De ser auténtica la carta que el exfiscal Marcelo Soza dirigió “Al pueblo de Bolivia”, como aseguró ayer el abogado Otto Richter, los defensores de los acusados por el caso Rózsa estarían en el derecho de solicitar la anulación de obrados, pues se habrían contaminado las pruebas, según expresaron ayer los expertos en derecho José Antonio Rivera, Cayo Salinas y Omar Arandia.
Richter, abogado de Zvonko Matkovic y Gary Prado Salmón, dos de los 29 acusados en el caso terrorismo, mostró ayer documentos que según él certifican que la misiva de Soza es auténtica. “La carta fue presentada ante un notario y ha sido debidamente legalizada en Brasil, inclusive la Cancillería brasileña ha legalizado el documento”, afirmó el jurista a Erbol.
En tanto, ayer una comisión parlamentaria formada por disidentes del MAS y opositores decidió investigar las irregularidades del caso terrorismo y la fuga de Soza, pese al rechazo del oficialismo.
“El motivo fundamental (de mi viaje a Brasil) fue ir a verificar si lo que se decía en el país de que la carta de Soza era ‘supuesta’, (pero) hoy en día ya podemos decir con absoluta certeza que esa carta sí es de Soza”, afirmó el abogado Otto Richter, al mostrar el sello de la cancillería brasileña en la misiva.
Frente a esas aseveraciones, Los Tiempos consultó a los analistas del campo jurídico.
El constitucionalista Antonio Rivera dijo que en el caso hipotético que se compruebe la autenticidad de la carta, podría dar lugar a anular los obrados en el proceso.
Según Rivera, la confirmación develaría que el proceso de investigación que Soza realizó ha sido constituido con violación de los derechos fundamentales.
Argumentó que el artículo 13 de la Ley 1970 del actual Código de Procedimiento Penal de manera extensa dispone que las pruebas obtenidas con violación de los derechos consagrados por la Constitución Política del Estado (CPE) y los tratados y convenciones carecen de todo valor probatorio.
“Aquellas pruebas fueron obtenidas con torturas, amenazas, presiones”, dijo Rivera, haciendo una analogía con la carta que presuntamente Soza escribió donde dice haber actuado bajo presión de miembros del Poder Ejecutivo.
El constitucionalista Cayo Salinas dijo que si se prueba la veracidad sobre lo que el exfiscal Soza ha afirmado, la prueba estaría contaminada y por tanto se debería enviar el proceso a fojas cero, lo que no significa que el proceso no continúe su curso.
“Si se comprueba que la prueba fue contaminada, obtenida ilícitamente, violándose procesos procesales y constitucionales, el proceso tiene que ir a fojas cero”, dijo Salinas.
Finalmente, el director de postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Omar Arandia, manifestó que de comprobarse la autenticidad de la carta, se constituiría en “elemento que desvaloriza la presunta investigación”.
La carta
“Esto es la comprobación, una vez más, de que este caso fue armado por el Gobierno. El caso terrorismo fue armado por el Gobierno sobre base de pericias falsas, lo dice Soza; todo para tratar de incriminar y perseguir a líderes de la oposición en Santa Cruz y en todo el país, este es un caso eminentemente político”, insistió Richter.
Para el abogado, está absolutamente claro y comprobado ese supuesto montaje del caso denominado terrorismo. Aseguró que la defensa de los implicados en este proceso está en condiciones de probar dicha versión.
“Nosotros siempre dijimos que estamos en condiciones de probar y que al señor (Eduardo) Rozsa lo trae el Gobierno boliviano, le paga sus pasajes un exministro venezolano, un militar venezolano, eso está comprobado. El atentado a la casa del Cardenal (Julio Terrazas) fue cometido por funcionarios del Ministerio de Gobierno: Clavijo, Andrade y la policía Marilyn, al igual que el atentado a la casa de Saúl Ávalos”, sostuvo.
Declaraciones falsas
En tanto, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, alertó ayer sobre declaraciones “desaprensivas” de personas implicadas en separatismo que buscan involucrar al Gobierno con el caso terrorismo,
“Algunos abogados que no tienen ética declaran cosas como que el Gobierno habría traído a este grupo separatista con recursos de Venezuela”, señaló y aseguró que esas versiones son “absolutamente falsas”
La ONU observa lentitud
El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Dennis Racicot, afirmó ayer que la credibilidad del sistema judicial de Bolivia está de por medio en el denominado caso terrorismo.
“Está de por medio la credibilidad del sistema judicial en el país, a nivel penal que este juicio tenga resultado, en su momento, y no en sentido o en el otro. Por el momento observamos que la justicia ha sido lenta y que han habido varios problemas y que el caso en sí refleja todos los problemas de la justicia en el país, en estos momentos”, afirmó en un contacto con los periodistas.
A su juicio, es necesario que la justicia boliviana dé celeridad a ese proceso, porque podría perder el sentido como proceso jurídico.
“Al ver un caso tan mediatizado que dura cuatro años, uno llega a perder el sentido del juicio como tal”,dijo.
El caso extorsión
El exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, afirmó que para levantar el secreto de Estado de un determinado tema, los interesados pueden acudir a la autoridad judicial del caso, quien tendría las facultades de levantar estas reservas o secretos.
Las declaraciones de este tema surgen a propósito de la solicitud a una comisión de fiscales de Dennis Rodas y Fernando Rivera, exabogados del Ministerio de Gobierno, para que se les permita dar a conocer información confidencial a la que tuvieron acceso como funcionarios públicos, esto dentro del caso de extorsión que involucra al exfiscal Marcelo Soza. “Ellos si tienen algún compromiso deberían acceder a los canales respectivos para levantar ese compromiso como lo hace el abogado por ejemplo cuando recibe información de su cliente. Creo que una autoridad judicial es la responsable”,dijo Chávez.
FORMAN COMISIÓN DE JUSTICIA Y VERDAD
Un grupo de diputados del Movimiento Sin Miedo (MSM), de Convergencia Nacional (CN) y disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) conformaron ayer una comisión denominada “justicia y verdad” para fiscalizar las investigaciones de los casos terrorismo, red de extorsión, Chaparina, del exmayor Fabricio Ormachea y del exfiscal Marcelo Soza.
En conferencia de prensa, la expresidenta de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), dejó en claro que esta comisión no busca hallar a los culpables, sino simplemente fiscalizar el rol que están realizando los servidores públicos sobre estos casos.
Sobre la conformación de esta comisión, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), rechazó la misma.
Recordó que el artículo 41 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, referido a la conformación de comisiones especiales señala: “La cámara por voto de dos tercios podrá crear comisiones especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requiera tramitación extraordinaria”.
En ese sentido, Elío dijo que la comisión conformada por los diputados Fabián Yaksic (MSM), Rebeca Delgado (MAS) y otras autoridades de la oposición no cumple ningún requisito del reglamento.
“No existe ninguna comisión especial (…) es un show mediático que están haciendo estos diputados”, dijo.
Atribuciones
“En merito a nuestras atribuciones constitucionales (…) ante la negativa de una institución democrática de cumplir su función de fiscalización, hemos tomado la decisión aquí los diputados de conformar esta comisión de investigación con nuestra labor de fiscalización”, afirmó Delgado.
Convocó al presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), a que complemente esta comisión con el mismo número de diputados oficialistas, puesto que esta instancia no cuenta con el respaldo de la presidencia de la Cámara Baja.
La diputada Norma Piérola sostuvo que se pedirá las garantías para las autoridades judiciales encargadas de la investigación de estos casos, con el fin de que no teman decir la verdad .
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