medicina, detenida el 18 de junio de 2012, cuando pretendía viajar al exterior llevando droga impregnada en varias piezas de prendas de vestir.
El caso radicó en el juzgado de Wilson Arévalo y este inicialmente la envió a la cárcel de Palmasola junto con tres supuestos cómplices. En el expediente se la ve en un consultorio médico ambulante en el penal de Palmasola y luego solicitó su libertad al desaparecer los riesgos procesales de fuga y obstaculización de la justicia.
Es así que el 11 de octubre de 2013 se lleva a cabo una nueva audiencia de cesación a la detención en la que ella sale con medidas sustitutivas, entre ellas arraigo, presentación de garantes y la obligación de presentarse periódicamente a la justicia.
Según el programa Iter Criminis, una vez en libertad, la reclusa aparece en la fotografía el 1 de febrero de 2014 con el juez en un local nocturno.
Juez vinculado a red de extorsión. El juez Arévalo estuvo detenido vinculado con la presunta red de extorsión del caso Ostreicher junto con los exabogados del Gobierno, Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas.
También tiene medidas sustitutivas a la detención y la prohibición de salir a fiestas o aparecer públicamente en locales nocturnos.
Arévalo niega todo. Tras la publicación de la fotografía, Arévalo fue convocado ayer en la mañana por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero. En la antesala, este negó tener alguna vinculación sentimental con la exreclusa y señaló que desconocía la existencia de esa imagen. Explicó que asistió a un cumpleaños en un domicilio particular y él no sabe de su entorno familiar y ni recordaba que ella fue detenida y liberada por su autoridad, pues en su juzgado tiene 7 mil causas.
El presidente del Tribunal, Salguero, indicó que esas explicaciones las tiene que dar en un proceso disciplinario que le abrirá el Consejo de la Magistratura, pues se trata de una "inconducta".
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que no da credibilidad a las fotografías o videos y pidió que sea el mismo juez, quien dé una explicación.
"Se trata de una inconducta que tiene que ver con la ética de un administrador de justicia. Pone en juego la imparcialidad con la que pudo haber actuado al liberarla"
Mirael Salguero
Pdte del Tribunal de Justicia
"En mi juzgado tengo 7 mil causas y no me acuerdo de ella. Me han podido tomar esa fotografía en un cumpleaños, no me acuerdo, no voy a arriesgar mi trabajo ni mi hogar"
Wilson Arévalo
Juez Cautelar de Santa Cruz
Presupuesto
Recorte perjudica al Palacio
Planes. El presidente delTribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero, dijo que varias obras que se pensaban ejecutar el presente año quedarán truncadas debido a un recorte de unos 3 millones.
Nuevas salas. Pensaban realizar algunos cambios en la infraestructura del Palacio de Justicia para adecuar nuevos ambientes para los juicios orales en materia civil, considerando que deben haber espacios para las audiencias de conciliación entre partes.
Central de notificaciones. Pero donde se nota más el recorte es en la central de notificaciones, pues solamente les han asignado 8 mil bolivianos, siendo que otros distritos más chicos como Oruro o Potosí tienen 985 mil o 275 mil en departamentos, por esa razón están realizando una representación.
Juez puede perder libertad por compartir con procesada
El juez cautelar Wilson Arévalo, que goza de medidas sustitutivas en el caso de la red de extorsión denunciado por el estadounidense Jacob Ostreicher, está a punto de perder su libertad tras aparecer en fotografías compartiendo con una procesada por narcotráfico a quien él le concedió libertad.
Un canal de TV mostró las fotografías. El juzgador admitió que compartió, pero dijo que fue solo media hora. Mientras tanto, la coordinadora de la Fiscalía de Sustancias Controladas, Mabel Andrade, que conoce el caso de la red de extorsión, dijo que Arévalo está limitado a actos de diversión y que se analiza la posibilidad de pedir al juez que conoce la causa, José Subieta, que le revoque la libertad.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero, pidió un informe de este caso al juez para que explique las circunstancias de la fotografía y las causas del porqué incumplía una orden judicial. Salguero dijo que el juez debe responder con un informe
Un canal de TV mostró las fotografías. El juzgador admitió que compartió, pero dijo que fue solo media hora. Mientras tanto, la coordinadora de la Fiscalía de Sustancias Controladas, Mabel Andrade, que conoce el caso de la red de extorsión, dijo que Arévalo está limitado a actos de diversión y que se analiza la posibilidad de pedir al juez que conoce la causa, José Subieta, que le revoque la libertad.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero, pidió un informe de este caso al juez para que explique las circunstancias de la fotografía y las causas del porqué incumplía una orden judicial. Salguero dijo que el juez debe responder con un informe
jueves, 27 de marzo de 2014
Embargan predio de ‘Pepelucho’ por uso arbitrario de dinero
La Alcaldía de El Alto embargó un inmueble del exalcalde José Luis Paredes (Pepelucho), bajo el alegato de que cuando era autoridad municipal dispuso arbitrariamente de recursos económicos valuados hoy en $us 20.000.
El director general de Asesoría Jurídica del gobierno local, Abraham Aliaga, explicó que el monto que dispuso Paredes en 2005 alcanzó a $us 3.900; sin embargo, la deuda actualizada mediante la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) llega a $us 20.000.
El inmueble es un terreno de 649 metros cuadrados y está ubicado en el sector de las antenas de Ciudad Satélite, en el límite entre La Paz y El Alto. Se halla inscrito en Derechos Reales a nombre de Paredes. En el interior del lote se encuentra a media construcción una torre de cemento que en la parte alta debía tener un restaurante mirador giratorio.
Debate. Aliaga sostuvo que la Jueza 2° de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario emitió el mandamiento de embargo, razón por la cual ayer se hizo el precintado del inmueble. “Estamos haciendo cumplir esta disposición, que es el producto de un trabajo realizado en el proceso que se inició contra el exalcalde”.
El responsable de Asesoría Jurídica de El Alto junto al oficial de diligencias del Juzgado 2° Coactivo Fiscal de la ciudad de La Paz llegaron el miércoles en la mañana al terreno y le pusieron el precintado de embargado. Estuvieron acompañados por efectivos de la Guardia Municipal. En una de las paredes escribieron con tinta roja “embargado, propiedad GAMEA”.
Para Eduardo León, exabogado de Paredes, esta medida es un abuso con el que la Alcaldía pretende apropiarse de este bien. “Siempre hubo una tendencia de apropiarse de los bienes de Pepelucho, lo que han hecho es un avasallamiento, un allanamiento”.
La Razón se comunicó con uno de los sobrinos cercanos de Paredes, quien dijo que la familia nunca fue notificada ni informada sobre este proceso. “Vamos a reunirnos en familia, vamos a valorar la información porque nos estamos enterando por este medio y no por las autoridades respectivas sobre lo que está sucediendo”.
Aliaga aseguró que los predios se hallan en la jurisdicción de El Alto; pero León indicó que el terreno se encuentra ubicado dentro de los límites de La Paz. El director de Asuntos Jurisdiccionales del gobierno local, Jorge García, aclaró que el proceso que se le sigue a Pepelucho no es por apropiación de recursos económicos, sino por disposición de éstos.
“De esos recursos que en su momento llegaron a más de 3.000 dólares, está el uso en caja chica, fondos de avance de obras, fondos en comisión o que no haya seguido algún procedimiento de acuerdo con la normativa administrativa y económica”, remarcó.
En 2007 se inició un proceso coactivo fiscal por la disposición arbitraria de este dinero. “Como autoridad, él no podía disponer de los recursos de la Alcaldía, que son del Estado. Lo que se está haciendo es embargar el inmueble para recuperar los montos no respondidos en su momento”.
Aliaga resaltó que Paredes tiene 90 días, a partir de la fecha del embargo, para devolver el monto. “Una vez venza ese plazo y si el propietario no ha hecho nada para demostrar que no tuvo responsabilidad y no devuelva los montos, el inmueble será rematado”. El Colegio de Arquitectos de esta ciudad hará el avalúo del terreno. “Me imagino que supera los 100.000 dólares”, calculó.
Buscan a exalcalde Clavijo
Flavio Clavijo, exalcalde de El Alto por Conciencia de Patria (Condepa), es buscado por la Justicia. Actualmente pesa sobre él una orden de apremio nacional, informó el director general de Asesoría Jurídica de la Alcaldía, Abraham Aliaga.
El exburgomaestre es buscado por varios delitos de orden administrativo, económico y penal, supuestamente cometidos durante su gestión. Clavijo fue elegido en su cargo en dos oportunidades, desde 1989 hasta 1995. Sin embargo, fue sometido a un proceso legal desde 1996 tras ser acusado por la apropiación de Bs 20 millones, desvío de recursos económicos, malversación en la compra de vehículos y la adulteración de facturas, entre otros.
“La dirección jurídica está actuando en contra de las exautoridades que dañaron económicamente a la Alcaldía. Existe un mandamiento de apremio en contra de Clavijo, por apropiación indebida de recursos económicos”, aclaró Aliaga.
El funcionario edil sostuvo que ante la imposibilidad de determinar el paradero de Clavijo, se apunta a notificar a la Policía Internacional (Interpol) para que colabore en su búsqueda. “No se sabe dónde está, si escapó al interior de Bolivia o a un país vecino”, acotó.
El abogado no detalló las acusaciones en contra de Clavijo y se limitó a señalar que la información será dada a conocer en conferencia de prensa, en la que también se informará sobre procesos en contra de otros exalcaldes. Adelantó que, por ejemplo, José Luis Paredes tiene en su contra 40 procesos administrativos y económicos.
El exabogado de Paredes Eduardo León respondió que no existen procesos fundamentados en contra de la exautoridad. “Lo que quieren es tener el control de sus bienes, para ello están presentando pruebas sin fundamento legal, sin un sustento, todo es un acto forzado”. Sin embargo, Aliaga insistió en que se demostrarán los casos en los que estaría implicado el exalcalde alteño.
Oposición atacará al MAS con casos de corrupción
La oposición tiene claro el mensaje que difundirá en la campaña electoral de este año para intentar restar votos al MAS. Recurrirá a las denuncias de corrupción para demostrar, según dirigentes del MSM y de los demócratas, que en el Gobierno de Evo Morales se acentuaron los casos de irregularidades en los diferentes niveles, así como el aumento del narcotráfico. Además, apuntarán al tráfico de influencia en la Vicepresidencia, en alusión al caso en que está involucrada la cuñada de Álvaro García Linera.
Por ahora, los equipos del Movimiento Sin Miedo y los demócratas trabajarán, de manera separada, en la organización de sus estructuras partidarias en los distritos, circunscripciones y departamentales, a fin de que la línea discursiva baje a las bases para concienciar a los electores sobre la importancia de cuidar el voto el día de los comicios, explicaron los dirigentes Roy Moroni y José María Leyes, de los demócratas, y de los ‘sin miedo’, Edwin Herrera y Marcela Revollo.
Moroni dijo que las pruebas más claras del descontrol de la corrupción son las redes de extorsión, que vincula a expersoneros del Gobierno. En esta supuesta red mencionó la detención del ex ‘zar’ antidrogas René Sanabria, preso en Estados Unidos acusado de sacar 4,7 toneladas de cocaína a ocho países, y del mayor Mario Fabricio Ormachea, miembro de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Policía, también preso en Estados Unidos sindicado de extorsionar al empresario boliviano Humberto Roca para dar por terminado el proceso que enfrenta por enriquecimiento ilícito.
Suben el tono
El diputado cruceño Franklin Garvizu, del MAS, afirmó que la oposición política emprendió una “campaña satánica” contra el MAS y el Gobierno de Evo Morales con la finalidad de desgastar la imágen del jefe de Estado y del vicepresidente Álvaro García Linera, con miras a las elecciones generales.
“Con estos ataques queda claro el tipo de conducta que tienen, y ante la incapacidad de ofrecer un buen programa de Gobierno se dedican a atacar”, afirmó Garvizu.
Por su lado, el presidente del Senado, Eugenio Rojas, denunció que el Movimiento Sin Miedo se concentra en un grupo de familias, empezando por su líder, Juan Del Granado, y su esposa Marcela Revollo. Rojas hizo esas declaraciones luego de que Del Granado afirmó que el Gobierno instaló 'redes familiares que están ocupando cargos públicos
Para saber
Alistan reunión
Juan del Granado, del MSM, anunció que la próxima semana se debatirá con el líder de los demócratas, Rubén Costas, quién será el candidato presidencial en caso de que decida firmar una alianza.
Bajan a las bases
Tras la reunión que sostuvo Costas y Del Granado, los líde-res regionales de los demócra-tas explicarán a sus bases los 10 puntos de consenso a los que arribaron con el Movimiento Sin Miedo.
Por ahora, los equipos del Movimiento Sin Miedo y los demócratas trabajarán, de manera separada, en la organización de sus estructuras partidarias en los distritos, circunscripciones y departamentales, a fin de que la línea discursiva baje a las bases para concienciar a los electores sobre la importancia de cuidar el voto el día de los comicios, explicaron los dirigentes Roy Moroni y José María Leyes, de los demócratas, y de los ‘sin miedo’, Edwin Herrera y Marcela Revollo.
Moroni dijo que las pruebas más claras del descontrol de la corrupción son las redes de extorsión, que vincula a expersoneros del Gobierno. En esta supuesta red mencionó la detención del ex ‘zar’ antidrogas René Sanabria, preso en Estados Unidos acusado de sacar 4,7 toneladas de cocaína a ocho países, y del mayor Mario Fabricio Ormachea, miembro de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Policía, también preso en Estados Unidos sindicado de extorsionar al empresario boliviano Humberto Roca para dar por terminado el proceso que enfrenta por enriquecimiento ilícito.
Suben el tono
El diputado cruceño Franklin Garvizu, del MAS, afirmó que la oposición política emprendió una “campaña satánica” contra el MAS y el Gobierno de Evo Morales con la finalidad de desgastar la imágen del jefe de Estado y del vicepresidente Álvaro García Linera, con miras a las elecciones generales.
“Con estos ataques queda claro el tipo de conducta que tienen, y ante la incapacidad de ofrecer un buen programa de Gobierno se dedican a atacar”, afirmó Garvizu.
Por su lado, el presidente del Senado, Eugenio Rojas, denunció que el Movimiento Sin Miedo se concentra en un grupo de familias, empezando por su líder, Juan Del Granado, y su esposa Marcela Revollo. Rojas hizo esas declaraciones luego de que Del Granado afirmó que el Gobierno instaló 'redes familiares que están ocupando cargos públicos
Para saber
Alistan reunión
Juan del Granado, del MSM, anunció que la próxima semana se debatirá con el líder de los demócratas, Rubén Costas, quién será el candidato presidencial en caso de que decida firmar una alianza.
Bajan a las bases
Tras la reunión que sostuvo Costas y Del Granado, los líde-res regionales de los demócra-tas explicarán a sus bases los 10 puntos de consenso a los que arribaron con el Movimiento Sin Miedo.
128 expedientes del juicio por terrorismo están en otro juzgado
El Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz recibió 128 cuerpos de expedientes del proceso por el caso terrorismo. Los nuevos dos jueces técnicos iniciaron el análisis de las últimas actas para después fijar hora y fecha para instalar la audiencia, donde se resolverán la recusación de dos juezas ciudadanas del Tribunal Primero, que fueron cuestionadas por Ignacio Villa Vargas, a través de su abogado, que denunció que hay afinidad de dichas juezas con personeros vinculados al Gobierno.
El presidente del Tribunal Primero, Sixto Fernández, confirmó a EL DEBER la remisión del voluminoso expediente.
Señaló que previo a la entrega se subsanaron varias observaciones hechas por los abogados defensores de los enjuiciados como por ejemplo el foliado ordenado de los cuerpos.
