La exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos comparte celda con la exdirectora del Fondo Indígena Elvira Parra, mientras el exdirigente campesino Damián Condori está alojado en la misma celda de Santos Ramírez, quien fue considerado el hombre fuerte del MAS.
Parra, detenida desde hace 10 meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, y Ramos, con detención preventiva desde hace dos semanas, comparten una celda pequeña de apenas uno por dos metros, sus paredes de cartón prensado fueron tapizadas con papel regalo, con diseño de tejidos de aguayo.
En la celda sólo puede ingresar una persona, pues casi todo el espacio es ocupado por un catre, un rústico estante, sobre el que está una pequeña cocinilla en el que preparan sus alimentos, y dos bancas fabricadas de cartón. Sin embargo, Ramos y Parra se dan modos. "Aquí tenemos que aprehender a sobrevivir con lo que tenemos”, cuenta Parra, quien no logra contener las lágrimas, pues extraña a sus hijos y a su esposo.
Condori tuvo más suerte, logró que Santos Ramírez lo alojara en su celda de dos por tres metros, ubicada en la sección La Posta, del penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.
En esta parte del penal están los reos condenados o detenidos preventivos que tienen más dinero o el suficiente para pagar entre 500 dólares y 15.000 dólares.
"Por el momento me aloja el compañero Santos, pero aquí todo es caro”, dice Condori, quien envalentonado afirma que el gobierno no le doblegará y continuará con su proyecto político, a pesar de estar encerrado y no estar el día que nazca su hijo.
En La Posta también está con detención preventiva el exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo. En su pequeña celda resaltan las fotografías de su familia y las de él. A un costado de las fotografías están algunos libros y un boceto listo para ser pintado. "Uno lo que más extraña es a la familia”, manifiesta con nostalgia Aramayo, último director del Fondo Indígena que está con detención preventiva desde hace 10 meses.
Ramos, Parra, Aramayo y Condori están involucrados en el polémico caso Fondo Indígena, que se agravó en febrero de este año, luego de que el Contralor General del Estado identificara un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos por proyectos inconclusos y no ejecutados.
Por este caso también están detenidos dirigentes de organizaciones sociales y representantes legales de proyectos.
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