Contra las cuerdas. Así quedó ayer el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz que cada dos semanas sesiona en Santa Cruz en el juicio oral del caso Rózsa, luego que una juez ciudadana Anastasia Calisaya, fuera acusada de estar vinculada al Poder Ejecutivo por medio de su hija que trabaja en el Ministerio de Gobierno.
Mamani es una de las dos juezas ciudadanas elegidas del padrón electoral junto con Sonia Mamani que comparte la testera de juzgadores junto a los jueces técnicos Elena Gemio y Sixto Fernández; este último que funge como presidente del Tribunal.
Que se aparte del caso. El abogado Guido Colque, defensor de Ignacio Villa, madrugó ayer a los juzgadores presentando una certificación que la hija de Calisaya es funcionaria del Ministerio de Gobierno.
Por esa razón y en atención a la imparcialidad e independencia, además de la legalidad, Colque argumenta que Calisaya no puede continuar como parte del tribunal, considerando que el Ministerio de Gobierno es acusador particular en el proceso por terrorismo y alzamiento armado que llevan adelante en contra de 38 imputados luego de la desarticulación de una presunta célula subversiva.
Papelitos cantan. Colque presentó al Tribunal un certificado de nacimiento en el que Lidia Amelia Yujra Calisaya, nacida el 15 de octubre de 1970 en la provincia Murillo de La Paz figura en un certificado de nacimiento extendido por el Segip, como hija de Francisco Yujra Quispe y Anastasia Calisaya Catari, quien es la juez ciudadana
Asimismo, presentó una declaración jurada de Lidia Yujra Calisaya en la que indica que es funcionaria del Ministerio de Gobierno y que como prueba firma una declaración jurada de bienes.
La juez Calisaya había negado la acusación este miércoles, pero ayer se abstuvo de hacer declaraciones a los medios.
El presidente del Tribunal, Sixto Fernández, decretó conceder tres días para responder al llamado incidente de defecto procesal.
Carta de Soza, otra estocada. También ha puesto entre la espada y la pared a los jueces, la carta que el exfiscal Marcelo Soza presentó ante las autoridades brasileñas. En la misiva señala que fue utilizado por el Gobierno actual para acusar a dirigentes cívicos del oriente en el juicio y deslinda responsabilidad en los presuntos "excesos" cometidos durante el operativo en el hotel Las Américas donde murieron tres europeos, el 16 de abril del 2009 en Santa Cruz, origen precisamente del caso Rózsa.
Con esa carta como argumento, el abogado Otto Ritter presentó un recurso en el que pide extinguir la causa y liberar a los nueve detenidos.
Los fiscales, a la cabeza de Sergio Céspedes, rechazaron el incidente y al igual que el juez Fernández pidieron la presentación de documentación original. Por eso se pedirá a Brasil que confirme oficialmente la autenticidad de la carta de Soza. Los abogados defensores de los imputados también pidieron día y hora para que dos considerados testigos claves sean convocados a declarar, como son los exabogados del Ministerio de Gobierno y denunciantes en el caso, Denis Rodas y Fernando Ribera, detenidos por extorsión y quienes han dicho que todo fue montaje del Gobierno.
Revelación
La carta de Soza confirma audios y espionaje
Audios y espionaje. En su "carta al pueblo de Bolivia", el exfiscal Soza se pregunta “¿Es ese el pago que recibo? Usarme vilmente para sus intereses políticos, y luego abandonarme en manos de la derecha del país, cuyo único fin es destruirme. De la misma forma que fui grabado por funcionarios del Ministerio de Gobierno para que la oposición hiciera uso indiscriminado de esa grabación para desprestigiarme, como en el pasado se grabó una reunión donde participó Mary Carrasco, señala la carta del exfiscal, refugiado en Brasil.
¿Qué dice el audio. Aparentemente Soza se refiere a una cinta presentada ante la justicia por la senadora Carmen Eva Gonzales. En la grabación, la voz atribuida al fiscal Soza revela en un diálogo con una persona no identificada una serie de irregularidades y manipulación del caso Rózsa.
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