Las juezas recusadas por Ignacio Villa Vargas son Anastasia Calisaya y Sonia Mamani. Una fue sindicada de tener a un familiar trabajando en el Ministerio de Transparencia y la otra por una supuesta relación sentimental con un personero del actual Gobierno.
El juez Fernández aseguró que la nueva audiencia debe ser instalada por los jueces del Tribunal Segundo, que ya tienen el control jurisdiccional.
Una vez radicado el polémico expediente, lo que se espera son las notificaciones a los mismos jueces del Tribunal Primero y a la defensa del procesado Ignacio Villa, así como a los fiscales y a los personeros del Ministerio de Gobierno.
La audiencia, en Santa Cruz Para los abogados de los procesados en el caso terrorismo, los nuevos jueces deben necesariamente trasladarse a Santa Cruz para celebrar la audiencia.
El jurista Gary Prado, que defiende a su padre, el Gral. Gary Prado Salmón, explicó que el demandante que recusó a las juezas es Villa Vargas, por lo que debe estar necesariamente en la audiencia según los procedimientos. Recordó que Vargas está imposibilitado de trasladarse a La Paz por razones de salud.
No legalizan la carta de Soza
Por otra parte, Otto Ritter, abogado de Zvonko Matkovic, denunció que el consulado de Bolivia en Brasil está obstruyendo la legalización de la carta firmada por el exfiscal Marcelo Soza.
El embajador Jerjes Justiniano informó a un periódico de La Paz que el exfiscal Soza dejó una carta en el consulado boliviano en Brasilia, pero que no la legalizó porque no tramitó el reconocimiento de firma.
Para Ritter, lo señalado por el embajador Justiniano es una muestra de que se está obstruyendo el caso, por lo que lo denunciará por obstaculización e incumplimiento de deberes
El gabinete jurídico
1 El exdirector de Régimen Interior Boris Villegas ratificó su carta del 2 de julio de 2013 que los casos de seguridad del Estado y de relevancia social son manejados por el gabinete jurídico conformado por Nardi Suxo, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, Rubén Saavedra y Héctor Arce.
2 La senadora Carmen Eva Gonzales identificó a los ministros Carlos Romero, Ramón Quintana y Nardy Suxo, y al fiscal Ramiro Guerrero de manejar el gabinete jurídico.
El presidente del Tribunal Primero, Sixto Fernández, confirmó a EL DEBER la remisión del voluminoso expediente.
Señaló que previo a la entrega se subsanaron varias observaciones hechas por los abogados defensores de los enjuiciados como por ejemplo el foliado ordenado de los cuerpos.
Las juezas recusadas por Ignacio Villa Vargas son Anastasia Calisaya y Sonia Mamani. Una fue sindicada de tener a un familiar trabajando en el Ministerio de Transparencia y la otra por una supuesta relación sentimental con un personero del actual Gobierno.
El juez Fernández aseguró que la nueva audiencia debe ser instalada por los jueces del Tribunal Segundo, que ya tienen el control jurisdiccional.
Una vez radicado el polémico expediente, lo que se espera son las notificaciones a los mismos jueces del Tribunal Primero y a la defensa del procesado Ignacio Villa, así como a los fiscales y a los personeros del Ministerio de Gobierno.
La audiencia, en Santa Cruz Para los abogados de los procesados en el caso terrorismo, los nuevos jueces deben necesariamente trasladarse a Santa Cruz para celebrar la audiencia.
El jurista Gary Prado, que defiende a su padre, el Gral. Gary Prado Salmón, explicó que el demandante que recusó a las juezas es Villa Vargas, por lo que debe estar necesariamente en la audiencia según los procedimientos. Recordó que Vargas está imposibilitado de trasladarse a La Paz por razones de salud.
No legalizan la carta de Soza
Por otra parte, Otto Ritter, abogado de Zvonko Matkovic, denunció que el consulado de Bolivia en Brasil está obstruyendo la legalización de la carta firmada por el exfiscal Marcelo Soza.
El embajador Jerjes Justiniano informó a un periódico de La Paz que el exfiscal Soza dejó una carta en el consulado boliviano en Brasilia, pero que no la legalizó porque no tramitó el reconocimiento de firma.
Para Ritter, lo señalado por el embajador Justiniano es una muestra de que se está obstruyendo el caso, por lo que lo denunciará por obstaculización e incumplimiento de deberes
El gabinete jurídico
1 El exdirector de Régimen Interior Boris Villegas ratificó su carta del 2 de julio de 2013 que los casos de seguridad del Estado y de relevancia social son manejados por el gabinete jurídico conformado por Nardi Suxo, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, Rubén Saavedra y Héctor Arce.
2 La senadora Carmen Eva Gonzales identificó a los ministros Carlos Romero, Ramón Quintana y Nardy Suxo, y al fiscal Ramiro Guerrero de manejar el gabinete jurídico.
miércoles, 26 de marzo de 2014
ONU pide liberar a Tóásó y que 'se aclare la verdad'
El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Denis Racicot, pidió ayer llegar a la verdad jurídica en el caso Rózsa, así como en todos los casos que llevan años sin resolverse, para evitar impunidad.
“Qué ha hecho ese servidor público, es una cosa que deberíamos investigarlo a fondo aquí en el país y que eso sea también sujeto a un juicio al interior del país para que el público tenga en algún momento una verdad judicial y tenga confianza, y sobre el caso terrorismo en el mismo sentido”, manifestó Racicot en declaraciones a Erbol.
Marcelo Soza, exfiscal del llamado caso terrorismo, abandonó el país el pasado 11 de marzo bajo el argumento de que en Bolivia no existen las garantías para ser procesado por cargos de extorsión.
Torturas y libertad. Asimismo Racicot recordó que en 2011 el organismo internacional determinó que la detención del húngaro Elöd Tóásó, acusado por terrorismo, viola sus derechos, por lo que pedía su libertad.
En un comunicado enviado al Gobierno, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU destaca que "la privación de la libertad de Elöd Tóásó ha violado los derechos humanos consagrados en los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 2, 3, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en consecuencia, es arbitraria”.
Tóásó es uno de los sobrevivientes del operativo en el hotel Las Américas junto al boliviano croata, Mario Tadic, el 16 de abril del 2009, donde murieron Eduardo Rózsa, supuesto cabecilla de la red subversiva y dos acompañantes.
Carta de Soza. Por su parte Otto Ritter, abogado defensor del militar retirado Gary Prado, uno de los 38 procesados, dijo ayer que espera que la Cancillería de Bolivia legalice la carta del exfiscal Marcelo Soza para presentarla al juzgado que corresponda con un incidente de nulidad por defecto absoluto, para que se extinga el caso. En la misiva, Soza confiesa que en las investigaciones del llamado caso Terrorismo fue utilizado políticamente para implicar a dirigentes cívicos autonomistas; revela además la compra de testigos y deslinda responsabilidad en los supuestos "excesos" cometidos en el hotel Las Américas.
Por su parte, Guido Colque, defensor de Ignacio Villa Vargas, denunció que la recusación del Tribunal Primero no se resuelve debido a la mala foliación del expediente.
Proceso contra Soza
Senadora se queja por falta de transparencia en el caso extorsión
Hermetismo. La senadora Carmen Eva Gonzales, impulsora del juicio por extorsión contra el exfiscal Marcelo Soza, se quejó ayer porque los fiscales se niegan a mostrarle el cuadernillo de investigaciones; en una actitud sospechosa. Por esa razón ayer sostuvo una reunión con la fiscal de Distrito, Marina Flores.
Declaraciones. Los últimos en declarar fueron los exabogados del Gobierno, Fernando Rivera, Boris Villegas, Denis Rodas y el exfiscal, Edward Mollinedo; este último reveló la existencia de un gabinete jurídico donde se planificaban los juicios en contra de los opositores y la injerencia en la justicia.
“Qué ha hecho ese servidor público, es una cosa que deberíamos investigarlo a fondo aquí en el país y que eso sea también sujeto a un juicio al interior del país para que el público tenga en algún momento una verdad judicial y tenga confianza, y sobre el caso terrorismo en el mismo sentido”, manifestó Racicot en declaraciones a Erbol.
Marcelo Soza, exfiscal del llamado caso terrorismo, abandonó el país el pasado 11 de marzo bajo el argumento de que en Bolivia no existen las garantías para ser procesado por cargos de extorsión.
Torturas y libertad. Asimismo Racicot recordó que en 2011 el organismo internacional determinó que la detención del húngaro Elöd Tóásó, acusado por terrorismo, viola sus derechos, por lo que pedía su libertad.
En un comunicado enviado al Gobierno, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU destaca que "la privación de la libertad de Elöd Tóásó ha violado los derechos humanos consagrados en los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 2, 3, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en consecuencia, es arbitraria”.
Tóásó es uno de los sobrevivientes del operativo en el hotel Las Américas junto al boliviano croata, Mario Tadic, el 16 de abril del 2009, donde murieron Eduardo Rózsa, supuesto cabecilla de la red subversiva y dos acompañantes.
Carta de Soza. Por su parte Otto Ritter, abogado defensor del militar retirado Gary Prado, uno de los 38 procesados, dijo ayer que espera que la Cancillería de Bolivia legalice la carta del exfiscal Marcelo Soza para presentarla al juzgado que corresponda con un incidente de nulidad por defecto absoluto, para que se extinga el caso. En la misiva, Soza confiesa que en las investigaciones del llamado caso Terrorismo fue utilizado políticamente para implicar a dirigentes cívicos autonomistas; revela además la compra de testigos y deslinda responsabilidad en los supuestos "excesos" cometidos en el hotel Las Américas.
Por su parte, Guido Colque, defensor de Ignacio Villa Vargas, denunció que la recusación del Tribunal Primero no se resuelve debido a la mala foliación del expediente.
Proceso contra Soza
Senadora se queja por falta de transparencia en el caso extorsión
Hermetismo. La senadora Carmen Eva Gonzales, impulsora del juicio por extorsión contra el exfiscal Marcelo Soza, se quejó ayer porque los fiscales se niegan a mostrarle el cuadernillo de investigaciones; en una actitud sospechosa. Por esa razón ayer sostuvo una reunión con la fiscal de Distrito, Marina Flores.
Declaraciones. Los últimos en declarar fueron los exabogados del Gobierno, Fernando Rivera, Boris Villegas, Denis Rodas y el exfiscal, Edward Mollinedo; este último reveló la existencia de un gabinete jurídico donde se planificaban los juicios en contra de los opositores y la injerencia en la justicia.
Otto Richter sostiene que García Linera contrató a Rózsa
El abogado Otto Richter, quien defiende a los acusados del caso Terrorismo; Gary Prado Salmón y Zvonko Matkovic, presume que quien trajo al húngaro-croata-boliviano, Eduardo Rózsa Flores, a Bolivia (supuesto líder separatista) fue el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, con el supuesto propósito de matar al presidente Evo Morales y asumir la presidencia del país.
Según el jurista, el traslado a Bolivia del grupo separatista liderado por Rózsa tenía el objetivo de planificar y cometer actos terroristas en el país, principalmente en Santa Cruz para responsabilizar a la oposición cruceña, según ANF.
"Muerto Evo Morales asumía la presidencia Álvaro García Linera, por eso son los mails que hay de camarada Linera, los contactos con Linera, esto fue una conspiración para matarlo a Evo Morales y echarle la culpa a los cruceños", dijo Richter a radio Fides.
Richter reiteró su solicitud de extinguir el caso Terrorismo, no solo por la nota enviada por el exfiscal Soza desde Brasil, donde dice haber recibido presiones del Gobierno cuando investigaba el caso, sino también por estos presuntos intereses de García Linera para constituirse, supuestamente, en el presidente del país.
Según el jurista, el traslado a Bolivia del grupo separatista liderado por Rózsa tenía el objetivo de planificar y cometer actos terroristas en el país, principalmente en Santa Cruz para responsabilizar a la oposición cruceña, según ANF.
"Muerto Evo Morales asumía la presidencia Álvaro García Linera, por eso son los mails que hay de camarada Linera, los contactos con Linera, esto fue una conspiración para matarlo a Evo Morales y echarle la culpa a los cruceños", dijo Richter a radio Fides.
Richter reiteró su solicitud de extinguir el caso Terrorismo, no solo por la nota enviada por el exfiscal Soza desde Brasil, donde dice haber recibido presiones del Gobierno cuando investigaba el caso, sino también por estos presuntos intereses de García Linera para constituirse, supuestamente, en el presidente del país.
Caso Rózsa puede ser anulado, según juristas
De ser auténtica la carta que el exfiscal Marcelo Soza dirigió “Al pueblo de Bolivia”, como aseguró ayer el abogado Otto Richter, los defensores de los acusados por el caso Rózsa estarían en el derecho de solicitar la anulación de obrados, pues se habrían contaminado las pruebas, según expresaron ayer los expertos en derecho José Antonio Rivera, Cayo Salinas y Omar Arandia.
Richter, abogado de Zvonko Matkovic y Gary Prado Salmón, dos de los 29 acusados en el caso terrorismo, mostró ayer documentos que según él certifican que la misiva de Soza es auténtica. “La carta fue presentada ante un notario y ha sido debidamente legalizada en Brasil, inclusive la Cancillería brasileña ha legalizado el documento”, afirmó el jurista a Erbol.
En tanto, ayer una comisión parlamentaria formada por disidentes del MAS y opositores decidió investigar las irregularidades del caso terrorismo y la fuga de Soza, pese al rechazo del oficialismo.
“El motivo fundamental (de mi viaje a Brasil) fue ir a verificar si lo que se decía en el país de que la carta de Soza era ‘supuesta’, (pero) hoy en día ya podemos decir con absoluta certeza que esa carta sí es de Soza”, afirmó el abogado Otto Richter, al mostrar el sello de la cancillería brasileña en la misiva.
Frente a esas aseveraciones, Los Tiempos consultó a los analistas del campo jurídico.
El constitucionalista Antonio Rivera dijo que en el caso hipotético que se compruebe la autenticidad de la carta, podría dar lugar a anular los obrados en el proceso.
Según Rivera, la confirmación develaría que el proceso de investigación que Soza realizó ha sido constituido con violación de los derechos fundamentales.
Argumentó que el artículo 13 de la Ley 1970 del actual Código de Procedimiento Penal de manera extensa dispone que las pruebas obtenidas con violación de los derechos consagrados por la Constitución Política del Estado (CPE) y los tratados y convenciones carecen de todo valor probatorio.
“Aquellas pruebas fueron obtenidas con torturas, amenazas, presiones”, dijo Rivera, haciendo una analogía con la carta que presuntamente Soza escribió donde dice haber actuado bajo presión de miembros del Poder Ejecutivo.
El constitucionalista Cayo Salinas dijo que si se prueba la veracidad sobre lo que el exfiscal Soza ha afirmado, la prueba estaría contaminada y por tanto se debería enviar el proceso a fojas cero, lo que no significa que el proceso no continúe su curso.
“Si se comprueba que la prueba fue contaminada, obtenida ilícitamente, violándose procesos procesales y constitucionales, el proceso tiene que ir a fojas cero”, dijo Salinas.
Finalmente, el director de postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Omar Arandia, manifestó que de comprobarse la autenticidad de la carta, se constituiría en “elemento que desvaloriza la presunta investigación”.
La carta
“Esto es la comprobación, una vez más, de que este caso fue armado por el Gobierno. El caso terrorismo fue armado por el Gobierno sobre base de pericias falsas, lo dice Soza; todo para tratar de incriminar y perseguir a líderes de la oposición en Santa Cruz y en todo el país, este es un caso eminentemente político”, insistió Richter.
