Siete vehículos confiscados a personas vinculadas al narcotráfico fueron desmantelados a principios de año, en una de las ocho postas que tiene la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en Cochabamba.
Las lluvias causaron la caída de una de las paredes del inmueble, en el municipio de Sacaba, donde se encuentran estos motorizados en custodia o depósito provisional, es decir, bajo el cuidado de esta Dirección.
Un grupo de delincuentes ingresó al lugar y se llevó todos los accesorios de los vehículos. El caso fue denunciado en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove)
Pese a este hecho y el riesgo en que continúan los otros motorizados, hasta la fecha no se realizaron los arreglos que corresponden en la infraestructura.
La falta de presupuesto sería una de las causas para el retraso en este trabajo.
En las otras postas de Dircabi se reportó la pérdida de llantas de auxilio, faroles, stops y otros accesorios de los vehículos
Esta situación es reiterativa desde hace varios años. Las auditorías de la Contraloría General del Estado de 2009 y 2011 concluyen en el caso de los vehículos, que “se encuentran con ubicación desconocida”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante el informe anual “Revolución Tecnológica en Seguridad Ciudadana y Eficiencia en la Lucha Contra el Crimen”, reconoció que Dircabi no cuenta con un registro de todos los bienes incautados al narcotráfico. En Cochabamba, se alertó de la presencia de una red delincuencial que operaba dentro de la institución y que hacían “desaparecer” los bienes y desmantelaba los vehículos
El jefe distrital de Dircabi, Juan Carlos Mérida, pidió a OPINIÓN un tiempo para hablar sobre estos hechos, argumentando que hace unas semanas recién asumió el cargo
MEDIDAS La exdirectora de Dircabi Sissy Gutiérrez, que accedió a una entrevista antes de renunciar a su cargo (el mes de febrero), reconoció que no se tienen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los bienes.
En una anterior visita a una de las postas, se verificó que no contaba con iluminación, ni tampoco ningún tipo de seguridad. Son los inspectores de bienes de esta Dirección que se encargan del seguimiento y control.
Ante esta situación, Gutiérrez informó de la presentación de distintos proyectos para la implementación de chips en los vehículos o GPS (Global Positioning System por sus siglas en inglés) para su ubicación, por ejemplo, o el registro de los puntos geográficos de ubicación
Por otro lado, dijo que se busca la concentración de la mayor cantidad de vehículos en unas pocas postas. Hasta la fecha, tres ya se encuentran fusionadas en una sola. La exautoridad, dijo, en esa oportunidad, que una de las tareas pendientes es el traslado de los vehículos de la posta de Chimoré a la ciudad de Cochabamba. En este caso, también se debe al avance de obras de construcción del aeropuerto de Chimoré en el lugar.
INMUEBLES La falta de seguimiento a los procesos judiciales también afecta a los inmuebles, ya que son vendidos por los mismos familiares de los narcotraficantes para evitar las pérdidas económicas.
El Decreto Supremo 26143 establece la figura de depósito provisional o depósito familiar y da prioridad al entorno del sospechoso de narcotráfico que se encuentra siendo procesado para quedarse con los bienes. La interpretación de la norma da lugar a que el propietario decida que la administración y custodia la tengan sus familiares. Y son ellos quienes justamente, aprovechando este beneficio, proceden a la venta y monetización de estos bienes
La Dircabi de Cochabamba detectó que los inmuebles fueron transferidos a terceras personas. Este es el caso de dos terrenos que fueron comercializados a los trabajadores de la metalúrgica de Vinto (Oruro). La exdirectora regional informó que son 78 familias las que si bien compraron legalmente estos terrenos, fueron estafadas
“Estamos tomando acciones, pero vemos que es un problema social, sin embargo debe resolverse”, indicó
Dijo también que la situación de otros 30 inmuebles es similar, sin embargo, está previsto recuperarlos por la vía legal ya que se cuenta con sentencias ejecutoriadas. Algunos de estos bienes no tienen anotaciones preventivas, proceso que realiza el Ministerio Público
Es lo que sucede con otro inmueble al que le sobrepusieron las partidas de otro inmueble para registrarlo en la Alcaldía y se hizo la transferencia.
La Dircabi inició un proceso legal para recuperar el bien y se espera la audiencia conclusiva. El exjefe distrital de esta Dirección, exasesor jurídico y los exinspectores de bienes están acusados por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Buscan recuperar los bienes
La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), desde el 2011, se ha propuesto recuperar los bienes incautados al narcotráfico
Una de las medidas para lograr este objetivo es el inicio de trámites de monetización
La decisión se asumió ante la falta de personal y medios operativos para el control y vigilancia de los vehículos y de los inmuebles. La Dircabi por muchos años fue una oficina “cuidadora de los bienes de los narcotraficantes”, sin embargo, esto ha cambiado.
