Un informe de inteligencia da cuenta de que el Ministerio Público supo que el exfiscal se aprestaba a abandonar el país y nada hizo para impedirlo.
"No cumplen las autoridades judiciales en este proceso. En Sucre, el Juez Segundo Cautelar, pese a existir una imputación y solicitud de audiencia en el caso de Marcelo Soza, no ha fijado fecha y hora a la fecha". El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, lamentó la actitud de la justicia, a la que responsabilizó de la salida subrepticia de Soza del país.
Guerrero, quien compareció ayer ante la comisión de Justicia Plural de Diputados, afirmó que la Fiscalía cumplió los plazos establecidos en las normas judiciales, pero que el Órgano Judicial no prestó apoyo a ese trabajo.
"Los operadores de justicia del Ministerio Público han solicitado, en el caso de Marcelo Soza la aplicación de medidas cautelares porque existía el peligro de fuga y obstaculización, pero las autoridades jurisdiccionales no realizaron las notificaciones y jamás se llevó a cabo la audiencia cautelar".
Incidentes y chicanas. Además Guerrero afirmó que tanto el denunciado como la denunciante recurrieron a cinco incidentes y excepciones judiciales en La Paz que, de alguna forma, favorecieron a Soza a salir del país y solicitar refugio en Brasil.
El Fiscal General explicó que en el caso de extorsión, por el que se investiga a Soza, también hubo excepciones jurídicas que fueron resueltas en los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, hecho que también ayudó a Soza.
"Hay plazos en los procedimientos. En el caso de Santa Cruz, se intentó notificar a Soza, pero no fue habido en su domicilio y se emitió un edicto para que se presente ante la autoridad de la Fiscalía el 12 de marzo, pero este ya estaba fuera del país el 11, motivo por el que la fiscal Rose María Barrientos expidió los mandamiento de aprehensión en contra del exfiscal Marcelo Soza y su abogado Moisés Ponce de León".
Legalidad. Por otro lado, dijo que solicitará a las autoridades de Bolivia y Brasil que el documento notariado dado a conocer por el exfiscal la semana pasada sea legalizado para que surta efectos legales y sea de conocimiento de la Fiscalía General.
"Oficialmente, no ha llegado ese documento al Ministerio Público, hay dudas sobre esa supuesta carta, vamos a pedir —vía Cancillería— una copia legalizada por los niveles que correspondan".
Montaje. El hijo de uno de los involucrados en el proceso, Gary Prado, y abogado de otros tres acusados por el caso Rózsa, afirmó ayer en La Paz que el Gobierno hizo un montaje, a partir de los dos atentados con explosivos producidos en Santa Cruz.
"En Santa Cruz hubo dos actos terroristas, contra la casa del Cardenal y contra la casa de Isaac Ávalos. La Policía debió investigar directamente estos hechos, pero no lo hizo así y (el Gobierno) involucró a todo un pueblo en su intención de frenar las demandas autonomistas de Santa Cruz”.
DETALLES CASO ROZSA
A casi cinco años de operativo en el hotel Las Américas, las pruebas obtenidas por la Fiscalía son observadas por los defensores.
DECLARACIONES
> El exdirector Régimen Interior Luis Nolberto Clavijo, que participó en el operativo, dijo que muchos datos no pueden ser revelados porque tienen la condicion de secreto de Estado.
> La defensa señala que las pruebas fueron manipuladas.
La fiscalía dice que tiene pruebas del separatismo. Marco Antonio Rodríguez, uno de los fiscales que lleva adelante la investigación del caso Rózsa, dijo que "el Ministerio Público presentó una acusación en cuya tesis se comprueba, mediante los elementos probatorios que hubo actos de una organización armada para separar al país". El fiscal afirmó que proseguir la investigación "no es un capricho personal".
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