Para el abogado, está absolutamente claro y comprobado ese supuesto montaje del caso denominado terrorismo. Aseguró que la defensa de los implicados en este proceso está en condiciones de probar dicha versión.
“Nosotros siempre dijimos que estamos en condiciones de probar y que al señor (Eduardo) Rozsa lo trae el Gobierno boliviano, le paga sus pasajes un exministro venezolano, un militar venezolano, eso está comprobado. El atentado a la casa del Cardenal (Julio Terrazas) fue cometido por funcionarios del Ministerio de Gobierno: Clavijo, Andrade y la policía Marilyn, al igual que el atentado a la casa de Saúl Ávalos”, sostuvo.
Declaraciones falsas
En tanto, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, alertó ayer sobre declaraciones “desaprensivas” de personas implicadas en separatismo que buscan involucrar al Gobierno con el caso terrorismo,
“Algunos abogados que no tienen ética declaran cosas como que el Gobierno habría traído a este grupo separatista con recursos de Venezuela”, señaló y aseguró que esas versiones son “absolutamente falsas”
La ONU observa lentitud
El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Dennis Racicot, afirmó ayer que la credibilidad del sistema judicial de Bolivia está de por medio en el denominado caso terrorismo.
“Está de por medio la credibilidad del sistema judicial en el país, a nivel penal que este juicio tenga resultado, en su momento, y no en sentido o en el otro. Por el momento observamos que la justicia ha sido lenta y que han habido varios problemas y que el caso en sí refleja todos los problemas de la justicia en el país, en estos momentos”, afirmó en un contacto con los periodistas.
A su juicio, es necesario que la justicia boliviana dé celeridad a ese proceso, porque podría perder el sentido como proceso jurídico.
“Al ver un caso tan mediatizado que dura cuatro años, uno llega a perder el sentido del juicio como tal”,dijo.
El caso extorsión
El exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, afirmó que para levantar el secreto de Estado de un determinado tema, los interesados pueden acudir a la autoridad judicial del caso, quien tendría las facultades de levantar estas reservas o secretos.
Las declaraciones de este tema surgen a propósito de la solicitud a una comisión de fiscales de Dennis Rodas y Fernando Rivera, exabogados del Ministerio de Gobierno, para que se les permita dar a conocer información confidencial a la que tuvieron acceso como funcionarios públicos, esto dentro del caso de extorsión que involucra al exfiscal Marcelo Soza. “Ellos si tienen algún compromiso deberían acceder a los canales respectivos para levantar ese compromiso como lo hace el abogado por ejemplo cuando recibe información de su cliente. Creo que una autoridad judicial es la responsable”,dijo Chávez.
FORMAN COMISIÓN DE JUSTICIA Y VERDAD
Un grupo de diputados del Movimiento Sin Miedo (MSM), de Convergencia Nacional (CN) y disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) conformaron ayer una comisión denominada “justicia y verdad” para fiscalizar las investigaciones de los casos terrorismo, red de extorsión, Chaparina, del exmayor Fabricio Ormachea y del exfiscal Marcelo Soza.
En conferencia de prensa, la expresidenta de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), dejó en claro que esta comisión no busca hallar a los culpables, sino simplemente fiscalizar el rol que están realizando los servidores públicos sobre estos casos.
Sobre la conformación de esta comisión, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), rechazó la misma.
Recordó que el artículo 41 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, referido a la conformación de comisiones especiales señala: “La cámara por voto de dos tercios podrá crear comisiones especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requiera tramitación extraordinaria”.
En ese sentido, Elío dijo que la comisión conformada por los diputados Fabián Yaksic (MSM), Rebeca Delgado (MAS) y otras autoridades de la oposición no cumple ningún requisito del reglamento.
“No existe ninguna comisión especial (…) es un show mediático que están haciendo estos diputados”, dijo.
Atribuciones
“En merito a nuestras atribuciones constitucionales (…) ante la negativa de una institución democrática de cumplir su función de fiscalización, hemos tomado la decisión aquí los diputados de conformar esta comisión de investigación con nuestra labor de fiscalización”, afirmó Delgado.
Convocó al presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), a que complemente esta comisión con el mismo número de diputados oficialistas, puesto que esta instancia no cuenta con el respaldo de la presidencia de la Cámara Baja.
La diputada Norma Piérola sostuvo que se pedirá las garantías para las autoridades judiciales encargadas de la investigación de estos casos, con el fin de que no teman decir la verdad .
Richter, abogado de Zvonko Matkovic y Gary Prado Salmón, dos de los 29 acusados en el caso terrorismo, mostró ayer documentos que según él certifican que la misiva de Soza es auténtica. “La carta fue presentada ante un notario y ha sido debidamente legalizada en Brasil, inclusive la Cancillería brasileña ha legalizado el documento”, afirmó el jurista a Erbol.
En tanto, ayer una comisión parlamentaria formada por disidentes del MAS y opositores decidió investigar las irregularidades del caso terrorismo y la fuga de Soza, pese al rechazo del oficialismo.
“El motivo fundamental (de mi viaje a Brasil) fue ir a verificar si lo que se decía en el país de que la carta de Soza era ‘supuesta’, (pero) hoy en día ya podemos decir con absoluta certeza que esa carta sí es de Soza”, afirmó el abogado Otto Richter, al mostrar el sello de la cancillería brasileña en la misiva.
Frente a esas aseveraciones, Los Tiempos consultó a los analistas del campo jurídico.
El constitucionalista Antonio Rivera dijo que en el caso hipotético que se compruebe la autenticidad de la carta, podría dar lugar a anular los obrados en el proceso.
Según Rivera, la confirmación develaría que el proceso de investigación que Soza realizó ha sido constituido con violación de los derechos fundamentales.
Argumentó que el artículo 13 de la Ley 1970 del actual Código de Procedimiento Penal de manera extensa dispone que las pruebas obtenidas con violación de los derechos consagrados por la Constitución Política del Estado (CPE) y los tratados y convenciones carecen de todo valor probatorio.
“Aquellas pruebas fueron obtenidas con torturas, amenazas, presiones”, dijo Rivera, haciendo una analogía con la carta que presuntamente Soza escribió donde dice haber actuado bajo presión de miembros del Poder Ejecutivo.
El constitucionalista Cayo Salinas dijo que si se prueba la veracidad sobre lo que el exfiscal Soza ha afirmado, la prueba estaría contaminada y por tanto se debería enviar el proceso a fojas cero, lo que no significa que el proceso no continúe su curso.
“Si se comprueba que la prueba fue contaminada, obtenida ilícitamente, violándose procesos procesales y constitucionales, el proceso tiene que ir a fojas cero”, dijo Salinas.
Finalmente, el director de postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Omar Arandia, manifestó que de comprobarse la autenticidad de la carta, se constituiría en “elemento que desvaloriza la presunta investigación”.
La carta
“Esto es la comprobación, una vez más, de que este caso fue armado por el Gobierno. El caso terrorismo fue armado por el Gobierno sobre base de pericias falsas, lo dice Soza; todo para tratar de incriminar y perseguir a líderes de la oposición en Santa Cruz y en todo el país, este es un caso eminentemente político”, insistió Richter.
Para el abogado, está absolutamente claro y comprobado ese supuesto montaje del caso denominado terrorismo. Aseguró que la defensa de los implicados en este proceso está en condiciones de probar dicha versión.
“Nosotros siempre dijimos que estamos en condiciones de probar y que al señor (Eduardo) Rozsa lo trae el Gobierno boliviano, le paga sus pasajes un exministro venezolano, un militar venezolano, eso está comprobado. El atentado a la casa del Cardenal (Julio Terrazas) fue cometido por funcionarios del Ministerio de Gobierno: Clavijo, Andrade y la policía Marilyn, al igual que el atentado a la casa de Saúl Ávalos”, sostuvo.
Declaraciones falsas
En tanto, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, alertó ayer sobre declaraciones “desaprensivas” de personas implicadas en separatismo que buscan involucrar al Gobierno con el caso terrorismo,
“Algunos abogados que no tienen ética declaran cosas como que el Gobierno habría traído a este grupo separatista con recursos de Venezuela”, señaló y aseguró que esas versiones son “absolutamente falsas”
La ONU observa lentitud
El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Dennis Racicot, afirmó ayer que la credibilidad del sistema judicial de Bolivia está de por medio en el denominado caso terrorismo.
“Está de por medio la credibilidad del sistema judicial en el país, a nivel penal que este juicio tenga resultado, en su momento, y no en sentido o en el otro. Por el momento observamos que la justicia ha sido lenta y que han habido varios problemas y que el caso en sí refleja todos los problemas de la justicia en el país, en estos momentos”, afirmó en un contacto con los periodistas.
A su juicio, es necesario que la justicia boliviana dé celeridad a ese proceso, porque podría perder el sentido como proceso jurídico.
“Al ver un caso tan mediatizado que dura cuatro años, uno llega a perder el sentido del juicio como tal”,dijo.
El caso extorsión
El exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, afirmó que para levantar el secreto de Estado de un determinado tema, los interesados pueden acudir a la autoridad judicial del caso, quien tendría las facultades de levantar estas reservas o secretos.
Las declaraciones de este tema surgen a propósito de la solicitud a una comisión de fiscales de Dennis Rodas y Fernando Rivera, exabogados del Ministerio de Gobierno, para que se les permita dar a conocer información confidencial a la que tuvieron acceso como funcionarios públicos, esto dentro del caso de extorsión que involucra al exfiscal Marcelo Soza. “Ellos si tienen algún compromiso deberían acceder a los canales respectivos para levantar ese compromiso como lo hace el abogado por ejemplo cuando recibe información de su cliente. Creo que una autoridad judicial es la responsable”,dijo Chávez.
FORMAN COMISIÓN DE JUSTICIA Y VERDAD
Un grupo de diputados del Movimiento Sin Miedo (MSM), de Convergencia Nacional (CN) y disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) conformaron ayer una comisión denominada “justicia y verdad” para fiscalizar las investigaciones de los casos terrorismo, red de extorsión, Chaparina, del exmayor Fabricio Ormachea y del exfiscal Marcelo Soza.
En conferencia de prensa, la expresidenta de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), dejó en claro que esta comisión no busca hallar a los culpables, sino simplemente fiscalizar el rol que están realizando los servidores públicos sobre estos casos.
Sobre la conformación de esta comisión, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), rechazó la misma.
Recordó que el artículo 41 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, referido a la conformación de comisiones especiales señala: “La cámara por voto de dos tercios podrá crear comisiones especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requiera tramitación extraordinaria”.
En ese sentido, Elío dijo que la comisión conformada por los diputados Fabián Yaksic (MSM), Rebeca Delgado (MAS) y otras autoridades de la oposición no cumple ningún requisito del reglamento.
“No existe ninguna comisión especial (…) es un show mediático que están haciendo estos diputados”, dijo.
Atribuciones
“En merito a nuestras atribuciones constitucionales (…) ante la negativa de una institución democrática de cumplir su función de fiscalización, hemos tomado la decisión aquí los diputados de conformar esta comisión de investigación con nuestra labor de fiscalización”, afirmó Delgado.
Convocó al presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), a que complemente esta comisión con el mismo número de diputados oficialistas, puesto que esta instancia no cuenta con el respaldo de la presidencia de la Cámara Baja.
La diputada Norma Piérola sostuvo que se pedirá las garantías para las autoridades judiciales encargadas de la investigación de estos casos, con el fin de que no teman decir la verdad .
Racicot pide esclarecer el caso del ex fiscal Soza
El representante de la ONU pide que el caso Soza se ventile en la justicia.
Opina que las recusaciones son falencia de la justicia y debilidad profesional de los jueces.
La justicia debe y tiene que erradicar la impunidad.
El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Denis Racicot, pidió ayer llegar a la verdad jurídica en el caso Soza, así como en todos los procesos judiciales que llevan años sin resolverse, para evitar la impunidad.
“¿Qué ha hecho ese servidor público? Es una cosa que deberíamos investigarla a fondo aquí en el país. Y, que eso sea también sujeto a un juicio al interior del país para que el público tenga, en algún momento, una verdad judicial y tenga confianza. Sobre el caso terrorismo, en el mismo sentido”, manifestó Racicot en declaraciones a Erbol.
LA FUGA DEL EX FISCAL
Marcelo Soza, ex fiscal del llamado caso terrorismo, abandonó el país el 11 de marzo con el argumento de que en Bolivia no existen las garantías para ser procesado por cargos de extorsión.
Racicot dijo que como ONU apuntan al mejoramiento de la justicia “para que haya juicios que tengan sentido y se conozca la verdad judicial obtenida por las autoridades judiciales bolivianas y para poner fin a la impunidad”.
FALLAS DE LA JUSTICIA
Respecto al retraso de los plazos procesales y la retardación de justicia, Racicot sostuvo que se observa una falta de autoridad de los jueces, como se observa y ocurre en el llamado caso terrorismo.
“Si uno observa la conducta de las partes —es un caso complejo con 22 personas en juicio público—, la conducta de la Fiscalía, el número de recusaciones de jueces y fiscales, entonces la conducta en su trabajo no es la adecuada, aquí falta autoridad de los jueces”, apuntó el representante en la entrevista.
Opina que las recusaciones son falencia de la justicia y debilidad profesional de los jueces.
La justicia debe y tiene que erradicar la impunidad.
El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Denis Racicot, pidió ayer llegar a la verdad jurídica en el caso Soza, así como en todos los procesos judiciales que llevan años sin resolverse, para evitar la impunidad.
“¿Qué ha hecho ese servidor público? Es una cosa que deberíamos investigarla a fondo aquí en el país. Y, que eso sea también sujeto a un juicio al interior del país para que el público tenga, en algún momento, una verdad judicial y tenga confianza. Sobre el caso terrorismo, en el mismo sentido”, manifestó Racicot en declaraciones a Erbol.
LA FUGA DEL EX FISCAL
Marcelo Soza, ex fiscal del llamado caso terrorismo, abandonó el país el 11 de marzo con el argumento de que en Bolivia no existen las garantías para ser procesado por cargos de extorsión.
Racicot dijo que como ONU apuntan al mejoramiento de la justicia “para que haya juicios que tengan sentido y se conozca la verdad judicial obtenida por las autoridades judiciales bolivianas y para poner fin a la impunidad”.
FALLAS DE LA JUSTICIA
Respecto al retraso de los plazos procesales y la retardación de justicia, Racicot sostuvo que se observa una falta de autoridad de los jueces, como se observa y ocurre en el llamado caso terrorismo.
“Si uno observa la conducta de las partes —es un caso complejo con 22 personas en juicio público—, la conducta de la Fiscalía, el número de recusaciones de jueces y fiscales, entonces la conducta en su trabajo no es la adecuada, aquí falta autoridad de los jueces”, apuntó el representante en la entrevista.
Piden dos juicios en contra de García y de dos ministros
Una proposición acusatoria y una denuncia fueron presentadas ayer ante la Fiscalía General en contra del vicepresidente Álvaro García, dos ministros y un viceministro, para que sean investigados en torno a las declaraciones del expolicía Fabricio Ormachea en Estados Unidos.
En el primer caso, los diputados opositores Luis Felipe Dorado y Javier Orozco presentaron una proposición acusatoria en contra del Vicepresidente, los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Defensa, Rubén Saavedra; y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
Este diario intentó entrevistar a los ministros de Comunicación, Amanda Dávila, y de Defensa, pero la primera no respondió su teléfono y el segundo no tenía previsto referirse al tema, según se informó desde su despacho. En su demanda, Dorado y Orozco piden que las autoridades nacionales sean investigadas por cometer los delitos de abuso de autoridad y uso indebido de influencias.
