Marcelo Soza, abogado asignado por el Ministerio Público al caso “terrorismo y separatismo I y II” salió del país tras haber solicitado refugio a Brasil el 11 de marzo. Así lo confirmó el propio exfiscal mediante una nota y documentos que fueron revelados ayer por los medios de comunicación.
Ayer, tanto el implicado como la Embajada de Brasil confirmaron el hecho, generando la reacción de la parte acusada en el también llamado caso Rózsa que pide reencauzar el proceso hacia los “verdaderos responsables” que, en su criterio, están en el propio Gobierno central.
La primera versión la dio a conocer el periodista cruceño Carlos Valverde, quien a pesar de haber quedado fuera de las cadenas nacionales de televisión mantiene su programa “Sin letra chica” en un canal de cable local de Santa Cruz. Mediante las redes sociales anticipaba el hecho el martes citando: “Estoy en condiciones de afirmar que el exfiscal Marcelo Soza se ha refugiado y esta asilado en Brasil. El asilo le ha sido otorgado esta mañana en Brasilia”.
El comunicado de la repartición diplomática asentada en la Sede de Gobierno cita: “La Embajada de Brasil informa que el día 11 de marzo del presente, el señor Marcelo Soza Álvarez ingresó con pedido de refugio frente a la Policía Federal del Brasil. El pedido será evaluado por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare)”.
En tanto, Soza confirmó su arribo al vecino país a través de dos fuentes; primero una foto subida a las redes sociales posando en la puerta de una repartición brasileña y también una carta remitida a la prensa y publicada por los medios informativos.
En la nota, Soza asegura que decidió salir del país, porque su vida corre riesgo ante una eventual detención por el caso de los audios de presunta extorsión que el Ministerio Público sigue sobre el abogado, y cuya presentación debía realizarse ayer en la capital cruceña.
Asimismo, el exfiscal denominado “hombre fuerte” del Ministerio Público revela que fue obligado a “cooperar” en la investigación apuntando a “fines políticos” solicitados por una facción del Gobierno de Evo Morales.
“Autoridades de Gobierno me pidieron en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos, a lo que siempre me opuse. También me pedían que incluya en esta investigación a líderes cruceños sobre los que no tenía ninguna prueba y más bien se mostraban complacientes con otras autoridades de la oposición con los que habían logrado algún acuerdo”, señala la carta que habría sido firmada por el sindicado.
Brasil concedió 180 días de estatus provisional de permanencia hasta que el Conare defina su situación.
Para el abogado de los acusados en el caso Rózsa, Otto Richter, la fuga del exfiscal es la demostración de que hubo terrorismo de estado a partir de los hechos del hotel Las Américas, cuando el grupo de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) intervino el local y dio muerte a tres de cinco miembros de la célula irregular.
En tal sentido, Richter manifestó que el caso debe ser reencauzado para dar con los verdaderos responsables de la convocatoria a Eduardo Rózsa, Michel Dwyer, Arpad Magyarosi (fallecidos), además de Mario Tádic y Elód Tóazó, que en su criterio son parte del régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que formaban o forman parte del Ministerio de Gobierno.
Al conocer el hecho, varios de los encausados en el proceso que en abril cumple cinco años y que aún no entra a la etapa de juicio oral en el Tribunal de Sentencia, pidieron la extinción del caso. Uno de ellos, Ignacio Villa Vargas, conocido bajo el alias de ‘El Viejo’, declaró a medios locales que Soza huyó “no por el Gobierno, no por tener riesgo de vida sino por su conciencia”.
Svonko Makovic, otro de los implicados y que denunció a Soza por una presunta extorsión a su padre por 50 mil dólares para no ser incluido en la lista de procesados, coincidió en señalar que las responsabilidades del caso terrorismo apuntan a gente vinculada al Gobierno central y que este “montaje” se dio sólo para afectar a empresarios, cívicos, políticos y familias cruceñas opositoras. “Debió ser más hombre y haber dicho todo esto acá, en el juicio y no después de cinco años que se cumplen este 16 de abril”, dijo.
La Dirección General de Migración deslindó responsabilidades sobre la salida de Soza puesto que no había ningún mandamiento de apremio o arraigo para el abogado; sin embargo, su paso de frontera no fue registrado por ningún puesto de control, situación que será investigada con el agregado que el número del pasaporte no es coincidente.
Según Migración, Soza “con pasaporte número 3980255 no se ha presentado a ninguno de los 18 puestos terrestres fronterizos ni los tres puestos aéreos” para verificar su salida del país. “El señor Soza no tiene arraigo, es decir, no existía ni existe una orden para impedir su traslado a un país del extranjero”, agrega.
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