El Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz recibió 128 cuerpos de expedientes del proceso por el caso terrorismo. Los nuevos dos jueces técnicos iniciaron el análisis de las últimas actas para después fijar hora y fecha para instalar la audiencia, donde se resolverán la recusación de dos juezas ciudadanas del Tribunal Primero, que fueron cuestionadas por Ignacio Villa Vargas, a través de su abogado, que denunció que hay afinidad de dichas juezas con personeros vinculados al Gobierno.
El presidente del Tribunal Primero, Sixto Fernández, confirmó a EL DEBER la remisión del voluminoso expediente.
Señaló que previo a la entrega se subsanaron varias observaciones hechas por los abogados defensores de los enjuiciados como por ejemplo el foliado ordenado de los cuerpos.
Las juezas recusadas por Ignacio Villa Vargas son Anastasia Calisaya y Sonia Mamani. Una fue sindicada de tener a un familiar trabajando en el Ministerio de Transparencia y la otra por una supuesta relación sentimental con un personero del actual Gobierno.
El juez Fernández aseguró que la nueva audiencia debe ser instalada por los jueces del Tribunal Segundo, que ya tienen el control jurisdiccional.
Una vez radicado el polémico expediente, lo que se espera son las notificaciones a los mismos jueces del Tribunal Primero y a la defensa del procesado Ignacio Villa, así como a los fiscales y a los personeros del Ministerio de Gobierno.
La audiencia, en Santa Cruz Para los abogados de los procesados en el caso terrorismo, los nuevos jueces deben necesariamente trasladarse a Santa Cruz para celebrar la audiencia.
El jurista Gary Prado, que defiende a su padre, el Gral. Gary Prado Salmón, explicó que el demandante que recusó a las juezas es Villa Vargas, por lo que debe estar necesariamente en la audiencia según los procedimientos. Recordó que Vargas está imposibilitado de trasladarse a La Paz por razones de salud.
No legalizan la carta de Soza
Por otra parte, Otto Ritter, abogado de Zvonko Matkovic, denunció que el consulado de Bolivia en Brasil está obstruyendo la legalización de la carta firmada por el exfiscal Marcelo Soza.
El embajador Jerjes Justiniano informó a un periódico de La Paz que el exfiscal Soza dejó una carta en el consulado boliviano en Brasilia, pero que no la legalizó porque no tramitó el reconocimiento de firma.
Para Ritter, lo señalado por el embajador Justiniano es una muestra de que se está obstruyendo el caso, por lo que lo denunciará por obstaculización e incumplimiento de deberes
El gabinete jurídico
1 El exdirector de Régimen Interior Boris Villegas ratificó su carta del 2 de julio de 2013 que los casos de seguridad del Estado y de relevancia social son manejados por el gabinete jurídico conformado por Nardi Suxo, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, Rubén Saavedra y Héctor Arce.
2 La senadora Carmen Eva Gonzales identificó a los ministros Carlos Romero, Ramón Quintana y Nardy Suxo, y al fiscal Ramiro Guerrero de manejar el gabinete jurídico.
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