Video. Para ese fin, los diputados opositores presentaron como prueba un video del FBI (Oficina Federal de Investigaciones, por su sigla en inglés) y la transcripción de la conversación entre el mayor Ormachea y el empresario Humberto Roca, cuando el policía le solicitó en Miami (EEUU) $us 30.000 para apartarlo de los procesos abiertos en su contra en Bolivia. Tras esta denuncia, en agosto de 2013, Ormachea fue dado de baja en la Policía.
En la grabación, el expolicía afirma que García conocía de su acción e implicó a éste, Quintana, Saavedra y Pérez con los casos Terrorismo, Papelbol y Barcazas. Posteriormente, el Vicepresidente restó credibilidad a esa conversación y llamó “delincuentes” a Ormachea y Roca. Saavedra negó haber favorecido con un depósito bancario a una hermana en España, por irregularidades en la compra de barcazas, tal como dijo Ormachea.
Los asambleístas demandantes pidieron al fiscal general, Ramiro Guerrero, que solicite a la Embajada de EEUU en Bolivia que certifique la prueba presentada contra Ormachea, en el marco del juicio que le iniciaron en Miami. Paralelamente, solicitaron que vía Cancillería se remita la prueba de manera oficial y que se les sea entregada para fines investigativos.
La otra denuncia fue planteada por Antonio Rodríguez, a nombre de la Juventud Cívica de Santa Cruz. En su memorial pide investigar al Vicepresidente y a los ministros Quintana y Saavedra por los delitos de extorsión, corrupción y narcotráfico.
Incluso, Rodríguez exige a Guerrero que inicie una indagación financiera en el país y en el exterior sobre las actividades económicas, a través de terceros, de García y de los dos ministros. Plantea que, a través de la fuerza antidrogas, “se pueda determinar si existe algún vínculo con el negocio ilícito de producción, tráfico y legitimación de ganancias ilícitas, de cocaína y marihuana, por parte de las autoridades del Gobierno denunciadas”.
Además demandó a Guerrero que convoque a declarar como testigos a los exfuncionarios Denis Rodas, Boris Villegas, Fernando Rivera, Isabelino Gómez (detenidos tras ser acusados de pertenecer a una red de extorsión).
El caso Ormachea
Miami
Fabricio Ormachea fue detenido y hallado culpable del delito de extorsión en Miami, Estados Unidos. El FBI grabó la conversación que tuvo con Humberto Roca cuando le pedía dinero a cambio de excluirlo de juicios.
UN ve tráfico de influencias en BoA
La opositora Unidad Nacional (UN) aseguró ayer que el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, cometió tráfico de influencias. Silvana Carolina del Castillo, esposa de Mauricio García Linera, hermano de la autoridad, sería la propietaria de la empresa Air Catering, proveedora de refrigerios de la estatal Boliviana de Aviación (BoA).
“Es esposa del hermano del Vicepresidente, por lo tanto hay tráfico de influencias y esto está penado por el Código Penal y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (…) aproximadamente vende Bs 18 millones al año”, explicó el vocero de UN, Arturo Murillo, tras mostrar como prueba la carta de constitución de la empresa.
Aunque aún los opositores no decidieron qué acciones legales asumirán, Murillo dijo que pidió información a la Vicepresidencia del Estado y al Ministerio de Obras Públicas referidas al acuerdo que sostuvo la empresa aérea con la proveedora para establecer responsabilidades. “El Vicepresidente no puede decir que no lo conocía”, cuestionó Arturo Murillo.
Según Ronald Casso, gerente general de BoA, su dirección realizó un análisis legal de la situación antes de la firma del contrato. “No existe un impedimento legal, yo no puedo establecer que existe un delito”, manifestó a ANF.
Por su parte, el presidente de Diputados, Marcelo Elío, cree que cualquier denuncia debe ser investigada por las instancias pertinentes. “El Ministerio Público tiene que esclarecer. Son las autoridades llamadas por ley para hacer conocer estos detalles en torno a una investigación seria, razonable y consciente”, indicó el asambleísta.
El Vicepresidente indicó, la anterior semana, que solo posee libros, al responder a otros cuestionamientos a su autoridad. Murillo adelantó que exigirá que García explique por qué familiares en primer grado se beneficiaron con el contrato. “Espero que no nos respondan con insultos, sino con información esclarecedora”, dijo.
Moisés Ponce de León: “Soza fue un desleal al irse a Brasil sin avisarme”
Hace 10 días que fue enviado a la cárcel de Palmasola. Fue asesor del exfiscal Marcelo Soza y está recluido en el denominado PC-6, donde comparte con unos 30 internos. Cada lunes decidió hacer ayunos cristianos en busca de paz en su interior. Tras llegar al penal sufrió una depresión, pero es consciente de que debe defenderse tras las rejas.
¿Cómo está viviendo sus días en el penal?
Estoy preso, pero gracias a Dios aquí me recibieron muy bien. Mi vida está prácticamente destruida. Esto me causó grandes problemas familiares y he abandonado a mi clientela en La Paz, la que construí durante muchos años.
¿Qué noticias tiene de Marcelo Soza?
Solo conozco que se fue de Bolivia. Creo que fue un desleal y con su fuga me traicionó. En Brasil deberían de tomarle declaraciones para que asuma su responsabilidad. Si Marcelo me hubiera consultado antes de irse, yo le habría aconsejado que no lo hiciera. Me pregunto, cuál es la causa para que no investiguen a la gente que estuvo trabajando con él. Yo solo era su abogado y jamás conocí una hoja del expediente del caso terrorismo. No he cometido delito alguno.
¿Cómo está encarando su defensa?
Estoy acumulando mis pruebas de descargo y las presentaré. Dios les pasará factura a todos los que me metieron aquí. Los veré porque el poder no es eterno. Al fiscal de La Paz Humberto Quispe lo demandaré por falsificar un informe diciendo que me encontró listo con mis maletas para escapar. Eso es mentira, presentaré testigos. Precintó mi casa de forma abusiva. Mi hogar está destruido porque mi esposa me planteó el divorcio. Me quedo en Santa Cruz, me defenderé de todo lo que inventaron
¿Cómo está viviendo sus días en el penal?
Estoy preso, pero gracias a Dios aquí me recibieron muy bien. Mi vida está prácticamente destruida. Esto me causó grandes problemas familiares y he abandonado a mi clientela en La Paz, la que construí durante muchos años.
¿Qué noticias tiene de Marcelo Soza?
Solo conozco que se fue de Bolivia. Creo que fue un desleal y con su fuga me traicionó. En Brasil deberían de tomarle declaraciones para que asuma su responsabilidad. Si Marcelo me hubiera consultado antes de irse, yo le habría aconsejado que no lo hiciera. Me pregunto, cuál es la causa para que no investiguen a la gente que estuvo trabajando con él. Yo solo era su abogado y jamás conocí una hoja del expediente del caso terrorismo. No he cometido delito alguno.
¿Cómo está encarando su defensa?
Estoy acumulando mis pruebas de descargo y las presentaré. Dios les pasará factura a todos los que me metieron aquí. Los veré porque el poder no es eterno. Al fiscal de La Paz Humberto Quispe lo demandaré por falsificar un informe diciendo que me encontró listo con mis maletas para escapar. Eso es mentira, presentaré testigos. Precintó mi casa de forma abusiva. Mi hogar está destruido porque mi esposa me planteó el divorcio. Me quedo en Santa Cruz, me defenderé de todo lo que inventaron
martes, 25 de marzo de 2014
Implicados en caso Ostreicher dispuestos a hablar de Soza
Los exasesores del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Dennis Rodas (detenidos por el caso red de extorsión, que incluye el caso Jacob Ostreicher) pidieron ayer a la comisión de fiscales -que investiga el caso extorsión del exfiscal Marcelo Soza- que convoque al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que levante el "secreto de Estado”, una cláusula que impide a ex o actuales funcionarios de Gobierno hacer ciertas declaraciones.
La comisión de fiscales que investiga el caso extorsión tomó ayer declaraciones en el penal de Palmasola de Santa Cruz a Rivera, Rodas y Boris Villegas –exfuncionarios del Ministerio de Gobierno– y al exfiscal Edward Mollinedo, en calidad de testigos, debido a que fueron mencionados en la carta del exfiscal Marcelo Soza.
Carmelo Terrazas, abogado de Rivera, explicó que su cliente y Rodas pueden revelar "datos confidenciales”, pero que no lo harán hasta que el ministro Romero –como máxima autoridad del Ministerio de Gobierno– autorice y levante el "secreto de confidencialidad”, porque ellos fueron exasesores y apoderados de los ministros de Gobierno.
El artículo 197 del Código de Procedimiento Penal (deber de abstención) establece que "las personas deberán abstenerse de declarar sobre los hechos que hayan llegado a su conocimiento, en razón de su oficio o profesión y se relacionen con deberes de secreto y reserva legalmente establecidos. Estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberados por el interesado del deber de guardar secreto”.
Rodas, Rivera y Villegas también pidieron a los fiscales los audios presentados por la senadora Carmen Eva Gonzales, porque cuando fueron difundidos ellos ya se encontraban con detención preventiva en Palmasola.
"Mi cliente quiere saber cuál es la alusión que se le hace en estos audios. Él desconoce los supuestos actos de extorsión que se le investiga a Soza”, dijo Terrazas y aseguró que su cliente "está dispuesto a coadyuvar en todo”.
Mientras Villegas, en su declaración, pidió a los fiscales acogerse a la figura legal de protección de testigos, porque su vida corre peligro.
Por otra parte, la senadora Gonzales pidió a los fiscales acelerar la notificación a Romero para que levante el secreto de confidencialidad y así declaren los tres exfuncionarios.
Revelan existencia de gabinete jurídico
El exfiscal Edward Mollinedo informó a la comisón de fiscales –asignada al caso extorsión de Soza– que él conoció el caso terrorismo y otros en los que están involucrados funcionarios del Gobierno, como miembro de la comisión nacional de fiscales que se creó en 2008 para asuntos de interés de Estado.
De acuerdo con las declaraciones de Mollinedo, la comisión nacional de fiscales formaba parte del gabinete jurídico del Gobierno.
Gary Prado, abogado de uno de los acusados en el caso terrorismo I –que participó de la toma de declaraciones de Mollinedo– señaló que queda la duda de quiénes conformaban ese gabinete jurídico y cuál era la relación entre esta comisión y los abogados del Ministerio de Gobierno.
"Quedaron dudas sobre esta revelación. ¿Quién las creó? ¿Bajo qué normas? Lamentablemente su declaración no avanzó más allá, porque Mollinedo dijo que quería conocer a detalle el contenido de los audios”, dijo Prado.
Anuncian la conformación de comisión de opositores
Página Siete / La Paz
El diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic anunció que varios diputados de la oposición conformarán una comisión de justicia y verdad para impulsar una investigación sobre el rol que cumplieron fiscales, jueces y autoridades del Órgano Ejecutivo en casos polémicos como el de terrorismo.
"Varios diputados de oposición conformaremos una comisión para investigar el rol que cumplieron servidores públicos, sean del Órgano Judicial, del Ministerio Público y juristas del Órgano Ejecutivo, que hayan tenido directa o indirecta participación en todos estos casos como es el caso terrorismo, caso (Fabricio) Ormachea, caso (René) Sanabria, caso Chaparina”, señaló Yaksic.
La semana pasada, el diputado Yaksic solicitó a los presidentes de las cámaras de Diputados, Marcelo Elío, y de Senadores, Eugenio Rojas, además al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, conformar una "comisión de justicia y verdad” para iniciar "una investigación seria” sobre estos casos polémicos, tras las denuncias y revelaciones del exfiscal Marcelo Soza y del exmayor de Policía Fabricio Ormachea, actualmente preso en Estados Unidos.
"Tenemos que conocer sobre la participación oscura de fiscales, jueces, autoridades del Órgano Ejecutivo (en estos casos)”, manifestó el diputado, que indicó que las investigaciones se realizarán con o sin la participación de legisladores del partido del Gobierno.
La comisión de fiscales que investiga el caso extorsión tomó ayer declaraciones en el penal de Palmasola de Santa Cruz a Rivera, Rodas y Boris Villegas –exfuncionarios del Ministerio de Gobierno– y al exfiscal Edward Mollinedo, en calidad de testigos, debido a que fueron mencionados en la carta del exfiscal Marcelo Soza.
Carmelo Terrazas, abogado de Rivera, explicó que su cliente y Rodas pueden revelar "datos confidenciales”, pero que no lo harán hasta que el ministro Romero –como máxima autoridad del Ministerio de Gobierno– autorice y levante el "secreto de confidencialidad”, porque ellos fueron exasesores y apoderados de los ministros de Gobierno.
El artículo 197 del Código de Procedimiento Penal (deber de abstención) establece que "las personas deberán abstenerse de declarar sobre los hechos que hayan llegado a su conocimiento, en razón de su oficio o profesión y se relacionen con deberes de secreto y reserva legalmente establecidos. Estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberados por el interesado del deber de guardar secreto”.
Rodas, Rivera y Villegas también pidieron a los fiscales los audios presentados por la senadora Carmen Eva Gonzales, porque cuando fueron difundidos ellos ya se encontraban con detención preventiva en Palmasola.
"Mi cliente quiere saber cuál es la alusión que se le hace en estos audios. Él desconoce los supuestos actos de extorsión que se le investiga a Soza”, dijo Terrazas y aseguró que su cliente "está dispuesto a coadyuvar en todo”.
Mientras Villegas, en su declaración, pidió a los fiscales acogerse a la figura legal de protección de testigos, porque su vida corre peligro.
Por otra parte, la senadora Gonzales pidió a los fiscales acelerar la notificación a Romero para que levante el secreto de confidencialidad y así declaren los tres exfuncionarios.
Revelan existencia de gabinete jurídico
El exfiscal Edward Mollinedo informó a la comisón de fiscales –asignada al caso extorsión de Soza– que él conoció el caso terrorismo y otros en los que están involucrados funcionarios del Gobierno, como miembro de la comisión nacional de fiscales que se creó en 2008 para asuntos de interés de Estado.
De acuerdo con las declaraciones de Mollinedo, la comisión nacional de fiscales formaba parte del gabinete jurídico del Gobierno.
Gary Prado, abogado de uno de los acusados en el caso terrorismo I –que participó de la toma de declaraciones de Mollinedo– señaló que queda la duda de quiénes conformaban ese gabinete jurídico y cuál era la relación entre esta comisión y los abogados del Ministerio de Gobierno.
"Quedaron dudas sobre esta revelación. ¿Quién las creó? ¿Bajo qué normas? Lamentablemente su declaración no avanzó más allá, porque Mollinedo dijo que quería conocer a detalle el contenido de los audios”, dijo Prado.
Anuncian la conformación de comisión de opositores
Página Siete / La Paz
El diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic anunció que varios diputados de la oposición conformarán una comisión de justicia y verdad para impulsar una investigación sobre el rol que cumplieron fiscales, jueces y autoridades del Órgano Ejecutivo en casos polémicos como el de terrorismo.
"Varios diputados de oposición conformaremos una comisión para investigar el rol que cumplieron servidores públicos, sean del Órgano Judicial, del Ministerio Público y juristas del Órgano Ejecutivo, que hayan tenido directa o indirecta participación en todos estos casos como es el caso terrorismo, caso (Fabricio) Ormachea, caso (René) Sanabria, caso Chaparina”, señaló Yaksic.
La semana pasada, el diputado Yaksic solicitó a los presidentes de las cámaras de Diputados, Marcelo Elío, y de Senadores, Eugenio Rojas, además al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, conformar una "comisión de justicia y verdad” para iniciar "una investigación seria” sobre estos casos polémicos, tras las denuncias y revelaciones del exfiscal Marcelo Soza y del exmayor de Policía Fabricio Ormachea, actualmente preso en Estados Unidos.
