Unidad Nacional (UN) tiene previsto presentar hoy ante la Fiscalía la denuncia contra el o los involucrados en el presunto delito de tráfico de influencias por el caso del contrato firmado entre la empresa de la cuñada del Vicepresidente y la estatal BoA. El Gobierno aseguró ayer que no hallarán irregularidades.
"El principal argumento es lo que hemos denunciado: tráfico de influencias. Hay un daño económico al Estado (...). Se está pidiendo la investigación”, informó Arturo Murillo, dirigente político de UN.
La pasada semana se conoció que una empresa de la cuñada del Vicepresidente, Silvana del Castillo, se había adjudicado por invitación directa un contrato con Boliviana de Aviación (BoA) por 18 millones de dólares.
Con respecto al tema, García Linera admitió la existencia del contrato del servicio de catering con la empresa de su cuñada, una pariente en segundo grado de consanguinidad, por lo que decidió la rescisión del contrato.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo ayer en radio Panamericana que una posible investigación es constitucional, pero anticipó que no se encontrará nada irregular en la actitud del Vicepresidente y que la intención es dañar su imagen.
"Unidad Nacional es un partido empresarial amarillista que busca el escándalo sin escrúpulos, y que acostumbra a denunciar presuntas irregularidades para luego pedir disculpas por sus falsedades”, dijo.
Murillo lamentó que en el oficialismo se "cierren filas” en torno a las denuncias contra autoridades. "Está claro que algunos están cerrando filas defendiendo al Vicepresidente”.
El ministro Juan Ramón Quintana calificó las denuncias como "desproporcionadas”. "Me parece absolutamente desatinada la declaración (en sentido de) que hacemos espíritu de cuerpo en torno a los corruptos (...). Si se tienen evidencias objetivas de funcionarios corruptos, van a tener un Gobierno implacable”, sostuvo.
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