La Gobernación de Cochabamba informó que identificaron indicios de corrupción en cuatro proyectos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y destituyeron al director y cuatro profesionales más.
El gobernador Iván Canelas manifestó que decidieron prescindir de los servicios de cinco personas porque detectaron que aparentemente existen sobreprecios en compras.
El director de Asesoría Jurídica y Legal de la Gobernación, Rodrigo Quinteros, explicó que detectaron irregularidades en el proceso de contratación de los proyectos de compra de 8 portacams u oficinas móviles para la Policía, 40 motocicletas y más de 12 camionetas.
La autoridad resaltó que, en este caso, solo son indicios y que no se tiene certeza de la existencia de una responsabilidad penal. Acotó que se recomendó la investigación a la Unidad de Transparencia.
“Se ha advertido oportunamente. No hay pago alguno que se haya realizado. Está descartada la posibilidad de daño económico, porque se advirtió lo que pasaba justo antes de la firma de contratos”, detalló.
Dijo que dentro de uno de los procesos de contratación, la documentación llegó a Jurídica, el 30 de noviembre y de los otros el 4 de diciembre.
“Fue muy casual que en esas fechas lleguen tres procesos de contratación de una sola Unidad. Eso llamó la atención”, sostuvo y agregó que los montos también fueron evidentes en el sentido de que podría existir sobreprecio.
Añadió que por seguridad todos los procesos de contratación que se han iniciado en la gestión del exdirector de Seguridad Ciudadana se cancelaron.
“El Gobernador ha tomado la decisión de atacar el fondo, la manzana podrida”, manifestó.
Apuntes
Las camionetas
El director de Asesoría Jurídica y Legal de la Gobernación, Rodrigo Quinteros, detalló que el monto para la adquisición de 12 camionetas asciende a 3.3 millones de bolivianos.
En estos casos se maneja la hipótesis de que podría existir un sobreprecio, aunque se desconoce si fue la empresa que dotaría de los carros o la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación.
Los portacams
En el caso de los portacams u oficinas móviles para la Policía, Quinteros explicó que llamó la atención que en la elaboración de los términos de referencia, el tiempo determinado para la entrega de los bienes sea de 30 días y que el proponente baje el plazo a 25 días que es “muy poco para hacer la entrega”.
Por seguridad
El cuarto proyecto, que consideraba la compra de motos y camionetas por un monto de 900 mil bolivianos, fue cancelado, debido los indicios de corrupción hallados en los otros procesos de contratación.
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