"Tenemos que conocer sobre la participación oscura de fiscales, jueces, autoridades del Órgano Ejecutivo (en estos casos)”, manifestó el diputado, que indicó que las investigaciones se realizarán con o sin la participación de legisladores del partido del Gobierno.
Implicados en corrupción piden levantar secreto de Estado para hablar de Soza
Los exasesores del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Dennis Rodas (detenidos por el caso red de extorsión, que incluye el caso Jacob Ostreicher) pidieron ayer a la comisión de fiscales -que investiga el caso extorsión del exfiscal Marcelo Soza- que convoque al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que levante el "secreto de Estado”, una cláusula que impide a ex o actuales funcionarios de Gobierno hacer ciertas declaraciones
La comisión de fiscales que investiga el caso extorsión tomó ayer declaraciones en el penal de Palmasola de Santa Cruz a Rivera, Rodas y Boris Villegas –exfuncionarios del Ministerio de Gobierno– y al exfiscal Edward Mollinedo, en calidad de testigos, debido a que fueron mencionados en la carta del exfiscal Marcelo Soza
Carmelo Terrazas, abogado de Rivera, explicó que su cliente y Rodas pueden revelar "datos confidenciales”, pero que no lo harán hasta que el ministro Romero –como máxima autoridad del Ministerio de Gobierno– autorice y levante el "secreto de confidencialidad”, porque ellos fueron exasesores y apoderados de los ministros de Gobierno
El artículo 197 del Código de Procedimiento Penal (deber de abstención) establece que "las personas deberán abstenerse de declarar sobre los hechos que hayan llegado a su conocimiento, en razón de su oficio o profesión y se relacionen con deberes de secreto y reserva legalmente establecidos. Estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberados por el interesado del deber de guardar secreto”.
Rodas, Rivera y Villegas también pidieron a los fiscales los audios presentados por la senadora Carmen Eva Gonzales, porque cuando fueron difundidos ellos ya se encontraban con detención preventiva en Palmasola
"Mi cliente quiere saber cuál es la alusión que se le hace en estos audios. Él desconoce los supuestos actos de extorsión que se le investiga a Soza”, dijo Terrazas y aseguró que su cliente "está dispuesto a coadyuvar en todo”
Mientras Villegas, en su declaración, pidió a los fiscales acogerse a la figura legal de protección de testigos, porque su vida corre peligro
Por otra parte, la senadora Gonzales pidió a los fiscales acelerar la notificación a Romero para que levante el secreto de confidencialidad y así declaren los tres exfuncionarios
Revelan existencia de gabinete jurídico El exfiscal Edward Mollinedo informó a la comisón de fiscales –asignada al caso extorsión de Soza– que él conoció el caso terrorismo y otros en los que están involucrados funcionarios del Gobierno, como miembro de la comisión nacional de fiscales que se creó en 2008 para asuntos de interés de Estado. De acuerdo con las declaraciones de Mollinedo, la comisión nacional de fiscales formaba parte del gabinete jurídico del Gobierno. Gary Prado, abogado de uno de los acusados en el caso terrorismo I –que participó de la toma de declaraciones de Mollinedo– señaló que queda la duda de quiénes conformaban ese gabinete jurídico y cuál era la relación entre esta comisión y los abogados del Ministerio de Gobierno. "Quedaron dudas sobre esta revelación. ¿Quién las creó? ¿Bajo qué normas? Lamentablemente su declaración no avanzó más allá, porque Mollinedo dijo que quería conocer a detalle el contenido de los audios”, dijo Prado.
La comisión de fiscales que investiga el caso extorsión tomó ayer declaraciones en el penal de Palmasola de Santa Cruz a Rivera, Rodas y Boris Villegas –exfuncionarios del Ministerio de Gobierno– y al exfiscal Edward Mollinedo, en calidad de testigos, debido a que fueron mencionados en la carta del exfiscal Marcelo Soza
Carmelo Terrazas, abogado de Rivera, explicó que su cliente y Rodas pueden revelar "datos confidenciales”, pero que no lo harán hasta que el ministro Romero –como máxima autoridad del Ministerio de Gobierno– autorice y levante el "secreto de confidencialidad”, porque ellos fueron exasesores y apoderados de los ministros de Gobierno
El artículo 197 del Código de Procedimiento Penal (deber de abstención) establece que "las personas deberán abstenerse de declarar sobre los hechos que hayan llegado a su conocimiento, en razón de su oficio o profesión y se relacionen con deberes de secreto y reserva legalmente establecidos. Estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberados por el interesado del deber de guardar secreto”.
Rodas, Rivera y Villegas también pidieron a los fiscales los audios presentados por la senadora Carmen Eva Gonzales, porque cuando fueron difundidos ellos ya se encontraban con detención preventiva en Palmasola
"Mi cliente quiere saber cuál es la alusión que se le hace en estos audios. Él desconoce los supuestos actos de extorsión que se le investiga a Soza”, dijo Terrazas y aseguró que su cliente "está dispuesto a coadyuvar en todo”
Mientras Villegas, en su declaración, pidió a los fiscales acogerse a la figura legal de protección de testigos, porque su vida corre peligro
Por otra parte, la senadora Gonzales pidió a los fiscales acelerar la notificación a Romero para que levante el secreto de confidencialidad y así declaren los tres exfuncionarios
Revelan existencia de gabinete jurídico El exfiscal Edward Mollinedo informó a la comisón de fiscales –asignada al caso extorsión de Soza– que él conoció el caso terrorismo y otros en los que están involucrados funcionarios del Gobierno, como miembro de la comisión nacional de fiscales que se creó en 2008 para asuntos de interés de Estado. De acuerdo con las declaraciones de Mollinedo, la comisión nacional de fiscales formaba parte del gabinete jurídico del Gobierno. Gary Prado, abogado de uno de los acusados en el caso terrorismo I –que participó de la toma de declaraciones de Mollinedo– señaló que queda la duda de quiénes conformaban ese gabinete jurídico y cuál era la relación entre esta comisión y los abogados del Ministerio de Gobierno. "Quedaron dudas sobre esta revelación. ¿Quién las creó? ¿Bajo qué normas? Lamentablemente su declaración no avanzó más allá, porque Mollinedo dijo que quería conocer a detalle el contenido de los audios”, dijo Prado.
La Paz Alcaldía detecta desfalco en bono PARDEEA
La Alcaldía de El Alto detectó, mediante una auditoría, un desfalco millonario de aproximadamente Bs 500.000 en la distribución del bono Programa para el Apoyo a la Reducción de la Deserción Escolar en El Alto (PARDEEA). Siete funcionarios municipales fueron identificados como responsables, seis de los cuales ya fueron destituidos de sus cargos.
El director general de Asesoría Jurídica del gobierno local, Abraham Aliaga, informó que la institución presentó una denuncia formal en contra de los siete empleados y adelantó que ya existe una imputación formal en contra de uno de ellos, quien será sometido a audiencia de medidas cautelares.
Se encuentran involucrados dos exoficiales mayores de De- sarrollo Humano y Social, un exdirector de Educación, además del jefe de la Unidad de Promoción al Estudiante. La auditoría encontró que, por ejemplo, se pagaban bonos a 200 estudiantes, pero se informaba que se había entregado el beneficio a 300 de ellos.
El PARDEEA es un pago anual de Bs 200 a los estudiantes de inicial y los tres últimos cursos de secundaria con la finalidad de evitar la deserción escolar. Se eroga desde 2010, aunque tenía otro nombre. La investigación detectó problemas en las gestiones 2010, 2011 y 2013, y no así en 2012, informó el director general.
“Con esto, estamos demostrando que no vamos a encubrir los hechos delictivos en el municipio de El Alto y el funcionario que incurra en estos actos, sin importar su cargo, será procesado judicialmente”, aseguró.
En caso de que la investigación policial halle culpabilidad en los acusados, por los delitos tipificados como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y falsedad material, los siete trabajadores podrían ser sancionados con entre uno y ocho años de privación de libertad.
Revelan que Soza apareció de sorpresa en audiencias de presos
El exfiscal Edward Mollinedo, en sus declaraciones ante una comisión de fiscales ayer en la cárcel de Palmasola con relación a la carta escrita por Marcelo Soza en Brasil, reveló que en 2009 el exfiscal Marcelo Soza ingresó de forma sorpresiva a la comisión del Ministerio Público que investigaba el caso de supuesto terrorismo.
Según el exfiscal, tras el suceso en el hotel Las Américas, él estaba en La Paz y era integrante de una comisión de fiscales para conocer el caso terrorismo. “Recibí a Elod Tóásó y a Mario Tadic cuando estaba de turno, yo era de la comisión nacional de fiscales. Después vi a (Marcelo) Soza en la audiencia. Él no pertenecía a la comisión nacional de fiscales, se trataba de un caso de seguridad del Estado y no sé cómo apareció él, ni cómo se lo asignó. Yo quiero decir parte de mi verdad”, dijo Mollinedo.
Estas declaraciones sorprendieron al abogado Gary Prado, defensor de procesados en el juicio por terrorismo, y al jurista Berkley Vilar, asesor de la senadora Carmen Eva Gonzales. Prado dijo que esta versión confirma que el Gobierno usa y manipula a la justicia, y ponderó la valentía de los declarantes.
Los fiscales Rose María Barrientos y Mabel Andrade, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, ingresaron en el penal y recibieron las declaraciones de Mollinedo, Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas como testigos para aclarar hechos de extorsión que involucran al exfiscal Marcelo Soza, denunciados por la senadora Gonzales.
Los declarantes coincidieron en señalar que desconocen los audios de los videos sobornos de Soza y pidieron que se les dé la transcripción para poder emitir criterios.
Reserva en secreto de Estado
Denis Rodas y Fernando Rivera aseguraron que desconocen los hechos de extorsión por los que se investiga a Soza. Asimismo pidieron que se notifique al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que los libere de todo cuanto conocen del caso terrorismo porque ejercieron de apoderados legales. Ambos se negaron a revelar datos del caso terrorismo, pues se amparan en el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal que se refiere al deber de abstención en casos de reserva de información secreta de Estado.
Protección de testigos
Los declarantes pidieron a los fiscales que en los casos en que se trate de información de extrema seguridad de Estado se establezca una norma de protección de testigos. La fiscal Barrientos aseguró que se enviará de forma oficial al ministro Carlos Romero
INVESTIGACIONES
Cuestionamientos a fiscal
En la audiencia Boris Villegas acusó a la fiscal Mabel Andrade de responder al Ministerio de Gobierno.
Diputada Jessica Echeverría
Estuvo presente en todas las declaraciones, escuchó reclamos de los declarantes y prometió interceder.
Red de extorsión, estancada
Los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno denunciaron que el caso de la red de extorsión está paralizado y ahora solo se preocupan del caso Marcelo Soza.
Según el exfiscal, tras el suceso en el hotel Las Américas, él estaba en La Paz y era integrante de una comisión de fiscales para conocer el caso terrorismo. “Recibí a Elod Tóásó y a Mario Tadic cuando estaba de turno, yo era de la comisión nacional de fiscales. Después vi a (Marcelo) Soza en la audiencia. Él no pertenecía a la comisión nacional de fiscales, se trataba de un caso de seguridad del Estado y no sé cómo apareció él, ni cómo se lo asignó. Yo quiero decir parte de mi verdad”, dijo Mollinedo.
Estas declaraciones sorprendieron al abogado Gary Prado, defensor de procesados en el juicio por terrorismo, y al jurista Berkley Vilar, asesor de la senadora Carmen Eva Gonzales. Prado dijo que esta versión confirma que el Gobierno usa y manipula a la justicia, y ponderó la valentía de los declarantes.
Los fiscales Rose María Barrientos y Mabel Andrade, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, ingresaron en el penal y recibieron las declaraciones de Mollinedo, Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas como testigos para aclarar hechos de extorsión que involucran al exfiscal Marcelo Soza, denunciados por la senadora Gonzales.
Los declarantes coincidieron en señalar que desconocen los audios de los videos sobornos de Soza y pidieron que se les dé la transcripción para poder emitir criterios.
Reserva en secreto de Estado
Denis Rodas y Fernando Rivera aseguraron que desconocen los hechos de extorsión por los que se investiga a Soza. Asimismo pidieron que se notifique al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que los libere de todo cuanto conocen del caso terrorismo porque ejercieron de apoderados legales. Ambos se negaron a revelar datos del caso terrorismo, pues se amparan en el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal que se refiere al deber de abstención en casos de reserva de información secreta de Estado.
Protección de testigos
Los declarantes pidieron a los fiscales que en los casos en que se trate de información de extrema seguridad de Estado se establezca una norma de protección de testigos. La fiscal Barrientos aseguró que se enviará de forma oficial al ministro Carlos Romero
INVESTIGACIONES
Cuestionamientos a fiscal
En la audiencia Boris Villegas acusó a la fiscal Mabel Andrade de responder al Ministerio de Gobierno.
Diputada Jessica Echeverría
Estuvo presente en todas las declaraciones, escuchó reclamos de los declarantes y prometió interceder.
Red de extorsión, estancada
Los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno denunciaron que el caso de la red de extorsión está paralizado y ahora solo se preocupan del caso Marcelo Soza.
Piden auditoría y anular el caso terrorismo I
Cada vez es más fuerte la idea de realizar una auditoría a todo el proceso de terrorismo I, que se inició en 2009, para evaluar los nombres de todos los involucrados del caso e incluir otros que no han sido tomados en cuenta. Mientras tanto, los procesados buscan anular el juicio, por retardación o porque consideran que el caso es un “montaje” del Gobierno.
Por el momento, el juicio está paralizado, hasta que el Tribunal Segundo resuelva el incidente planteado hace una semana contra las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes fueron recusadas por Ignacio Villa Vargas, alias ‘El Viejo’.
“Si nos basamos en el libro de Carlos Valverde, deberíamos citar a más de 100 personas, entre ellos a Valverde porque tenía la información. Sería interesante que se haga una auditoría al caso”, dijo a radio Erbol el exviceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio, pidió a la Fiscalía indagar la posibilidad de incluir a personas como el gobernador Rubén Costas y “toda la exPrefectura que participó de este complot contra la patria”, por lo que exigió la realización de una auditoría al caso para dilucidar “cómo lograron salvarse del proceso”.
Nulidad del proceso
Pero las declaraciones públicas no van solo por ese camino. Los procesados, a través de sus abogados, manifiestan la posibilidad de anular el proceso y lograr así la libertad de todos los detenidos, que en la mayoría de los casos están guardando detención preventiva desde hace casi cinco años.
La propuesta tomó más impulso luego de la huida del país, a Brasil, del exfiscal Marcelo Soza, el 11 de marzo, quien en unos audios atribuidos a él y por los que está siendo investigado revela una presunta extorsión para involucrar a personas y pruebas montadas en el caso.
Se suma también una carta redactada por Soza luego de llegar a Brasil, donde pidió asilo y en la que denuncia vulneración de derechos en ese caso.
“Corresponde plantear una acción de actividad procesal defectuosa basada en la carta que presentó el exfiscal Soza y pedir la nulidad de obrados hasta fojas cero. Corresponde también poner en libertad a la gente”, expresó Érick Seifert, exabogado del ex líder cívico cruceño Branko Marinkovic.
Además, dijo que las detenciones ya son ilegales y violatorias de los derechos humanos. “El procedimiento establece tres años de duración del proceso, no cinco años, por más difícil que sea”, añadió y justificó la huida de Marinkovic al exterior, “porque estaba sometido a una presión”.
