El 70 por ciento de los proyectos denominado fantasma están en La Paz, según la Fiscalía.
El caso de corrupción en el Fondo Indígena es considerado el más grande y millonario dado a conocer por la Contraloría General del Estado, a través de la interventora de la institución, Lariza Fuentes, durante el Gobierno de Evo Morales Ayma.
Las investigaciones del Ministerio Público hallaron más de un centenar de obras fantasma y proyectos observados por los que se giraron más de 6,8 millones de dólares de las arcas públicas a cuentas privadas de partidiarios del Movimiento al Socialismo, además de la dotación de tierras, hecho que aún no es investigado.
El fiscal del Estado, Ramiro Guerrero, declaró que más de 200 personas se encuentran procesadas y se dispuso la detención de una exministra, dos dirigentes de organizaciones indígenas y el arraigo de dos senadores.
El fiscal Guerrero declaró que “aquí no hay persecución política, aquí se está persiguiendo los delitos de corrupción, los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Es gente que ha recibido dinero en cuentas particulares y no hay estos proyectos, son inexistentes".
En tanto el presidente del Estado, Evo Morales, se ratificó una vez más en su lucha contra la corrupción y señaló, al igual que el vicepresidente Álvaro García Linera, que no va a proteger a ninguno de sus líderes y simpatizantes que puedan estar involucrados en el caso.
"La justicia tiene que actuar de manera independiente, sin ningún tipo de influencia de nadie. No se olviden que quien denunció el tema fue el Gobierno y pedimos que se convoque a quien se lo deba hacer”.
Sin embargo aclaró que si las exautoridades son mencionadas, “debe haber pruebas en contra ellas y presentarlos al Ministerio Público”.
PROYECTOS DE DESARROLLO. El Fondo Indígena era una partida presupuestaria destinada a financiar proyectos de desarrollo a favor de organizaciones sindicales y campesinas en Bolivia.
Fue liquidado en agosto de este año por el gobierno después de que estalló el escándalo de corrupción.
El informe presentado por la fiscalía boliviana señala responsabilidades individuales en cinco líderes oficialistas, entre los que están los ex ministros Nemesia Achacollo y Juan Carlos Calvimontes, quienes también son señaladas por dirigentes campesinos del Beni, entre ellos Joel Guarachi.
DINERO Y MUERTE. A la fecha, se desconoce el destino del dinero salido de las arcas del Tesoro General de la Nación, destinado a proyectos que no se concluyeron o a obras que jamás fueron empezadas.
Si bien la fiscalía boliviana detectó malos manejos por 6,8 millones de dólares, la interventora Lariza Fuentes, informó que el daño económico podría alcanzar los 14,9 millones de dólares. Después del informe de la interventora, Nemecia Achacollo renunció a su cargo de ministra de Desarrollo Rural.
Ésta, además de ser señalada como cómplice de la corrupción en el Fondio, también es investigada por el asesinato de Jacobo Soruco Cholima quien denunció, en 2012, actos de corrupción en el Fondioc.
Joel Guarachi, otro de los dirigentes amenazados por personeros del Fondioc y allegados de los dos ex ministros, recordó que el pasado 2014, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos del Beni, identificó al exdirigente de la comunidad 26 de Julio del municipio San Javier, Eliomar Guasico Malala, como el autor intelectual del asesinato de Jacobo Soruco Cholima. Empero, sorpresivamente este dirigente fue liberado hace dos semanas por la justicia pese a existir evidencias en su contra.
Según Guarachi, Guasico Malala es hombre de confianza de Achacollo y que además está involucrado en el tráfico de tierras en Santa Cruz y Beni, proceso en el que también es mencionado en 2013 —según documentos a los que accedió La Prensa—, Jorge Pérez, quien entonces era miembro de la comisión jurídica del caso del INRA II en Santa Cruz.
“Son al menos cinco exministros y viceministros que se beneficiaron desde La Paz con proyectos y dotación de tierras que esperamos el Gobierno investigue y castigue, porque los que han caído ahora no son los peces gordos”, declaró a La Prensa Joel Guarachi quien continúa denunciando los actos de corrupción.
Durante la investigación, la exministra Julia Ramos, acusada de enriquecimiento ilícito, por 28 proyectos observados del Fondo Indígena, fue encarcelada.
La pasada semana la Fiscalía informó que el 70 por ciento de cerca 200 proyecto fantasma son investigados en La Paz.
6 millones de dólares, por el momento, es el daño cuantificado por la comisión de fiscales que investiga el caso.
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