El juez Ricardo Pinto, del juzgado Primero Anticorrupción de El Alto, determinó ayer la detención preventiva para la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado, y el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb), Remy Vera Tapia. En tanto, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipa Merino Trujillo, se benefició con medidas sustitutivas, dispuso su arraigo y una fianza económica, todos por estar involucrados en el presunto desfalco al ex Fondo Indígena.
“Para la senadora se (definió) una fianza económica de 40 mil bolivianos, el arraigo y las prohibiciones respectivas, casi en el mismo sentido al que también se efectuó para otro senador (involucrado en este mismo caso, Jorge Choque), aunque a diferencia del senador, Merino sí acreditó su domicilio”, declaró Pinto al término de la audiencia.
En cuanto a Vera, se dispuso que la detención preventiva debe ser cumplida en el penal de San Pedro de La Paz y Hurtado fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Miraflores.
CIFRAS
Remy Vera Tapia fue aprehendido, después de prestar su declaración informativa fue imputado por los delitos de contratos lesivos al Estado, inherentes a un proyecto fantasma de implementación de granjas artesanales para la producción de huevos en la comunidad Buiscata del municipio Ayata, provincia muñecas del departamento de La Paz. Solicitó 943.999 bolivianos y se desembolsó 530.130 bolivianos.
HURTADO
Por su lado, Norma Hurtado figura en seis proyectos, los fondos que recibió, de más de 21 millones de bolivianos, fueron depositados en diversas cuentas bancarias.
Según los descargos presentados, 11.7 millones fueron destinados a la instalación de centros ganaderos en San Joaquín y Exaltación y ocho millones de bolivianos al apoyo a la cadena y comercialización de emprendimientos agrícolas en 12 regionales afiliadas a la Cidob.
MERINO
La senadora Merino es investigada por un proyecto inconcluso de “criadero de cerdos” implementado en el municipio de El Torno, en la provincia cruceña Ibáñez, luego de que la Fiscalía verificara que se construyó la infraestructura pero no se compró los animales.
En una declaración efectuada la anterior semana, la senadora dijo: “Vamos a asumir nuestra responsabilidad, vamos a rendir (el informe) en lo que se ha gastado (el dinero del Fondo Indígena)”. Por el proyecto, la senadora solicitó 871.000 bolivianos y en la primera etapa se le desembolsó 348.564 bolivianos.
ANTECEDENTES
El caso del Fondo Indígena se deriva por un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado (CGE), tras una primera fase de auditoría, en la que se establece que hubo daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos, en 153 proyectos que debía administrar el Fondo Indígena, los que, empero, nunca llegaron a ejecutarse. El caso fue derivado a la Fiscalía, para la investigación penal de los delitos y, sin amerita, requiera el enjuiciamiento de los responsables.
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, llegó a la conclusión de hubo corrupción en la administración del Fondo Indígena, por lo que procedió a abrir 80 proceso penales: 19 detenidos (12 en la cárcel y 7 con detención domiciliaria) y 5 personas con otro tipo de medidas cautelares.
Guardan detención preventiva, en diferentes recintos carcelarios, son: Waldo Mollo, Timoteo Choque, Benjamín Calisaya, Javier Cepeda, Félix Mamani, Edgar Foronda, Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, exdirectores del Fondo Indígena, la exministra Julia Ramos y el dirigente campesino Damián Condori.
Según la interventora, Lariza Fuentes, la investigación se viene dando a nivel nacional, anticipó que la siguiente semana las exautoridades y exdirigentes de organizaciones sociales, de quienes no quiso revelar los nombres para no entorpecer la investigación, serán llamadas a declarar. La Fiscalía investiga en los departamentos de Oruro, Tarija y Santa Cruz.
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