En un acto público llevado a cabo el sábado, el presidente del Estado, Evo Morales, sostuvo que se estaba usando el tema de extorsión para cerrar la investigación sobre el caso de supuesto terrorismo y dijo estar “casi convencido” de que esas personas son las que quieren la división de Bolivia, no quieren que se esclarezca el caso ni que sean juzgados quienes intentaban la división del país”
El entorno
Un encuentro casual
El abogado Otto Ritter aseguró que en la ciudad de Brasilia se encontró por casualidad en un shopping con el exfiscal Marcelo Soza, quien le habría confesado que el Gobierno lo ayudó a salir hasta Perú para luego ir a Venezuela, pero que él decidió irse a Brasil.
Plan para el fracaso
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, respondió ayer que el encuentro casual entre el exfiscal Marcelo Soza y el abogado Otto Ritter demuestra un plan para hacer fracasar el denominado caso terrorismo. Pidió a las autoridades de Brasil no dejarse engañar.
Incidentes Resueltos y el proceso continúa
Según el fiscal que lleva el caso terrorismo I, Sergio Céspedes, los incidentes para anular las investigaciones, por retardación de justicia o por ilegalidad en la acumulación de pruebas, ya fueron presentados ante el Tribunal de Sentencia que lleva las audiencias en Santa Cruz, pero que fueron rechazadas cada una de ellas, por lo que el caso debe seguir hasta que haya una sentencia.
“La defensa ya planteó estos extremos, como la nulidad por mala conducta fiscal, mala obtención de pruebas, observaciones por la falta de un fiscal. Pero eso ha sido resuelto, el proceso se confirmó por el Tribunal departamental. Se han repetido estos incidentes, fueron considerados y otra vez rechazados”, dijo la autoridad en La Paz.
Sobre la retardación, explicó que no solo se valora el correr del tiempo, sino la culpabilidad de la dilación.
Por otro lado, afirmó que de los 17 ciudadanos declarados rebeldes por la justicia, son “varias las personas” a las que se les tramita su extradición.
Entre ellas, anunció que estaba Branko Marinkovic, David Sejas y Alejandro Brown.
Por el momento, el juicio está paralizado, hasta que el Tribunal Segundo resuelva el incidente planteado hace una semana contra las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes fueron recusadas por Ignacio Villa Vargas, alias ‘El Viejo’.
“Si nos basamos en el libro de Carlos Valverde, deberíamos citar a más de 100 personas, entre ellos a Valverde porque tenía la información. Sería interesante que se haga una auditoría al caso”, dijo a radio Erbol el exviceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio, pidió a la Fiscalía indagar la posibilidad de incluir a personas como el gobernador Rubén Costas y “toda la exPrefectura que participó de este complot contra la patria”, por lo que exigió la realización de una auditoría al caso para dilucidar “cómo lograron salvarse del proceso”.
Nulidad del proceso
Pero las declaraciones públicas no van solo por ese camino. Los procesados, a través de sus abogados, manifiestan la posibilidad de anular el proceso y lograr así la libertad de todos los detenidos, que en la mayoría de los casos están guardando detención preventiva desde hace casi cinco años.
La propuesta tomó más impulso luego de la huida del país, a Brasil, del exfiscal Marcelo Soza, el 11 de marzo, quien en unos audios atribuidos a él y por los que está siendo investigado revela una presunta extorsión para involucrar a personas y pruebas montadas en el caso.
Se suma también una carta redactada por Soza luego de llegar a Brasil, donde pidió asilo y en la que denuncia vulneración de derechos en ese caso.
“Corresponde plantear una acción de actividad procesal defectuosa basada en la carta que presentó el exfiscal Soza y pedir la nulidad de obrados hasta fojas cero. Corresponde también poner en libertad a la gente”, expresó Érick Seifert, exabogado del ex líder cívico cruceño Branko Marinkovic.
Además, dijo que las detenciones ya son ilegales y violatorias de los derechos humanos. “El procedimiento establece tres años de duración del proceso, no cinco años, por más difícil que sea”, añadió y justificó la huida de Marinkovic al exterior, “porque estaba sometido a una presión”.
En un acto público llevado a cabo el sábado, el presidente del Estado, Evo Morales, sostuvo que se estaba usando el tema de extorsión para cerrar la investigación sobre el caso de supuesto terrorismo y dijo estar “casi convencido” de que esas personas son las que quieren la división de Bolivia, no quieren que se esclarezca el caso ni que sean juzgados quienes intentaban la división del país”
El entorno
Un encuentro casual
El abogado Otto Ritter aseguró que en la ciudad de Brasilia se encontró por casualidad en un shopping con el exfiscal Marcelo Soza, quien le habría confesado que el Gobierno lo ayudó a salir hasta Perú para luego ir a Venezuela, pero que él decidió irse a Brasil.
Plan para el fracaso
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, respondió ayer que el encuentro casual entre el exfiscal Marcelo Soza y el abogado Otto Ritter demuestra un plan para hacer fracasar el denominado caso terrorismo. Pidió a las autoridades de Brasil no dejarse engañar.
Incidentes Resueltos y el proceso continúa
Según el fiscal que lleva el caso terrorismo I, Sergio Céspedes, los incidentes para anular las investigaciones, por retardación de justicia o por ilegalidad en la acumulación de pruebas, ya fueron presentados ante el Tribunal de Sentencia que lleva las audiencias en Santa Cruz, pero que fueron rechazadas cada una de ellas, por lo que el caso debe seguir hasta que haya una sentencia.
“La defensa ya planteó estos extremos, como la nulidad por mala conducta fiscal, mala obtención de pruebas, observaciones por la falta de un fiscal. Pero eso ha sido resuelto, el proceso se confirmó por el Tribunal departamental. Se han repetido estos incidentes, fueron considerados y otra vez rechazados”, dijo la autoridad en La Paz.
Sobre la retardación, explicó que no solo se valora el correr del tiempo, sino la culpabilidad de la dilación.
Por otro lado, afirmó que de los 17 ciudadanos declarados rebeldes por la justicia, son “varias las personas” a las que se les tramita su extradición.
Entre ellas, anunció que estaba Branko Marinkovic, David Sejas y Alejandro Brown.
lunes, 24 de marzo de 2014
Abogado dice que que el Gobierno ayudó a escapar a Marcelo Soza
Otto Richter, abogado de Zvonko Matkovic, aseguró que en la ciudad de Brasilia se encontró “por casualidad” con el exfiscal Marcelo Soza, quien le habría confesado que el Gobierno lo ayudó a salir hasta Perú para luego ir a Venezuela
Recordó el buscado por el justicia boliviana no había cambiado su apariencia. “Lo encuentro en un shopping. Yo de ocioso (estaba allí), justamente lo veo (a Soza), me acerco a saludarlo. Él se puso muy nervioso al verme”, relató el jurista de acuerdo a reporte de radio Alternativa de la Red ERBOL
“Lo que me comenta (el exfiscal) es que la gente del Gobierno boliviano le habría dicho que ya era insostenible la situación para él en el país y que no le iba a quedar más que detenerlo. Así que era mejor que abandone el país y que se vaya a Venezuela”, agregó. Según Richter, Soza le confió que el mismo Gobierno lo llevó hacia Perú para que luego, por sus propios medios, llegar a Venezuela, sin embargo, sospechaba que lo iban a matar allí y decidió irse hacia Brasil
“Parece ser que se le iluminó el cerebro al exfical Soza y él decidió irse más bien al Brasil y no a Venezuela”, narró
De acuerdo a la Policía Federal brasileña. Soza se presentó ante las autoridades de ese país el 11 de marzo en la ciudad de Assis
Carta legal
Richter asegura que la carta, en que Soza expone los motivos de su salida, fue legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino País
Comisión
El abogado pide que una comisión del órgano Judicial vaya a Brasil para recoger la declaración del exfiscal en Brasilia.
Recordó el buscado por el justicia boliviana no había cambiado su apariencia. “Lo encuentro en un shopping. Yo de ocioso (estaba allí), justamente lo veo (a Soza), me acerco a saludarlo. Él se puso muy nervioso al verme”, relató el jurista de acuerdo a reporte de radio Alternativa de la Red ERBOL
“Lo que me comenta (el exfiscal) es que la gente del Gobierno boliviano le habría dicho que ya era insostenible la situación para él en el país y que no le iba a quedar más que detenerlo. Así que era mejor que abandone el país y que se vaya a Venezuela”, agregó. Según Richter, Soza le confió que el mismo Gobierno lo llevó hacia Perú para que luego, por sus propios medios, llegar a Venezuela, sin embargo, sospechaba que lo iban a matar allí y decidió irse hacia Brasil
“Parece ser que se le iluminó el cerebro al exfical Soza y él decidió irse más bien al Brasil y no a Venezuela”, narró
De acuerdo a la Policía Federal brasileña. Soza se presentó ante las autoridades de ese país el 11 de marzo en la ciudad de Assis
Carta legal
Richter asegura que la carta, en que Soza expone los motivos de su salida, fue legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino País
Comisión
El abogado pide que una comisión del órgano Judicial vaya a Brasil para recoger la declaración del exfiscal en Brasilia.
Desmantelan 7 autos en posta de Dircabi y venden casas de narcos
Siete vehículos confiscados a personas vinculadas al narcotráfico fueron desmantelados a principios de año, en una de las ocho postas que tiene la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en Cochabamba.
Las lluvias causaron la caída de una de las paredes del inmueble, en el municipio de Sacaba, donde se encuentran estos motorizados en custodia o depósito provisional, es decir, bajo el cuidado de esta Dirección.
Un grupo de delincuentes ingresó al lugar y se llevó todos los accesorios de los vehículos. El caso fue denunciado en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove)
Pese a este hecho y el riesgo en que continúan los otros motorizados, hasta la fecha no se realizaron los arreglos que corresponden en la infraestructura.
La falta de presupuesto sería una de las causas para el retraso en este trabajo.
En las otras postas de Dircabi se reportó la pérdida de llantas de auxilio, faroles, stops y otros accesorios de los vehículos
Esta situación es reiterativa desde hace varios años. Las auditorías de la Contraloría General del Estado de 2009 y 2011 concluyen en el caso de los vehículos, que “se encuentran con ubicación desconocida”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante el informe anual “Revolución Tecnológica en Seguridad Ciudadana y Eficiencia en la Lucha Contra el Crimen”, reconoció que Dircabi no cuenta con un registro de todos los bienes incautados al narcotráfico. En Cochabamba, se alertó de la presencia de una red delincuencial que operaba dentro de la institución y que hacían “desaparecer” los bienes y desmantelaba los vehículos
El jefe distrital de Dircabi, Juan Carlos Mérida, pidió a OPINIÓN un tiempo para hablar sobre estos hechos, argumentando que hace unas semanas recién asumió el cargo
MEDIDAS La exdirectora de Dircabi Sissy Gutiérrez, que accedió a una entrevista antes de renunciar a su cargo (el mes de febrero), reconoció que no se tienen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los bienes.
En una anterior visita a una de las postas, se verificó que no contaba con iluminación, ni tampoco ningún tipo de seguridad. Son los inspectores de bienes de esta Dirección que se encargan del seguimiento y control.
Ante esta situación, Gutiérrez informó de la presentación de distintos proyectos para la implementación de chips en los vehículos o GPS (Global Positioning System por sus siglas en inglés) para su ubicación, por ejemplo, o el registro de los puntos geográficos de ubicación
Por otro lado, dijo que se busca la concentración de la mayor cantidad de vehículos en unas pocas postas. Hasta la fecha, tres ya se encuentran fusionadas en una sola. La exautoridad, dijo, en esa oportunidad, que una de las tareas pendientes es el traslado de los vehículos de la posta de Chimoré a la ciudad de Cochabamba. En este caso, también se debe al avance de obras de construcción del aeropuerto de Chimoré en el lugar.
INMUEBLES La falta de seguimiento a los procesos judiciales también afecta a los inmuebles, ya que son vendidos por los mismos familiares de los narcotraficantes para evitar las pérdidas económicas.
El Decreto Supremo 26143 establece la figura de depósito provisional o depósito familiar y da prioridad al entorno del sospechoso de narcotráfico que se encuentra siendo procesado para quedarse con los bienes. La interpretación de la norma da lugar a que el propietario decida que la administración y custodia la tengan sus familiares. Y son ellos quienes justamente, aprovechando este beneficio, proceden a la venta y monetización de estos bienes
La Dircabi de Cochabamba detectó que los inmuebles fueron transferidos a terceras personas. Este es el caso de dos terrenos que fueron comercializados a los trabajadores de la metalúrgica de Vinto (Oruro). La exdirectora regional informó que son 78 familias las que si bien compraron legalmente estos terrenos, fueron estafadas
“Estamos tomando acciones, pero vemos que es un problema social, sin embargo debe resolverse”, indicó
Dijo también que la situación de otros 30 inmuebles es similar, sin embargo, está previsto recuperarlos por la vía legal ya que se cuenta con sentencias ejecutoriadas. Algunos de estos bienes no tienen anotaciones preventivas, proceso que realiza el Ministerio Público
Es lo que sucede con otro inmueble al que le sobrepusieron las partidas de otro inmueble para registrarlo en la Alcaldía y se hizo la transferencia.
La Dircabi inició un proceso legal para recuperar el bien y se espera la audiencia conclusiva. El exjefe distrital de esta Dirección, exasesor jurídico y los exinspectores de bienes están acusados por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Buscan recuperar los bienes
La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), desde el 2011, se ha propuesto recuperar los bienes incautados al narcotráfico
Una de las medidas para lograr este objetivo es el inicio de trámites de monetización
La decisión se asumió ante la falta de personal y medios operativos para el control y vigilancia de los vehículos y de los inmuebles. La Dircabi por muchos años fue una oficina “cuidadora de los bienes de los narcotraficantes”, sin embargo, esto ha cambiado.
La exdirectora de Cochabamba, Sissy Gutiérrez partió de una premisa al inicio de su gestión: los bienes confiscados tienen que significar un recurso económico para emprender las políticas de lucha contra el narcotráfico y su autosostenibilidad
“Se ha tratado de sacar inventarios, ubicar los bienes inmuebles de antes de 2011, pero es un trabajo difícil”, manifestó
Dijo también que estas medidas permitieron ubicar algunos bienes, pero no todos. Hasta la fecha se llegó al 50 por ciento del trabajo.
A su vez, el año pasado, se realizaron dos auditorías, una de supervisión por parte de la Contraloría General y la otra del Ministerio de Gobierno. Se espera los informes.
La subasta y monetización de 100 vehículos y 30 inmuebles se retrasa y los precios bajan
En Cochabamba, la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) trabaja con un listado de 100 vehículos y 30 inmuebles para ser subastados y su posterior monetización, sin embargo, existen algunos problemas.
P: ¿Para cuándo estaba previsto el remate de los vehículos?
R: Se anunció para junio, pero parece que habrá un retraso. Son solo 27 de los 100 que había porque después de una revisión se ha visto que no coincidían el chasis, el motor y la placa. De acuerdo con la certificación de Diprove podemos hablar de que son vehículos irregulares, indocumentados y son ilegales.
P: ¿Qué pasa con los bienes inmuebles?
R: En 13 casos se han confiscado 30 inmuebles que estaba previsto subastar, pero parece que no será posible porque son muchos los pasos que se siguen dentro del proceso de monetización. No solo depende de Dircabi, sino del Tribunal de Justicia, el Ministerio Público, Derechos Reales y la Alcaldía. Se requieren certificaciones, avalúos, anotaciones preventivas, testimonios, el registro de titularidad, entre otros trámites.
P: ¿Además de la situación legal, hay otros problemas?