La exdirectora de Cochabamba, Sissy Gutiérrez partió de una premisa al inicio de su gestión: los bienes confiscados tienen que significar un recurso económico para emprender las políticas de lucha contra el narcotráfico y su autosostenibilidad
“Se ha tratado de sacar inventarios, ubicar los bienes inmuebles de antes de 2011, pero es un trabajo difícil”, manifestó
Dijo también que estas medidas permitieron ubicar algunos bienes, pero no todos. Hasta la fecha se llegó al 50 por ciento del trabajo.
A su vez, el año pasado, se realizaron dos auditorías, una de supervisión por parte de la Contraloría General y la otra del Ministerio de Gobierno. Se espera los informes.
La subasta y monetización de 100 vehículos y 30 inmuebles se retrasa y los precios bajan
En Cochabamba, la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) trabaja con un listado de 100 vehículos y 30 inmuebles para ser subastados y su posterior monetización, sin embargo, existen algunos problemas.
P: ¿Para cuándo estaba previsto el remate de los vehículos?
R: Se anunció para junio, pero parece que habrá un retraso. Son solo 27 de los 100 que había porque después de una revisión se ha visto que no coincidían el chasis, el motor y la placa. De acuerdo con la certificación de Diprove podemos hablar de que son vehículos irregulares, indocumentados y son ilegales.
P: ¿Qué pasa con los bienes inmuebles?
R: En 13 casos se han confiscado 30 inmuebles que estaba previsto subastar, pero parece que no será posible porque son muchos los pasos que se siguen dentro del proceso de monetización. No solo depende de Dircabi, sino del Tribunal de Justicia, el Ministerio Público, Derechos Reales y la Alcaldía. Se requieren certificaciones, avalúos, anotaciones preventivas, testimonios, el registro de titularidad, entre otros trámites.
P: ¿Además de la situación legal, hay otros problemas?
R: Otra cosa que no permitió avanzar es que absolutamente todos los inmuebles que son como 200 en Cochabamba están en manos de sus propietarios bajo la figura de depósito familiar o provisional y sacarlos, pese a tener sentencia ejecutoriada, es difícil. Se han solicitado órdenes de fuerza pública, que corresponde, pero se estaba a la espera de una orden judicial, eso retrasa. Esperemos que en la nueva gestión se pueda agilizar estos trámites y monetizar por lo menos 5 inmuebles de los 30 que se tienen. En enero se recuperaron seis con fuerza pública y en los otros se iniciaron procesos legales contra los familiares. También se encontró que algunos no contaban con las anotaciones preventivas respectivas.
P: ¿Cuáles son los bienes a subastar?
R: Son de gestiones anteriores a 2011 que tienen sentencia ejecutoriada. Solo se tiene un caso con procedimiento abreviado, es el denominado Uribe y se está incluyendo en la monetización. Se han hecho los avalúos y tienen un precio, parecían ser chatarra pero el valor mínimo para la base de la subasta es de mil dólares. Si sigue pasando el tiempo, esto puede rebajar por el deterioro al que están expuestos los vehículos.
P: ¿Qué es lo que quiere Dircabi?
R: Hasta el año pasado se ha logrado transferir la mayor cantidad de dinero incautado desde Cochabamba y que es de aproximadamente 300 mil dólares. Para este año se tiene previsto llegar a transferir un millón de dólares, incluidas las monetizaciones.
Mal uso de bienes deriva en inicio de 45 procesos judiciales
El mal uso de los bienes inmuebles incautados al narcotráfico ha derivado en el inicio de 45 procesos legales contra las autoridades de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) desde el 2011
Para este año está previsto que se defina el inicio de las audiencias conclusivas, la constitución de tribunales y los juicios orales en contra de los involucrados
En la gestión 2013, dos procesos ya tienen una sentencia condenatoria, uno se encuentra en etapa de apelación y el otro falta que sea ejecutoriado. Se trata del juicio en contra de un exjefe distrital de Dircabi y un exinspector de bienes por la pérdida de un vehículo y el desmantelamiento de un segundo.
Los delitos por los que fueron acusados y declarados culpables Isidro Saavedra y Máximo Jesús son incumplimiento de deberes y uso de bienes del Estado en su función administrativa. En el caso del inspector, fue procesado en rebeldía porque se dio a la fuga. Su sentencia es de tres años de privación de libertad.
CUSTODIA O COMODATO Para garantizar el cuidado de los bienes, el objetivo este año es entregar en custodia o comodato los bienes que se encuentran en medio de un proceso legal. Las normas permiten entregar a favor de las instituciones públicas, sin embargo, existen limitaciones. Solo se accede a las solicitudes de las Fuerzas Armadas, Policía, Municipios, Gobernación y otras instituciones dependientes del Ejecutivo. Ni el Legislativo, ni el Judicial pueden beneficiarse con estos bienes. Este vacío legal da lugar a que estas instituciones, pese a sus requerimientos, estén impedidas de superar sus problemas económicos y de infraestructura.
La aprobación del Decreto Supremo 29305 de 2006 opta por el comodato beneficiando a la mayoría de los municipios. Son las jefaturas regionales de Santa Cruz y Cochabamba las que satisfacen las demandas de bienes, principalmente vehículos, de otros departamentos como Oruro, La Paz y Beni.
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