Dos abogados, un penalista y un constitucionalista coinciden que la carta del exfiscal, Marcelo Soza, enviada desde el Brasil, pone al descubierto defectos absolutos en el juicio penal por terrorismo y alzamiento armado que se ventila en Bolivia.
Defectos absolutos. El expresidente del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, afirma que el manifiesto firmado por Soza da a conocer actos procesales con defectos absolutos no susceptibles de convalidación como el ingreso al hotel Las Américas sin presencia fiscal, la violación a derechos fundamentales como la acusación contra personas inocentes, expresa por la compra de testigos y la manipulación de las pruebas y que se siguieron lineamientos políticos, en contra de determinados blancos.
"Eso demuestra que desde un principio existieron irregularidades que inciden en la condición de validez y legalidad", dijo el exmagistrado.
Empezar de nuevo. El artículo 169 numeral tres de la Declaración de Derechos Humanos establece que cuando existen irregularidades y actos procesales con defectos absolutos, lo que corresponde es volver al vicio más antiguo y volver a empezar en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos.
Ya no existe legitimidad. Por su parte, el exfiscal de distrito y docente de Derecho Penal de la Universidad Gabriel René Moreno, Willam Herrera, dice que el caso ha quedado deslegitimado, es decir, plagado de tantas irregularidades que hacen inviable su sustanciación.
Señaló, además, que desde el principio el caso empezó mal porque se violó el derecho al juez natural que tienen los ciudadanos, porque están siendo juzgados por un tribunal ajeno a su distrito.
Carta de Soza
Uso político, compra de testigos e irregularidades
En su carta “Al pueblo de Bolivia” el exfiscal Marcelo Soza Álvarez reveló que en la investigación por el caso terrorismo corrió sobornos, compra de testigos y presiones para incluir, sin pruebas, a líderes cruceños y aseguró que el audio, donde asegura que el caso era un montaje gubernamental, fue grabado por funcionarios del Ministerio de Gobierno para destruirlo en alianza con la oposición.
Lamentó que el Gobierno permita que se lo persiga como un vulgar delincuente, cuando durante años alentó su acción investigativa en el caso Terrorismo. “Estas autoridades que hoy callan, ayer me pedían que investigue a determinadas personas con el único objetivo de que se cumplan sus fines políticos”, afirmó el exfiscal.
Soza asegura ser el boliviano con el Nº 747 que pide refugio en Brasil ante la crisis estructural del sistema de justicia boliviana y explica que tomó la decisión de huir a ese país, luego de valorar cuidadosamente los riesgos de una verdadera persecución política.
Desde Brasil, el exfiscal denuncia que su nombre fue utilizado por otras personas que se aprovecharon de la investigación “para enriquecerse, tal el caso de Luis Norberto Clavijo, ministros y asesores del Gobierno, así como también abogados inescrupulosos de los propios investigados, como Carlos Subirana Suárez”.
Señaló que todos los excesos que se han cometido en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde murieron tres ciudadanos europeos, son de responsabilidad de las autoridades del Gobierno.
“Si existe alguna falsedad en esos informes es responsabilidad de quienes lo hicieron. El soborno y la extorsión para comprar testigos falsos, realizado por Carlos Núñez del Prado, no fue mi responsabilidad ni el manejo de las pruebas en los operativos del hotel Las Américas".
Reacciones
El caso salta en un año electoral
El desplome del caso Terrorismo ocurre a unos siete meses de las elecciones generales en el que competirán el presidente Evo Morales y otros hasta ahora visibles dos bloques a la cabeza de Juan del Granado y Samuel Doria Medina.
Por eso, la fuga del exfiscal Marcelo Soza y sus confesiones de haber sido utilizado por el oficialismo para perseguir a opositores ha sido aprovechado para desprestigiar a Morales, hasta ahora 8 años en el poder.
Contrapunteo. Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga requieren la presencia de un tribunal internacional, de la ONU u OEA para “realizar una investigación seria” del asalto al hotel Las Américas, sin embargo, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, pide no dar credibilidad a la carta de Soza e insiste en que el caso debe reinstalarse de nuevo.
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