Marcelo Soza, exfiscal del caso terrorismo, ahora descalificado, vilipendiado y perseguido por el Gobierno, la Fiscalía y legisladores del MAS fue, hasta antes de su fuga el 11 de marzo, un funcionario que gozó de apoyo, protección y confianza de las mismas instituciones que hoy piden su detención y enjuiciamiento. Una revisión de medios de prensa entre 2019 y 2013 da cuenta de ello.
El presidente, Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Gobierno calificaron al exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, como “delincuente confeso”, tras la fuga de éste a Brasil.
Romero, afirmó que Soza habría cometido “una suerte de complicidad” con los implicados del caso terrorismo (…) y que la investigación que realizó le sirvió “para llenarse los bolsillos”.
Sin embargo, el 5 de marzo de 2013 el mismo Romero descalificó el audio presentado por la senadora Carmen Eva González (CN), en el que se escucha presuntamente la voz Soza, que relata pormenores del caso terrorismo y la red de extorsión que operaba dentro del Gobierno.
“Siendo esta una grabación tan confusa y manipulada, creemos que se trata de un montaje, una campaña política de desprestigio”, manifestó Romero en 2013.
También en 2013 y por denuncias de familiares implicados en el caso terrorismo, Soza fue separado y acusado de extorsión: pedía dinero para favorecerlos en la investigación.
Más cauto fue el presidente Morales, quien al enterarse de la primera renuncia de Soza al caso terrorismo en 2011, dijo que estaba “sorprendido”, pero que dejaba el hecho en manos de la justicia.
En esa ocasión, el cargo de Fiscal General estaba en manos de Mario Uribe, quien el 27 de abril de 2011 rechazó “por falta de sustento legal la renuncia de Soza a la investigación del presunto grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa” y afirmó que el funcionario debe seguir adelante con la causa hasta la conclusión de todo el proceso.
Uribe agregó que el fiscal Soza “goza de su confianza” entre tanto no se pruebe en una sentencia los actos supuestamente irregulares que se le atribuyen.
En tanto García Linera dijo el 13 de marzo de 2013 que el audio y las fotografías presentados por la senadora Gonzales, que presuntamente confirman el nexo del fiscal Marcelo Soza con la red de extorsión y el operativo en el caso Rózsa, son “claramente falsas, con mucha más razón las que comprometen a mi persona”.
Reclamo
El mismo Soza, en una carta presuntamente de su autoría publicada tras su fuga a Brasil, dice: “Hasta hace poco tiempo altas autoridades de Gobierno de manera pública me pedían que continuará con mi labor y me ofrecían su confianza y respaldo para la investigación que dirigía ¿dónde están ahora esas autoridades que me pedían que investigara a determinadas personas con el único objetivo de que se cumplan sus fines políticos?”.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, calificó el 4 de abril de 2013 de “terrorismo mediático” la presentación de audios que involucran al exfiscal Soza. Consideró que los audios presentados debilitan el proceso.
En marzo de 2013, la asesora jurídica del Ministerio de Gobierno, Paola Barriga, presentó una demanda penal contra González por presuntamente pretender obstaculizar el proceso del caso Rózsa, tras haber difundido imágenes y audios que involucran a Soza con la red de extorsionadores.
Soza, en una parte de la citada carta dice, al denunciar que fue usado por fines políticos y luego abandonado, “de la mismamanera que fui grabado por elMinisterio de Gobierno para que la oposición hiciera uso indiscriminado de esa grabación para desprestigiarme”.
En este momento Soza se encuentra refugiado en Brasil y el Ministerio Público del país hace gestiones con la Interpol para que se emita una orden de captura internacional.
Respaldo de autoridades
El 27 de octubre de 2009, el entonces diputado y presidente de la comisión parlamentaria que investigó el caso terrorismo, César Navarro, manifestó que el fiscal Marcelo Soza “desarrolla un trabajo eficiente y que manejó con coherencia la investigación”.
“Yo descarto su renuncia, aunque es una decisión personal de él y del Fiscal General de la República (Mario Uribe) que fue quien lo designó para investigar el caso de terrorismo”, dijo el diputado.
En tanto, el 13 de noviembre de 2009 el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, advirtió “que el Gobierno no se prestará al show político que intentan impulsar los senadores de la oposición en el caso terrorismo y separatismo que investiga el Ministerio Público”.
Y que el Gobierno, como parte querellante, respetará la investigación del fiscal Marcelo Soza en el caso de la desarticulada célula terrorista de Eduardo Rózsa.
El 6 de abril de 2010, cuando Sacha Llorenti tenía el cargo de ministro de Gobierno, con relación al caso terrorismo dijo que se está llevando adelante una de las investigaciones más serias, después de desarticular “una organización criminal que pretendía separar uno de los departamentos (Santa Cruz) de la integridad territorial”.
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