El exparlamentario César Navarro confirmó que en las investigaciones realizadas por la comisión multipartidaria en el caso Rózsa no se incluyó las denuncias de extorsión que implicaron al exfiscal Marcelo Soza, pues su labor se limitó al período abril a noviembre de 2009.
“Nosotros presentamos conclusiones en función de las pruebas que nos han presentado en abril del 2008 y diciembre de 2008, lo que se ha presentado posterior al 2009 como las denuncias de supuesta extorción es un tema que compete al Ministerio Público, por lo tanto nosotros como exmiembros de la mencionada comisión vamos a dar testimonios de las acciones de la investigación que hemos desarrollado en el tiempo que nos ha tocado llevar adelante estas investigaciones”, afirmó Navarro en entrevista con Erbol.
Navarro, quien fue diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el primer mandato del gobierno de Evo Morales, dijo que la comisión se fundamentó en dos hechos para afirmar que el grupo Rózsa fue traído a Bolivia por el grupo La Torre para generar violencia y división en el país.
Las armas encontradas en los stands de Cotas y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), además de versiones y testimonios de testigos como la administración del hotel Las Américas, eran parte de la labro de recolección de insumos que hizo esa comisión en 2009.
Sin embargo, la oposición regional de entonces descalificó a esta comisión argumentando que sólo hubo participación del oficialismo.
El entonces cívico cruceño German Antelo manifestaba su contrariedad por los avances de la comisión del Congreso de la República, porque advertía politización del caso. “Ellos quieren ponernos un cerco para el 6 de diciembre, porque quieren bloquear nuestra candidatura al Senado”, citaba en 2009 el actual senador por Convergencia Nacional (CN) y aliado al Frente Amplio.
MÁS IRREGULARIDADES
Por su parte, José Nicolás Hoffman, abogado de la defensa de Ronald Castedo, explicó que en la intervención en el hotel Las Américas de acuerdo al primer cuerpo del expediente del libro de investigaciones demuestra que “no interviene ningún fiscal en el allanamiento del mencionado hotel, porque el fiscal Soza aparece recién el 16 de abril luego del mediodía, entonces no existe intervención de fiscal, orden judicial, ni testigos presenciales en el mencionado allanamiento. Por lo tanto, es calificado como una acción premeditada, porque de acuerdo a las propias declaraciones de Navarro es un grupo de élite de la Policía la que interviene la misma que fue traída especialmente desde La Paz, ello significa mucho tiempo de preparación en la intervención el mismo que se hace en horario restringido por las propias normas legales y con el corte de cámaras para anular evidencias”, detalló.
Desde la designación del entonces fiscal Marcelo Soza en el caso “terrorismo y separatismo” o también llamado caso Rózsa, la oposición advirtió que se trataba de un montaje para desarticular a la resistencia cívico política de los departamento de la llamada “media luna”.
Luego, surgieron denuncias sobre sobornos y extorsión a los implicados en el caso en una lista de 150 personas, de las cuales 35 están detenidas en los penales de San Pedro y Palmasola desde 2009.
La finalización de la investigación por la Comisión Multipartidaria dejó el caso en manos del Ministerio Público y el otrora fiscal Soza sin volver a tocar el tema, ya en calidad de Asamblea Legislativa.
En tanto, el padre de Zvonko Makovic, quien este marte cumple cuatro años de reclusión en el penal de Palmasola, ratifica supuestos hechos de extorsión realizados por parte del consorcio del fiscal Marcelo Soza y sus abogados con un valor de 40 mil dólares, monto económico que era exigido para sacarlo de las listas del llamado caso ‘terrorismo I’.
“Sólo por una llamada realizada por Eduardo Rózsa con una duración de 20 segundos es que lo incluyen a mi hijo en el proceso del supuesto caso de terrorismo y son los abogados Grover Gutiérrez Espinoza, Alfredo Lafuente, en la vivienda de la señora, quienes solicitaban la cancelación de 200 mil dólares a nombre del abogado Marcelo Soza para sacarlo a mi hijo del proceso”, explicó Makovic padre.
El cruceño recuerda que Moisés Ponce fue quien propone efectuar un “trato jurídico” con la entrega de 60 mil dólares de los cuales 40 mil habrían sido concedidos y que él mismo, mediante documento firmado, verificaba que los primeros 20 mil dólares era un pago como “seriedad” de la propuesta; los segundos 20 mil dólares se iban a entregar cuando Makovic hijo reciba arresto domiciliario y los restantes 20 mil dólares cuando éste fuera del caso.
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