R: Otra cosa que no permitió avanzar es que absolutamente todos los inmuebles que son como 200 en Cochabamba están en manos de sus propietarios bajo la figura de depósito familiar o provisional y sacarlos, pese a tener sentencia ejecutoriada, es difícil. Se han solicitado órdenes de fuerza pública, que corresponde, pero se estaba a la espera de una orden judicial, eso retrasa. Esperemos que en la nueva gestión se pueda agilizar estos trámites y monetizar por lo menos 5 inmuebles de los 30 que se tienen. En enero se recuperaron seis con fuerza pública y en los otros se iniciaron procesos legales contra los familiares. También se encontró que algunos no contaban con las anotaciones preventivas respectivas.
P: ¿Cuáles son los bienes a subastar?
R: Son de gestiones anteriores a 2011 que tienen sentencia ejecutoriada. Solo se tiene un caso con procedimiento abreviado, es el denominado Uribe y se está incluyendo en la monetización. Se han hecho los avalúos y tienen un precio, parecían ser chatarra pero el valor mínimo para la base de la subasta es de mil dólares. Si sigue pasando el tiempo, esto puede rebajar por el deterioro al que están expuestos los vehículos.
P: ¿Qué es lo que quiere Dircabi?
R: Hasta el año pasado se ha logrado transferir la mayor cantidad de dinero incautado desde Cochabamba y que es de aproximadamente 300 mil dólares. Para este año se tiene previsto llegar a transferir un millón de dólares, incluidas las monetizaciones.
Mal uso de bienes deriva en inicio de 45 procesos judiciales
El mal uso de los bienes inmuebles incautados al narcotráfico ha derivado en el inicio de 45 procesos legales contra las autoridades de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) desde el 2011
Para este año está previsto que se defina el inicio de las audiencias conclusivas, la constitución de tribunales y los juicios orales en contra de los involucrados
En la gestión 2013, dos procesos ya tienen una sentencia condenatoria, uno se encuentra en etapa de apelación y el otro falta que sea ejecutoriado. Se trata del juicio en contra de un exjefe distrital de Dircabi y un exinspector de bienes por la pérdida de un vehículo y el desmantelamiento de un segundo.
Los delitos por los que fueron acusados y declarados culpables Isidro Saavedra y Máximo Jesús son incumplimiento de deberes y uso de bienes del Estado en su función administrativa. En el caso del inspector, fue procesado en rebeldía porque se dio a la fuga. Su sentencia es de tres años de privación de libertad.
CUSTODIA O COMODATO Para garantizar el cuidado de los bienes, el objetivo este año es entregar en custodia o comodato los bienes que se encuentran en medio de un proceso legal. Las normas permiten entregar a favor de las instituciones públicas, sin embargo, existen limitaciones. Solo se accede a las solicitudes de las Fuerzas Armadas, Policía, Municipios, Gobernación y otras instituciones dependientes del Ejecutivo. Ni el Legislativo, ni el Judicial pueden beneficiarse con estos bienes. Este vacío legal da lugar a que estas instituciones, pese a sus requerimientos, estén impedidas de superar sus problemas económicos y de infraestructura.
La aprobación del Decreto Supremo 29305 de 2006 opta por el comodato beneficiando a la mayoría de los municipios. Son las jefaturas regionales de Santa Cruz y Cochabamba las que satisfacen las demandas de bienes, principalmente vehículos, de otros departamentos como Oruro, La Paz y Beni.
Las lluvias causaron la caída de una de las paredes del inmueble, en el municipio de Sacaba, donde se encuentran estos motorizados en custodia o depósito provisional, es decir, bajo el cuidado de esta Dirección.
Un grupo de delincuentes ingresó al lugar y se llevó todos los accesorios de los vehículos. El caso fue denunciado en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove)
Pese a este hecho y el riesgo en que continúan los otros motorizados, hasta la fecha no se realizaron los arreglos que corresponden en la infraestructura.
La falta de presupuesto sería una de las causas para el retraso en este trabajo.
En las otras postas de Dircabi se reportó la pérdida de llantas de auxilio, faroles, stops y otros accesorios de los vehículos
Esta situación es reiterativa desde hace varios años. Las auditorías de la Contraloría General del Estado de 2009 y 2011 concluyen en el caso de los vehículos, que “se encuentran con ubicación desconocida”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante el informe anual “Revolución Tecnológica en Seguridad Ciudadana y Eficiencia en la Lucha Contra el Crimen”, reconoció que Dircabi no cuenta con un registro de todos los bienes incautados al narcotráfico. En Cochabamba, se alertó de la presencia de una red delincuencial que operaba dentro de la institución y que hacían “desaparecer” los bienes y desmantelaba los vehículos
El jefe distrital de Dircabi, Juan Carlos Mérida, pidió a OPINIÓN un tiempo para hablar sobre estos hechos, argumentando que hace unas semanas recién asumió el cargo
MEDIDAS La exdirectora de Dircabi Sissy Gutiérrez, que accedió a una entrevista antes de renunciar a su cargo (el mes de febrero), reconoció que no se tienen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los bienes.
En una anterior visita a una de las postas, se verificó que no contaba con iluminación, ni tampoco ningún tipo de seguridad. Son los inspectores de bienes de esta Dirección que se encargan del seguimiento y control.
Ante esta situación, Gutiérrez informó de la presentación de distintos proyectos para la implementación de chips en los vehículos o GPS (Global Positioning System por sus siglas en inglés) para su ubicación, por ejemplo, o el registro de los puntos geográficos de ubicación
Por otro lado, dijo que se busca la concentración de la mayor cantidad de vehículos en unas pocas postas. Hasta la fecha, tres ya se encuentran fusionadas en una sola. La exautoridad, dijo, en esa oportunidad, que una de las tareas pendientes es el traslado de los vehículos de la posta de Chimoré a la ciudad de Cochabamba. En este caso, también se debe al avance de obras de construcción del aeropuerto de Chimoré en el lugar.
INMUEBLES La falta de seguimiento a los procesos judiciales también afecta a los inmuebles, ya que son vendidos por los mismos familiares de los narcotraficantes para evitar las pérdidas económicas.
El Decreto Supremo 26143 establece la figura de depósito provisional o depósito familiar y da prioridad al entorno del sospechoso de narcotráfico que se encuentra siendo procesado para quedarse con los bienes. La interpretación de la norma da lugar a que el propietario decida que la administración y custodia la tengan sus familiares. Y son ellos quienes justamente, aprovechando este beneficio, proceden a la venta y monetización de estos bienes
La Dircabi de Cochabamba detectó que los inmuebles fueron transferidos a terceras personas. Este es el caso de dos terrenos que fueron comercializados a los trabajadores de la metalúrgica de Vinto (Oruro). La exdirectora regional informó que son 78 familias las que si bien compraron legalmente estos terrenos, fueron estafadas
“Estamos tomando acciones, pero vemos que es un problema social, sin embargo debe resolverse”, indicó
Dijo también que la situación de otros 30 inmuebles es similar, sin embargo, está previsto recuperarlos por la vía legal ya que se cuenta con sentencias ejecutoriadas. Algunos de estos bienes no tienen anotaciones preventivas, proceso que realiza el Ministerio Público
Es lo que sucede con otro inmueble al que le sobrepusieron las partidas de otro inmueble para registrarlo en la Alcaldía y se hizo la transferencia.
La Dircabi inició un proceso legal para recuperar el bien y se espera la audiencia conclusiva. El exjefe distrital de esta Dirección, exasesor jurídico y los exinspectores de bienes están acusados por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Buscan recuperar los bienes
La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), desde el 2011, se ha propuesto recuperar los bienes incautados al narcotráfico
Una de las medidas para lograr este objetivo es el inicio de trámites de monetización
La decisión se asumió ante la falta de personal y medios operativos para el control y vigilancia de los vehículos y de los inmuebles. La Dircabi por muchos años fue una oficina “cuidadora de los bienes de los narcotraficantes”, sin embargo, esto ha cambiado.
La exdirectora de Cochabamba, Sissy Gutiérrez partió de una premisa al inicio de su gestión: los bienes confiscados tienen que significar un recurso económico para emprender las políticas de lucha contra el narcotráfico y su autosostenibilidad
“Se ha tratado de sacar inventarios, ubicar los bienes inmuebles de antes de 2011, pero es un trabajo difícil”, manifestó
Dijo también que estas medidas permitieron ubicar algunos bienes, pero no todos. Hasta la fecha se llegó al 50 por ciento del trabajo.
A su vez, el año pasado, se realizaron dos auditorías, una de supervisión por parte de la Contraloría General y la otra del Ministerio de Gobierno. Se espera los informes.
La subasta y monetización de 100 vehículos y 30 inmuebles se retrasa y los precios bajan
En Cochabamba, la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) trabaja con un listado de 100 vehículos y 30 inmuebles para ser subastados y su posterior monetización, sin embargo, existen algunos problemas.
P: ¿Para cuándo estaba previsto el remate de los vehículos?
R: Se anunció para junio, pero parece que habrá un retraso. Son solo 27 de los 100 que había porque después de una revisión se ha visto que no coincidían el chasis, el motor y la placa. De acuerdo con la certificación de Diprove podemos hablar de que son vehículos irregulares, indocumentados y son ilegales.
P: ¿Qué pasa con los bienes inmuebles?
R: En 13 casos se han confiscado 30 inmuebles que estaba previsto subastar, pero parece que no será posible porque son muchos los pasos que se siguen dentro del proceso de monetización. No solo depende de Dircabi, sino del Tribunal de Justicia, el Ministerio Público, Derechos Reales y la Alcaldía. Se requieren certificaciones, avalúos, anotaciones preventivas, testimonios, el registro de titularidad, entre otros trámites.
P: ¿Además de la situación legal, hay otros problemas?
R: Otra cosa que no permitió avanzar es que absolutamente todos los inmuebles que son como 200 en Cochabamba están en manos de sus propietarios bajo la figura de depósito familiar o provisional y sacarlos, pese a tener sentencia ejecutoriada, es difícil. Se han solicitado órdenes de fuerza pública, que corresponde, pero se estaba a la espera de una orden judicial, eso retrasa. Esperemos que en la nueva gestión se pueda agilizar estos trámites y monetizar por lo menos 5 inmuebles de los 30 que se tienen. En enero se recuperaron seis con fuerza pública y en los otros se iniciaron procesos legales contra los familiares. También se encontró que algunos no contaban con las anotaciones preventivas respectivas.
P: ¿Cuáles son los bienes a subastar?
R: Son de gestiones anteriores a 2011 que tienen sentencia ejecutoriada. Solo se tiene un caso con procedimiento abreviado, es el denominado Uribe y se está incluyendo en la monetización. Se han hecho los avalúos y tienen un precio, parecían ser chatarra pero el valor mínimo para la base de la subasta es de mil dólares. Si sigue pasando el tiempo, esto puede rebajar por el deterioro al que están expuestos los vehículos.
P: ¿Qué es lo que quiere Dircabi?
R: Hasta el año pasado se ha logrado transferir la mayor cantidad de dinero incautado desde Cochabamba y que es de aproximadamente 300 mil dólares. Para este año se tiene previsto llegar a transferir un millón de dólares, incluidas las monetizaciones.
Mal uso de bienes deriva en inicio de 45 procesos judiciales
El mal uso de los bienes inmuebles incautados al narcotráfico ha derivado en el inicio de 45 procesos legales contra las autoridades de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) desde el 2011
Para este año está previsto que se defina el inicio de las audiencias conclusivas, la constitución de tribunales y los juicios orales en contra de los involucrados
En la gestión 2013, dos procesos ya tienen una sentencia condenatoria, uno se encuentra en etapa de apelación y el otro falta que sea ejecutoriado. Se trata del juicio en contra de un exjefe distrital de Dircabi y un exinspector de bienes por la pérdida de un vehículo y el desmantelamiento de un segundo.
Los delitos por los que fueron acusados y declarados culpables Isidro Saavedra y Máximo Jesús son incumplimiento de deberes y uso de bienes del Estado en su función administrativa. En el caso del inspector, fue procesado en rebeldía porque se dio a la fuga. Su sentencia es de tres años de privación de libertad.
CUSTODIA O COMODATO Para garantizar el cuidado de los bienes, el objetivo este año es entregar en custodia o comodato los bienes que se encuentran en medio de un proceso legal. Las normas permiten entregar a favor de las instituciones públicas, sin embargo, existen limitaciones. Solo se accede a las solicitudes de las Fuerzas Armadas, Policía, Municipios, Gobernación y otras instituciones dependientes del Ejecutivo. Ni el Legislativo, ni el Judicial pueden beneficiarse con estos bienes. Este vacío legal da lugar a que estas instituciones, pese a sus requerimientos, estén impedidas de superar sus problemas económicos y de infraestructura.
La aprobación del Decreto Supremo 29305 de 2006 opta por el comodato beneficiando a la mayoría de los municipios. Son las jefaturas regionales de Santa Cruz y Cochabamba las que satisfacen las demandas de bienes, principalmente vehículos, de otros departamentos como Oruro, La Paz y Beni.
Ritter: Carta de Soza fue legalizada en el Brasil y será introducida en el proceso
Noticia publicada elEl abogado Otto Ritter, que representa al militar retirado Gary Prado en el proceso por el caso Rózsa, regresó del Brasil en las últimas horas y confirmó este lunes que autoridades de este país ya legalizaron y reconocieron como auténtica la carta del exfiscal Marcelo Soza y solo falta un trámite ante el Consulado boliviano en el vecino país para que el documento llegue como legal al país.
A partir de esto la carta, cuya veracidad fue puesta en duda por varios de los mencionados, podrá ser utilizada como instrumento legal y será introducida por la defensa al proceso del caso Rózsa, para que el juicio quede anulado y se archiven obrados.
"Ya no se puede hablar de que no es verdadera, De hoy en adelante la carta de Marcelo Soza es auténtica, legalizada y reconocida por autoridades del Brasil y cuya legalización está pendiente en el Consulado boliviano", explicó Ritter en conversación con la televisora Cadena A.
El jurista explicó que inicialmente se reconoció la autoría la carta ante un notario de fe pública y después fue un traductor autorizado quien la legalizó y la remitió ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, después la documentación fue remitida al Consulado de Bolivia, que tiene hasta el miércoles para darle el sello respectivo.
"Una vez que se legaliza esto ante Itamaraty o el Ministerio de Relaciones Exteriores se lleva al consulado boliviano y ya lo hemos llevado al consulado boliviano y se espera dos días para que nos entregue la documentación, esto no los entrega hasta el día martes o miércoles a más tardar", explicó.
Con la carta en Bolivia la carta será presentada ante el Tribunal del caso Rózsa, inicialmente se presentó una primera copia de la misiva que fue rechazada por el juez por carecer de legalidad, ahora al ser reconocida la autoría se espera que sea tomada en cuenta como prueba.
"Por supuesto que va a ser introducida (la carta en el proceso), el tema está en que todo el pueblo de Bolivia es que se quiere saber la verdad, debe anularse el proceso y empezar una investigación de qué fue lo qué pasó en verdad', añadió Ritter.
¿Cómo escapó Soza?
El abogado Otto Ritter relató que en su visita al Brasil llegó a ver a Soza en un centro comercial, y además reveló la hipótesis que existe sobre su salida al vecino país.
La teoría de Ritter es que Soza escapó con ayuda del Gobierno hasta Perú y ahí se le pidió que se vaya a un país 'amigo' como Venezuela, pero este temió por su seguridad y decidió unilateralmente irse a Brasil.
'Soza pensó: ¿por qué quieren que me vaya a Venezuela, no querrán matarme?- supone el abogado- y es ahí que se rompe el nexo entre Marcelo Soza y el Gobierno y escoge irse al Brasil', dice.
