El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, afirmó ayer que la convocatoria a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achocollo, y a la exdirigente campesina Felipa Huanca, dependerá del análisis que realice el Ministerio Público en el caso del Fondo Indígena, esta afirmación la hizo pese a las críticas de los denunciantes y de sectores políticos. Han trascurrido meses desde que Achacollo fue implicada de forma directa por Marco Antonio Aramayo, detenido en San Pedro.
ANÁLISIS
“La comisión, si va a tener que citar a la señora Nemesia Achacollo, en cualquier condición, lo va hacer si tiene también que citar a la señora Felipa Huanca. Lo va hacer, pero eso obedece al análisis que estamos haciendo (...), de tener que imputarse a la persona que fuere, lo vamos hacer; pero, no podemos hacerlo de manera irresponsable obedeciendo algún comentario antojadizo o una situación polémica”.
Sin embargo, según los antecedentes del caso, el análisis para accionar la investigación a la exministra y otros dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), data del 24 de junio, cuando Félix Mamani, exmiembro del directorio ejecutivo del Fondo Indígena, aseguró que, en octubre de 2014, entregó más de 178.000 bolivianos a la entonces ministra Nemesia Achacollo.
Desde esa fecha, el Ministerio Público y la liquidadora han argumentado que se está analizando el caso y no han informado de avance alguno, pese a que Guillermo Lajsa, abogado de Mamani, en esa fecha, afirmó contar con la documentación necesaria.
Sin embargo, se conoció ayer que desde el pasado jueves, el Ministerio Público ha citado a más de 20 personas, y los fiscales del caso han sido declarados en comisión hasta el 11 de diciembre, posponiendo varios otros procesos, dejando entrever que podrían darse más detenciones en los siguientes días. Por esta causa quedó en estado de indefinición la situación jurídica de la exministra Achacollo.
El caso del Fondo Indígena se deriva por un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado (CGE), tras una primera fase de auditoría, en el que se establece que hubo daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos, en 153 proyectos que debía administrar el Fondo Indígena, los que, empero, nunca llegaron a ejecutarse. El caso fue derivado a la Fiscalía, para la investigación de los delitos y requiera el enjuiciamiento de los responsables.
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