Amenos de un mes de cumplir cinco años, el llamado caso terrorismo parece experimentar sus últimos días, luego que los imputados plantearan ayer la recusación de todo el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, cuestionando su imparcialidad y luego de que el principal acusador, el exfiscal Marcelo Soza, afirmara en una carta, que fue utilizado por el Gobierno para acusar sin pruebas a líderes del oriente boliviano
Entre sollozos y discusiones, dos juezas ciudadanas, Anastasia Calisaya y Sonia Mamani, aceptaron ayer en la tarde renunciar al proceso, tras haber sido acusadas, la primera de tener a su hija trabajando en el Ministerio de Transparencia y la segunda por supuestas relaciones sentimentales con personeros del Gobierno, situaciones que inicialmente fueron negadas.
"Ya no quiero más", se la escuchó decir a Anastasia Calisaya, contra quien el abogado Guido Colque, defensor de Ignacio Villa Vargas, anunció un juicio penal porque presuntamente mintió al momento de jurar como juez, pues afirmó que no tenía ninguna relación de dependencia con el Gobierno.
El caso dividido pasa a otro tribunal. El presidente del tribunal, Sixto Fernández indicó que al escuchar públicamente la renuncia de las juezas ciudadanas, corresponde que el expediente pase al juzgado superior en número, es decir el Tribunal segundo de La Paz, para que resuelva el alejamiento de ambas y determine la recomposición del Tribunal organizando la selección de los candidatos a jueces ciudadanos del Padrón Electoral paceño, que en este caso deben ser tres.
Quedarían en pie los dos jueces técnicos, Sixto Fernández y Elena Gemio. Fernández explicó también que por ley, el tribunal en pleno, compuesto por dos jueces técnicos y dos ciudadanos no pueden ser recusados como lo pidieron ayer los abogados de los 21 imputados que asisten a las audiencias y de los cuales hay 9 detenidos.
Ataque a los jueces. Durante la jornada de ayer los abogados cuestionaron la honradez del presidente del Tribunal, Sixto Fernández, luego de una información publicada en el periódico paceño Página 7, en el que el exdirector general de Coca e Industrialización (Digcoin), Luis Cutipa y a su asesor legal Jorge Harold Senzano, dijeron haberle pagado 30 mil bolivianos.
Esa situación fue rechazada por Fernández, quien dijo que cuando regrese a La Paz averiguaría por qué razón lo acusan.
Afirmó desconocer a Cutipa y señaló que toda la sindicación en su contra es infundada.
El caso se muere. El abogado penalista y exfiscal de distrito de Santa Cruz, Willam Herrera, dijo que el caso Rózsa técnica y jurídicamente está deslegitimado y por eso ha ido languideciendo y su muerte es un hecho, especialmente después que el principal acusador, Marcelo Soza, afirmara que el proceso fue armado. El exfiscal reveló desde Brasil que se manipularon pruebas y se cometieron excesos en el asalto al hotel Las Américas el año 2009, donde murieron tres europeos.
Gobierno lo defiende. El fiscal general Ramiro Guerrero dijo que el caso debe continuar mientras que el masista Marcelo Elío, presidente de Diputados, dijo que no se debe confundir una cosa que es la extorsión de Soza y otra el caso terrorismo.
"El Caso terrorismo se ha vuelto una brasa caliente para el Gobierno que no sabe cómo deshacerse de él. A pesar de no tener pies ni cabeza, cumplió sus objetivos, pero ahora se le ha vuelto un boomerang que le está afectando políticamente".
William Herrera
Exfiscal de Distrito de Santa Cruz
"No debemos dejarnos confundir. Existe un presunto hecho de corrupción de Marcelo Soza y el otro es el caso terrorismo y separatismo.
Con Soza o sin Soza el caso terrorismo debe avanzar porque se trata de un hecho grave".
Marcelo Elío
Presidente de Diputados (MAS)
Reacciones
Proponen empezar un nuevo proceso con los verdaderos culpables
El caso más grave para el Gobierno. El expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, calificó los hechos del Hotel las Américas, como lo más grave de los 8 años de Gobierno del presidente Evo Morales. Aconseja al primer mandatario encabezar una nueva investigación o de lo contrario quedar sujeto a un proceso internacional por las ejecuciones extrajudiciales en 2009.
Empezar de nuevo. “Hay que comenzar otro proceso, Marcelo Soza respondía a una línea política y el Ministerio Público hacia de servil a un ente superior. El Gobierno y el Fiscal General del Estado son responsables de que el fiscal Soza se haya dado a la fuga. El Gobierno tiene que ver con el montaje del caso terrorismo. Si queremos salvar a nuestro país, los bolivianos tenemos una elección, hay que castigar al Gobierno con el voto. Asumamos y digamos basta, esto debe terminar”, dijo Tuto.
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