La traducción
Esta es una foto de la certificación de la carta del exfiscal Marcelo Soza y que fue legalizada por el Gobierno de Brasil (tomada de la cuenta de Twitter: @JohnArandia)
A partir de esto la carta, cuya veracidad fue puesta en duda por varios de los mencionados, podrá ser utilizada como instrumento legal y será introducida por la defensa al proceso del caso Rózsa, para que el juicio quede anulado y se archiven obrados.
"Ya no se puede hablar de que no es verdadera, De hoy en adelante la carta de Marcelo Soza es auténtica, legalizada y reconocida por autoridades del Brasil y cuya legalización está pendiente en el Consulado boliviano", explicó Ritter en conversación con la televisora Cadena A.
El jurista explicó que inicialmente se reconoció la autoría la carta ante un notario de fe pública y después fue un traductor autorizado quien la legalizó y la remitió ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, después la documentación fue remitida al Consulado de Bolivia, que tiene hasta el miércoles para darle el sello respectivo.
"Una vez que se legaliza esto ante Itamaraty o el Ministerio de Relaciones Exteriores se lleva al consulado boliviano y ya lo hemos llevado al consulado boliviano y se espera dos días para que nos entregue la documentación, esto no los entrega hasta el día martes o miércoles a más tardar", explicó.
Con la carta en Bolivia la carta será presentada ante el Tribunal del caso Rózsa, inicialmente se presentó una primera copia de la misiva que fue rechazada por el juez por carecer de legalidad, ahora al ser reconocida la autoría se espera que sea tomada en cuenta como prueba.
"Por supuesto que va a ser introducida (la carta en el proceso), el tema está en que todo el pueblo de Bolivia es que se quiere saber la verdad, debe anularse el proceso y empezar una investigación de qué fue lo qué pasó en verdad', añadió Ritter.
¿Cómo escapó Soza?
El abogado Otto Ritter relató que en su visita al Brasil llegó a ver a Soza en un centro comercial, y además reveló la hipótesis que existe sobre su salida al vecino país.
La teoría de Ritter es que Soza escapó con ayuda del Gobierno hasta Perú y ahí se le pidió que se vaya a un país 'amigo' como Venezuela, pero este temió por su seguridad y decidió unilateralmente irse a Brasil.
'Soza pensó: ¿por qué quieren que me vaya a Venezuela, no querrán matarme?- supone el abogado- y es ahí que se rompe el nexo entre Marcelo Soza y el Gobierno y escoge irse al Brasil', dice.
La traducción
Esta es una foto de la certificación de la carta del exfiscal Marcelo Soza y que fue legalizada por el Gobierno de Brasil (tomada de la cuenta de Twitter: @JohnArandia)
Cívicos pagaron hotel de Rózsa
Las facturas fueron pagadas por Luis Alberto Hurtado Vaca y Carlos Guillén.
La defensa de los imputados en el caso terrorismo no puede explicar por qué y para qué representantes del Comité Cívico Cruceño y de la Cainco, a través del Luis Alberto Hurtado Vaca y Carlos Guillén, cubrieron las facturas de los nueve extranjeros que habrían estado implicados en actividades subversivas.
Eduardo Rózsa, Elöd Toasó, Gaspar Daniel, Iván Pistovcak, Tamas Lajos Nagy, Michael Dwyer, Dudog Gabor, Mario Tadic y Magyarosi Árpád deambularon como huéspedes de los hoteles Buganvillas, Las Américas, Asturias y Santa Cruz desde el 6 de noviembre de 2008 hasta el 14 de abril de 2009.
Esa información detallada se encuentra en el Informe Conclusivo de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, que investigó en 2009 los hechos acaecidos en Santa Cruz ese año. Sucesos que la defensa quiere olvidar con el argumento de una carta que el fugado ex fiscal Marcelo Soza habría enviado de Brasil.
La defensa de los imputados en el caso terrorismo no puede explicar por qué y para qué representantes del Comité Cívico Cruceño y de la Cainco, a través del Luis Alberto Hurtado Vaca y Carlos Guillén, cubrieron las facturas de los nueve extranjeros que habrían estado implicados en actividades subversivas.
Eduardo Rózsa, Elöd Toasó, Gaspar Daniel, Iván Pistovcak, Tamas Lajos Nagy, Michael Dwyer, Dudog Gabor, Mario Tadic y Magyarosi Árpád deambularon como huéspedes de los hoteles Buganvillas, Las Américas, Asturias y Santa Cruz desde el 6 de noviembre de 2008 hasta el 14 de abril de 2009.
Esa información detallada se encuentra en el Informe Conclusivo de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, que investigó en 2009 los hechos acaecidos en Santa Cruz ese año. Sucesos que la defensa quiere olvidar con el argumento de una carta que el fugado ex fiscal Marcelo Soza habría enviado de Brasil.
Cinco acusados de extorsión declaran hoy en Palmasola
En medio de un estricto mutismo, la comisión de fiscales que investiga el caso extorsión cometido por altos exfuncionarios del Ministerio de Gobierno a raíz de una carta hecha pública en Brasil por el exfiscal del caso terrorismo Marcelo Soza desde hoy tomarán declaraciones a los involucrados, comenzando por los cinco detenidos en la cárcel de Palmasola.
Los representantes del Ministerio Público, Rose María Barrientos, Mábel Andrade y Cándido Blanco se trasladarán esta mañana al interior del reclusorio porque está previsto que comience la serie de declaraciones el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas y luego seguirán con los exasesores del Ministerio de Gobierno Denis Rodas y Fernando Rivera, el exfiscal de distrito Isabelino Gómez y el exfiscal Edward Mollinedo.
Este diario intentó obtener la versión de la abogada defensora de Villegas, Neyda Ledezma, respecto a las pesquisas que se inician hoy, pero la letrada no contestó las llamadas.
Sin embargo, la senadora pandina Carmen Eva Gonzales, principal acusadora, indicó que espera estar antes del mediodía en la ciudad para escuchar el testimonio de Villegas, aunque de no poder llegar a tiempo estará en su lugar el abogado Bercley Vilar.
“Conozco que los fiscales enviaron las notificaciones a los testigos, pero falta saber si estos las recibieron por mano propia para que no se excusen a último momento de asistir”, refirió Gonzales, que espera que las declaraciones de los detenidos en Palmasola se prolonguen hasta mañana.
Lista de declarantes
Tras conocerse la carta de Soza, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía la semana pasada decidió convocar a 25 personas como testigos por el caso extorsión, entre los que se hallan el hermano del vicepresidente del Estado Raúl García Linera, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el representante ante la ONU Sacha Llorenti, el exviceministro de Gobierno Gustavo Torrico y la excandidata a la Gobernación de Beni Jessica Jordan.
Asimismo, entre los llamados a testificar están el empresario Zvonko Matkovic y su hijo, que revelaron datos de la extorsión que sufrieron a manos de las exautoridades hoy detenidas.
Insiste en separatismo
Como el caso de supuesto terrorismo está perdiendo fuerza con la huida a Brasil de su principal investigador Marcelo Soza, el presidente Evo Morales ayer en su discurso por el día del mar se dirigió a las Fuerzas Armadas recordando que grupos de poder financiaron una célula de extranjeros para dividir Bolivia.
Sobre el tema, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Castedo, negó tal aseveración reiterando su pedido de anular el caso y que se sancione a las autoridades que armaron la tramoya. “Lo que hubo fue una persecución a los líderes del oriente”, añadió.
A su turno, la abogada Érika Oroza, esposa del exjuez Luis Tapia Pachi, uno de los perseguidos, es partidaria de que la causa sea extinguida favoreciendo al Gobierno, pero deja heridas entre los encausados
Para recordar
Huida de Soza a Brasil
La embajada de Brasil en La Paz confirmó que el 11 de marzo el exfiscal del caso terrorismo ingresó al país vecino donde solicitó refugio.
Carta comprometedora
Sabiéndose a salvo, Soza envió una misiva notariada, en la que denunció excesos en la investigación del caso terrorismo y la compra de testigos.
Juicio a la deriva
Sin ningún sustento, piden que el caso terrorismo sea extinguido donde hay más de 30 involucrados como cómplices del abatido Eduardo Rozsa.
Funcionarios convocados
El Ministerio Público reveló una lista de 25 personas para que comparezcan como testigos del caso de extorsión, entre ellas el gobernador Rubén Costas.
Autoridades citadas
También serán notificados para testificar el hermano del vicepresidente Raúl García y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Audiencias en Palmasola
Los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno que guardan reclusión en la cárcel cruceña deben declarar hoy ante una comisión de fiscales.
Los representantes del Ministerio Público, Rose María Barrientos, Mábel Andrade y Cándido Blanco se trasladarán esta mañana al interior del reclusorio porque está previsto que comience la serie de declaraciones el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas y luego seguirán con los exasesores del Ministerio de Gobierno Denis Rodas y Fernando Rivera, el exfiscal de distrito Isabelino Gómez y el exfiscal Edward Mollinedo.
Este diario intentó obtener la versión de la abogada defensora de Villegas, Neyda Ledezma, respecto a las pesquisas que se inician hoy, pero la letrada no contestó las llamadas.
Sin embargo, la senadora pandina Carmen Eva Gonzales, principal acusadora, indicó que espera estar antes del mediodía en la ciudad para escuchar el testimonio de Villegas, aunque de no poder llegar a tiempo estará en su lugar el abogado Bercley Vilar.
“Conozco que los fiscales enviaron las notificaciones a los testigos, pero falta saber si estos las recibieron por mano propia para que no se excusen a último momento de asistir”, refirió Gonzales, que espera que las declaraciones de los detenidos en Palmasola se prolonguen hasta mañana.
Lista de declarantes
Tras conocerse la carta de Soza, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía la semana pasada decidió convocar a 25 personas como testigos por el caso extorsión, entre los que se hallan el hermano del vicepresidente del Estado Raúl García Linera, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el representante ante la ONU Sacha Llorenti, el exviceministro de Gobierno Gustavo Torrico y la excandidata a la Gobernación de Beni Jessica Jordan.
Asimismo, entre los llamados a testificar están el empresario Zvonko Matkovic y su hijo, que revelaron datos de la extorsión que sufrieron a manos de las exautoridades hoy detenidas.
Insiste en separatismo
Como el caso de supuesto terrorismo está perdiendo fuerza con la huida a Brasil de su principal investigador Marcelo Soza, el presidente Evo Morales ayer en su discurso por el día del mar se dirigió a las Fuerzas Armadas recordando que grupos de poder financiaron una célula de extranjeros para dividir Bolivia.
Sobre el tema, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Castedo, negó tal aseveración reiterando su pedido de anular el caso y que se sancione a las autoridades que armaron la tramoya. “Lo que hubo fue una persecución a los líderes del oriente”, añadió.
A su turno, la abogada Érika Oroza, esposa del exjuez Luis Tapia Pachi, uno de los perseguidos, es partidaria de que la causa sea extinguida favoreciendo al Gobierno, pero deja heridas entre los encausados
Para recordar
Huida de Soza a Brasil
La embajada de Brasil en La Paz confirmó que el 11 de marzo el exfiscal del caso terrorismo ingresó al país vecino donde solicitó refugio.
Carta comprometedora
Sabiéndose a salvo, Soza envió una misiva notariada, en la que denunció excesos en la investigación del caso terrorismo y la compra de testigos.
Juicio a la deriva
Sin ningún sustento, piden que el caso terrorismo sea extinguido donde hay más de 30 involucrados como cómplices del abatido Eduardo Rozsa.
Funcionarios convocados
El Ministerio Público reveló una lista de 25 personas para que comparezcan como testigos del caso de extorsión, entre ellas el gobernador Rubén Costas.
Autoridades citadas
También serán notificados para testificar el hermano del vicepresidente Raúl García y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Audiencias en Palmasola
Los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno que guardan reclusión en la cárcel cruceña deben declarar hoy ante una comisión de fiscales.
domingo, 23 de marzo de 2014
Falsos abogados fueron enviados a la cárcel con detención preventiva
El Juzgado 4to, de instrucción en lo penal del Ministerio Público, envió a la cárcel de mujeres de Obrajes y San Pedro, respectivamente en calidad de detenidos preventivos a Pamela M. C., César M. C. y Julio César M. R., quienes el pasado jueves fueron capturados de manera infraganti haciéndose pasar como abogados, función que realizaban desde hace más de tres años atrás.
Ambas personas conformaban un clan a quienes dicho tribunal de sentencia imputó por los delitos de extorsión, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio ilegal de la profesión, quienes ejercían de manera ilegal en una oficina que tenían alquilada entre las calles céntricas de Yanacocha e Ingavi, donde los estafadores cobraban a sus ocasionales clientes entre 200 a 500 dólares por los supuestos trámites que realizaban.
A pesar de que en el momento del operativo realizado en dichas oficinas, donde las autoridades de la fiscalía encontraron varios documentos, de trámites que efectuaban, pero que hasta el momento la estafa a sus víctimas ni el valor de la documentación no fue cuantificada.
Modus operandi de ambas personas estaba tan bien organizada, que Julio César M.R., era quién se hacía pasar por fiscal de materia, pero que el nombre de la falsa autoridad era de Ramiro Quenta, de quién también se encontró tarjetas personales con el cargo de fiscal de la división de propiedades.
A pesar de que los imputados ya fueron enviados a la cárcel las investigaciones continuarán en torno a los falsos abogados, debido a que según las averiguaciones que todavía se realizan se tiene la certeza de que existirían otras personas implicadas en la banda de falsos abogados, debido a que en otro de los operativos que efectuó la policía junto a la fiscalía en la zona 14 de Septiembre, proximidades de la Plaza Garita de Lima, donde se encontró también sellos de gomas falsas de abogados y fiscales.
Según la autoridades de la fiscalía se tiene conocimiento de que también estarían implicados en el caso tramitadores quienes luego de los falsos abogados recibieran los montos mencionados de sus víctimas, existían otras personas que con la colaboración de algunas instancias judiciales comenzaban a realizar los trámites de manera ilegal.
Ambas personas conformaban un clan a quienes dicho tribunal de sentencia imputó por los delitos de extorsión, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio ilegal de la profesión, quienes ejercían de manera ilegal en una oficina que tenían alquilada entre las calles céntricas de Yanacocha e Ingavi, donde los estafadores cobraban a sus ocasionales clientes entre 200 a 500 dólares por los supuestos trámites que realizaban.
A pesar de que en el momento del operativo realizado en dichas oficinas, donde las autoridades de la fiscalía encontraron varios documentos, de trámites que efectuaban, pero que hasta el momento la estafa a sus víctimas ni el valor de la documentación no fue cuantificada.
Modus operandi de ambas personas estaba tan bien organizada, que Julio César M.R., era quién se hacía pasar por fiscal de materia, pero que el nombre de la falsa autoridad era de Ramiro Quenta, de quién también se encontró tarjetas personales con el cargo de fiscal de la división de propiedades.
A pesar de que los imputados ya fueron enviados a la cárcel las investigaciones continuarán en torno a los falsos abogados, debido a que según las averiguaciones que todavía se realizan se tiene la certeza de que existirían otras personas implicadas en la banda de falsos abogados, debido a que en otro de los operativos que efectuó la policía junto a la fiscalía en la zona 14 de Septiembre, proximidades de la Plaza Garita de Lima, donde se encontró también sellos de gomas falsas de abogados y fiscales.
Según la autoridades de la fiscalía se tiene conocimiento de que también estarían implicados en el caso tramitadores quienes luego de los falsos abogados recibieran los montos mencionados de sus víctimas, existían otras personas que con la colaboración de algunas instancias judiciales comenzaban a realizar los trámites de manera ilegal.
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