Cada vez es más fuerte la idea de realizar una auditoría a todo el proceso de terrorismo I, que se inició en 2009, para evaluar los nombres de todos los involucrados del caso e incluir otros que no han sido tomados en cuenta. Mientras tanto, los procesados buscan anular el juicio, por retardación o porque consideran que el caso es un “montaje” del Gobierno.
Por el momento, el juicio está paralizado, hasta que el Tribunal Segundo resuelva el incidente planteado hace una semana contra las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes fueron recusadas por Ignacio Villa Vargas, alias ‘El Viejo’.
“Si nos basamos en el libro de Carlos Valverde, deberíamos citar a más de 100 personas, entre ellos a Valverde porque tenía la información. Sería interesante que se haga una auditoría al caso”, dijo a radio Erbol el exviceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio, pidió a la Fiscalía indagar la posibilidad de incluir a personas como el gobernador Rubén Costas y “toda la exPrefectura que participó de este complot contra la patria”, por lo que exigió la realización de una auditoría al caso para dilucidar “cómo lograron salvarse del proceso”.
Nulidad del proceso
Pero las declaraciones públicas no van solo por ese camino. Los procesados, a través de sus abogados, manifiestan la posibilidad de anular el proceso y lograr así la libertad de todos los detenidos, que en la mayoría de los casos están guardando detención preventiva desde hace casi cinco años.
La propuesta tomó más impulso luego de la huida del país, a Brasil, del exfiscal Marcelo Soza, el 11 de marzo, quien en unos audios atribuidos a él y por los que está siendo investigado revela una presunta extorsión para involucrar a personas y pruebas montadas en el caso.
Se suma también una carta redactada por Soza luego de llegar a Brasil, donde pidió asilo y en la que denuncia vulneración de derechos en ese caso.
“Corresponde plantear una acción de actividad procesal defectuosa basada en la carta que presentó el exfiscal Soza y pedir la nulidad de obrados hasta fojas cero. Corresponde también poner en libertad a la gente”, expresó Érick Seifert, exabogado del ex líder cívico cruceño Branko Marinkovic.
Además, dijo que las detenciones ya son ilegales y violatorias de los derechos humanos. “El procedimiento establece tres años de duración del proceso, no cinco años, por más difícil que sea”, añadió y justificó la huida de Marinkovic al exterior, “porque estaba sometido a una presión”.
En un acto público llevado a cabo el sábado, el presidente del Estado, Evo Morales, sostuvo que se estaba usando el tema de extorsión para cerrar la investigación sobre el caso de supuesto terrorismo y dijo estar “casi convencido” de que esas personas son las que quieren la división de Bolivia, no quieren que se esclarezca el caso ni que sean juzgados quienes intentaban la división del país”
El entorno
Un encuentro casual
El abogado Otto Ritter aseguró que en la ciudad de Brasilia se encontró por casualidad en un shopping con el exfiscal Marcelo Soza, quien le habría confesado que el Gobierno lo ayudó a salir hasta Perú para luego ir a Venezuela, pero que él decidió irse a Brasil.
Plan para el fracaso
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, respondió ayer que el encuentro casual entre el exfiscal Marcelo Soza y el abogado Otto Ritter demuestra un plan para hacer fracasar el denominado caso terrorismo. Pidió a las autoridades de Brasil no dejarse engañar.
Incidentes Resueltos y el proceso continúa
Según el fiscal que lleva el caso terrorismo I, Sergio Céspedes, los incidentes para anular las investigaciones, por retardación de justicia o por ilegalidad en la acumulación de pruebas, ya fueron presentados ante el Tribunal de Sentencia que lleva las audiencias en Santa Cruz, pero que fueron rechazadas cada una de ellas, por lo que el caso debe seguir hasta que haya una sentencia.
“La defensa ya planteó estos extremos, como la nulidad por mala conducta fiscal, mala obtención de pruebas, observaciones por la falta de un fiscal. Pero eso ha sido resuelto, el proceso se confirmó por el Tribunal departamental. Se han repetido estos incidentes, fueron considerados y otra vez rechazados”, dijo la autoridad en La Paz.
Sobre la retardación, explicó que no solo se valora el correr del tiempo, sino la culpabilidad de la dilación.
Por otro lado, afirmó que de los 17 ciudadanos declarados rebeldes por la justicia, son “varias las personas” a las que se les tramita su extradición.
Entre ellas, anunció que estaba Branko Marinkovic, David Sejas y Alejandro Brown.
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